Durante años, el nombre de Gilbert Bell Fernández se pronunció en voz baja en los muelles y callejones de la provincia caribeña de Limón. Para las autoridades, era un simple pescador que escaló hasta convertirse en “Macho Coca”, uno de los narcotraficantes más prolíficos y violentos de la historia reciente de Costa Rica.
Para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, era el hombre que jugaba un “papel importante” en la dolorosa metamorfosis de este pacífico país centroamericano en un centro estratégico para el tránsito internacional de cocaína. Hoy, el destino de Bell Fernández, de 62 años, ha quedado sellado.
El Tribunal de Apelaciones de Sentencias de Costa Rica dio luz verde el día de ayer 2 de junio, la definitiva para su extradición hacia los Estados Unidos, donde la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York lo espera para sentarlo en el banquillo de los acusados.
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La entrega de “Macho Coca” no fue un camino sencillo. En marzo pasado, el Tribunal Penal de Limón había denegado la solicitud estadounidense, cobijando al imputado bajo el argumento de que los delitos que se le achacan ocurrieron antes de mayo de 2025, fecha en la que entró en vigencia la histórica reforma constitucional que permite extraditar a ciudadanos costarricenses por narcotráfico y terrorismo.
Sin embargo, la Fiscalía General no bajó los brazos. Tras apelar la decisión y defender que los mecanismos de cooperación internacional debían prevalecer, el Tribunal de Apelaciones acogió la tesis del Ministerio Público, dejando en firme el traslado. Para acelerar el proceso, la Fiscalía buscará un criterio de oportunidad para archivar temporalmente las causas locales y ejecutar la entrega de inmediato.
La justicia costarricense solo ha puesto una condición, habitual en estos casos: Washington debe presentar una promesa formal de que “Macho Coca” no será condenado a una pena mayor a los 50 años de cárcel, el límite máximo que permite la legislación de Costa Rica, ni a cadena perpetua.
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El amplio expediente de “Macho Coca”: Un emporio criminal
Para entender el peso de Gilbert Bell Fernández es necesario desmenuzar su extenso historial delictivo. Lo que comenzó en la década de los 90 como una fachada de empresario pesquero en el Caribe, pronto se convirtió, según las investigaciones policiales, en una red criminal multifacética. Bell no solo está acusado de tráfico internacional de drogas, el delito por el cual Nueva York reclama su presencia.
En suelo costarricense, “Macho Coca” lideraba una organización paralela dedicada al robo agravado de combustible. A través del caso conocido judicialmente como “Petrococa”, la banda extraía ilegalmente miles de galones de las líneas de poliducto de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), generando ganancias ilícitas que superaban los dos mil millones de colones. Por este delito, el capo descuenta actualmente prisión preventiva en el país.
A lo largo de la última década, su nombre ha estado ligado a expedientes por:
- Legitimación de capitales (lavado de dinero)
- Uso de empresas constructoras para infiltrar la obra pública
- La usurpación de bienes de dominio público.
Esto último tras edificarse un muelle privado e ilegal en Portete de Limón, el cual servía como centro de operaciones logísticas para sus embarcaciones. Aunque en el pasado libró juicios por infracciones a la Ley de Minería y otras causas por falta de pruebas, la acumulación de evidencias terminó por cercarlo.
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Por qué es el primer narco costarricense sancionado por la OFAC
El verdadero punto de quiebre en la historia de “Macho Coca” ocurrió en noviembre de 2023. En un hito sin precedentes para la seguridad nacional, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. lo designó formalmente bajo la “lista negra” de patrocinadores del crimen organizado. Se convirtió así en el primer narcotraficante de nacionalidad costarricense en recibir estas sanciones directas.
La Casa Blanca justificó esta medida histórica al identificar a Bell no como un simple transportista, sino como el dinamizador clave que alteró la geopolítica del narco en la región. Bajo su control, el país tico dejó de ser un simple lugar de paso para convertirse en un gran centro de acopio, almacenamiento y distribución masiva de cocaína hacia Norteamérica y Europa.
Además, la OFAC destacó la extrema violencia con la que operaba en Limón, financiando bandas locales, sicariato y disputas territoriales que dispararon los homicidios en el país a niveles nunca antes vistos.
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La inclusión en la lista de la OFAC significó su muerte financiera internacional: todos sus bienes y propiedades en los Estados Unidos quedaron bloqueados y se prohibió a cualquier ciudadano o empresa estadounidense realizar transacciones con él.
Este aislamiento absoluto precedió el operativo de la DEA y las autoridades locales, donde agentes encubiertos lograron comprarle muestras de droga y negociar el envío de 700 kilogramos de cocaína directo a Nueva York, la prueba reina que hoy lo tiene a las puertas de un avión federal