La prisión preventiva se duplicó en cinco años en Costa Rica y ya representa uno de cada cuatro privados de libertad, según el Informe Anual de Labores 2025 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Entre 2022 y 2026, los detenidos bajo esta medida pasaron de 2.564 a 5,034, en un sistema con 46.4% de sobrepoblación.
La población penitenciaria total alcanza 19,453 personas en instalaciones con capacidad para 13,289. La mitad del crecimiento de la población carcelaria corresponde a personas que aún no recibieron condena.
La prisión preventiva y las condiciones de detención
La prisión preventiva es una herramienta procesal. La magistrada de la Sala de Casación Penal Patricia Vargas lo precisó: "La prisión preventiva no es una pena anticipada“, según cita una nota del periódico El Observador. Su propósito es evitar la fuga del imputado, impedir que continúe delinquiendo o que obstaculice la investigación.
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El informe del Mecanismo señala una brecha entre ese principio y la práctica. Las restricciones vigentes sobre visitas, ingreso de alimentos, uso de dinero y eliminación de las llamadas pulperías se aplican por igual a condenados y a quienes aún aguardan juicio. Para estos últimos, que conservan su presunción de inocencia, las condiciones son idénticas a las de quienes ya tienen sentencia firme.
Los centros con mayor hacinamiento
El CAI San José encabeza la lista de centros con mayor saturación, con 134.3% de hacinamiento. Le siguen el CAI Marcus Garvey con 120%, el CAI Antonio Bastida de Paz con 101.4% y el CAI Liberia con 100%.
El informe dedica una mención al CAI Vilma Curling Rivera, conocido como El Buen Pastor, el principal centro de reclusión femenina del país. Su población supera en 40.37% la capacidad instalada, lo que quiebra la tendencia de ese centro de mantenerse dentro de sus límites.
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El organismo advierte que el hacinamiento “constituye una afectación directa a la integridad personal y puede derivar en tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de impedir los fines de resocialización de la pena”.
La política penitenciaria y sus efectos
El trasfondo político de estas cifras es la política de seguridad de la presidenta Laura Fernández, iniciada el 8 de mayo de 2026 y basada en buena medida en la estrategia del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Su gobierno impulsa la construcción de una megacárcel con capacidad para 5,100 reclusos, con un avance del 36% a mediados de año, y presentó en junio ante la Asamblea Legislativa un paquete de seis proyectos de ley que amplían las causales de prisión preventiva y endurecen las penas para reincidentes.
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El Mecanismo cuestiona esa orientación. Sostiene que la política penitenciaria actual, heredada del gobierno anterior de Rodrigo Chaves y profundizada por la nueva administración, “prioriza la seguridad sobre la dignidad humana”.
También advierte que una estrategia basada en la alta contención podría fortalecer al crimen organizado en lugar de debilitarlo, y señala la ausencia de una política criminológica que atienda las causas estructurales de la delincuencia.
El retroceso del sistema semiabierto
Otro indicador del informe-citado por El Observador- es el colapso del sistema semiinstitucional, el régimen que permite a los reclusos salir por horas o días para trabajar. En una década, esa población cayó de 4.909 personas en 2016 a apenas 1,245 en 2026.
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En paralelo, la población en centros cerrados, donde los reclusos permanecen las 24 horas, creció 20% en dos años. Ese desplazamiento refleja la preferencia de la política penitenciaria vigente por la contención total por sobre la reinserción gradual.
El informe también alerta sobre los traslados a módulos de alta contención, que al comienzo se realizaron con criterios discrecionales, y advierte el riesgo de que medidas concebidas como excepcionales se vuelvan permanentes.
La tasa de encarcelamiento nacional, de 366 personas por cada 100.000 habitantes, ubica a Costa Rica en el puesto 22 del mundo según datos del World Prison Brief.
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