El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) otorgó la patria potestad de las hijas de Junieysis Merlo a su abuela materna, Vilma Espinoza, en una decisión que marca el final de un proceso administrativo y judicial tras el femicidio de la joven nicaragüense. Las menores, gemelas de 4 años, fueron repatriadas a Nicaragua acompañadas por su abuela y sus tíos, Wilder y Greyling Merlo Espinoza, en una acción coordinada entre autoridades de Costa Rica y el gobierno nicaragüense.
Junieysis Merlo fue reportada como desaparecida el 2 de abril de 2026 y hallada sin vida el 9 de ese mismo mes en una fosa en Santa Ana. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica. El principal sospechoso del femicidio es su expareja sentimental, Gustavo Ramírez, quien permanece bajo prisión preventiva en Costa Rica. Las menores habían permanecido bajo la protección del PANI desde el crimen, mientras se gestionaban las acciones necesarias para su traslado seguro y entrega a la familia materna.
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La repatriación se realizó en coordinación con la Policía Profesional de Migración y Extranjería, la Fuerza Pública, la Subcomisión Interinstitucional de Femicidios y el Ministerio de la Familia de Nicaragua (Mi Familia). Según detalló el PANI, el proceso incluyó la suspensión de los atributos de la responsabilidad parental y de la pensión alimentaria para el padre de las niñas, quien es el principal sospechoso del crimen. Toda la notificación se realizó personalmente en el centro penitenciario donde permanece recluido.
El entorno familiar de las menores cuenta con el apoyo y acompañamiento de sus tíos y la supervisión del Ministerio de la Familia de Nicaragua, que garantizó la idoneidad de la familia materna para asumir la custodia. El acceso a programas de protección social y el acompañamiento terapéutico se incluyen como parte de las medidas adoptadas por las autoridades nicaragüenses. Además, se estableció un canal de comunicación permanente entre Mi Familia y el PANI para el seguimiento del caso durante al menos seis meses.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) atendió a la abuela materna a lo largo del proceso, mientras que el hijo mayor de Junieysis Merlo ya estaba a cargo de los abuelos maternos desde la migración de la madre hacia Costa Rica. Las acciones de reunificación familiar se desarrollaron bajo criterios de protección y restitución del derecho a vivir en familia.
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Desde que ocurrió el femicidio, el PANI proporcionó atención psicológica permanente a las menores, orientada a la contención emocional, la elaboración del duelo y el fortalecimiento del vínculo con la familia materna. Durante dos meses y medio, el equipo de la Oficina Local del PANI en Santa Ana trabajó en la generación de lazos afectivos a través de videollamadas y encuentros presenciales supervisados. “Las relaciones establecidas entre las niñas y la familia materna son positivas, afectivas y receptivas. Los resultados reflejan una adecuada adaptación progresiva, así como un fortalecimiento significativo del vínculo familiar materno, lo que constituye un indicador favorable dentro del proceso de restitución del derecho a vivir en familia”, explicó Yendry Gutiérrez, psicóloga de la institución.
Mientras tanto, la investigación penal continúa en Costa Rica. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ)y el Ministerio Público mantienen abierto el expediente con el objetivo de llevar el caso a juicio y determinar las responsabilidades correspondientes en el femicidio de Junieysis Merlo.
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