Agregar Infobae enGoogle

Condenan a 48 años de prisión a abuelastro que abusó sexualmente de dos niñas en Costa Rica

El Tribunal Penal de Heredia impuso una pena de 48 años de cárcel a un hombre de apellido Ávila, luego de que la Fiscalía lo declarara culpable. El condenado permanecerá en prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme.

El Tribunal Penal de Heredia condenó a 48 años de prisión a un hombre de apellido Ávila por delitos sexuales contra dos niñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía Adjunta de Heredia en Costa Rica propuso una condena de 48 años de prisión contra un hombre de apellido Ávila, declarado responsable de cometer los delitos de abuso sexual y violación en perjuicio de dos niñas en la comunidad de La Milpa, en Guararí de Heredia. La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de la provincia durante una audiencia realizada, luego de que el Ministerio Público presentara las pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad penal del imputado por los hechos investigados.

El fallo representa el cierre de la etapa de juicio de un caso que involucró agresiones sexuales cometidas contra dos personas menores de edad en diferentes momentos. De acuerdo con la investigación desarrollada por la Fiscalía, los delitos ocurrieron entre los años 2021 y 2024, período durante el cual el ahora sentenciado aprovechó la cercanía que tenía con las víctimas para cometer las agresiones.

PUBLICIDAD

Según estableció el Ministerio Público durante el debate, una de las niñas fue víctima de los delitos entre enero de 2021 y algún momento del año 2022. Las agresiones ocurrieron en la localidad de La Milpa, en el distrito de Guararí, una comunidad del cantón central de Heredia donde residían las personas involucradas en el proceso.

En el caso de la segunda víctima, la investigación determinó que las agresiones sexuales ocurrieron entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2024. Al igual que en el primer caso, los hechos se registraron en la misma comunidad herediana y fueron incorporados en una única causa penal que permitió juzgar al imputado por los delitos cometidos contra ambas menores de edad.

Uno de los aspectos relevantes que logró acreditar la Fiscalía fue la relación que existía entre el condenado y las víctimas. De acuerdo con el expediente judicial, Ávila era el abuelastro de las dos niñas, circunstancia que le permitió mantener una relación de confianza y cercanía con ellas.

PUBLICIDAD

La Fiscalía demostró que el sentenciado aprovechó su condición de abuelastro para cometer las agresiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el Ministerio Público, esa condición fue determinante en la comisión de los delitos, ya que el imputado utilizó el vínculo familiar para acceder a las menores y aprovecharse de la vulnerabilidad propia de su edad. Ese elemento fue considerado durante el juicio para establecer la forma en que ocurrieron los hechos y la responsabilidad del acusado.

Durante el debate oral y público, la representación fiscal presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales que fueron valoradas por el Tribunal Penal de Heredia. Tras analizar todos los elementos incorporados al proceso, los jueces concluyeron que existía prueba suficiente para declarar culpable al imputado por los delitos de abuso sexual y violación.

Como resultado, el Tribunal impuso una pena total de 48 años de prisión, una de las condenas más severas previstas para este tipo de delitos cuando existen múltiples víctimas y se acumulan varias conductas delictivas en un mismo proceso penal.

Aunque la sentencia ya fue dictada, esta aún no se encuentra en firme, por lo que las partes conservan el derecho de presentar los recursos que contempla la legislación costarricense. Mientras esos plazos procesales se cumplen y la resolución adquiere firmeza, el Tribunal ordenó que Ávila permanezca en prisión preventiva.

El condenado permanecerá en prisión preventiva mientras la sentencia adquiere firmeza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio Público destacó que este tipo de sentencias refleja el trabajo coordinado entre fiscales, investigadores judiciales y demás operadores del sistema de justicia para esclarecer delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad y procurar que los responsables enfrenten las consecuencias penales de sus actos.

Las autoridades también recordaron que, en cumplimiento de la legislación nacional y de los principios de protección de la niñez, la identidad de las víctimas permanece bajo estricta reserva para evitar cualquier forma de revictimización y salvaguardar sus derechos.

PUBLICIDAD

Más Noticias

Laura López renuncia a la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica tras tres años al frente de la institución

La funcionaria atribuyó su salida a motivos personales, en medio de un periodo de ajustes presupuestarios y cambios internos en la entidad encargada de promover las exportaciones y atraer inversiones al país centroamericano

Aumentan hospitalizaciones de niños por infecciones respiratorias en Costa Rica y Salud pide reforzar medidas de prevención

Las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia especial ante el incremento de pacientes pediátricos y solicitan a las familias no enviar a clases a menores con síntomas de enfermedad.

Cayó la “asesina del bikini” en Costa Rica: OIJ detuvo a joven sospechosa de matar a estadounidense con una licuadora

La mujer de 22 años fue capturada este martes 27 de octubre en San Felipe de Alajuelita, después de permanecer prófuga durante casi dos semanas. Es investigada por el homicidio del empresario estadounidense Marc Walter Fleming, ocurrido en un condominio de Playas del Coco, Guanacaste.

Costa Rica reforma su mecanismo contra la violencia política hacia las mujeres

El Plenario Legislativo aprobó por unanimidad una modificación al procedimiento de investigación. Una comisión especial tendrá hasta tres meses para analizar cada caso antes de que llegue al pleno

Allanamiento en la vivienda de Tam Zhang: ¿qué busca la Fiscalía de Costa Rica en la casa del acusado de narcotráfico?

El imputado, de nacionalidad china y costarricense por naturalización, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos mientras los investigadores del OIJ y la DEA recolectan evidencia electrónica y financiera