En el Día de la Tierra, Costa Rica se encuentra en un momento crucial en la defensa de su riqueza ecológica. Mientras el país pretende posicionarse como líder global en políticas medioambientales y fijó como meta alcanzar la carbono neutralidad para 2050, la presión de actividades ilícitas y la expansión económica ha colocado en riesgo algunos de sus recursos más valiosos.
Con el 58.5% de su territorio cubierto por bosques y albergando cerca del 6 % de la biodiversidad del planeta, Costa Rica sostiene uno de los patrimonios naturales más relevantes de América Latina. Sin embargo, fenómenos como la minería ilegal de oro y la tala de árboles desafían la capacidad de conservación del Estado y reavivan debates sobre el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad.
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El impacto de la minería ilegal y el uso de mercurio en el norte del país
Uno de los frentes más complejos se ubica en una remota región norteña, en disputa por mineros ilegales que emplean prácticas altamente nocivas para la salud pública y los ecosistemas, en especial el uso de mercurio. Este mineral pesado afecta suelos y cursos de agua, lo que supone un peligro adicional para la biodiversidad local y las comunidades cercanas.
El Gobierno de Rodrigo Chaves ha propuesto un proyecto de ley para entregar una concesión a una empresa que explote el oro en la zona, bajo la promesa de controles medioambientales reforzados. Pese a este planteamiento, organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición política sostienen que resulta prioritario recuperar el capital ambiental de la zona afectada, en lugar de apostar por una explotación regulada.
En la actualidad, Costa Rica prohíbe la minería de oro a cielo abierto y la exploración petrolera, restricciones que fueron establecidas por vetos presidenciales anteriores. Estas limitaciones han definido la línea política del país en los últimos años, aunque han sido sujetas a nuevos intentos de debate durante la administración Chaves.
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Disputa jurídica por la tala en el Golfo de Papagayo
En paralelo al problema minero, el país enfrenta otro conflicto relacionado con la expansión del turismo en zonas sensibles. En el Golfo de Papagayo, provincia de Guanacaste, la propuesta de Enjoy Hotels para construir un hotel desató la preocupación de asociaciones ambientalistas y residentes, que recurrieron ante la Sala Constitucional. Alegan que se pondría en riesgo la función natural e hídrica de un bosque compuesto por aproximadamente 700 árboles.
Como resultado, el magistrado Fernando Cruz dictó medidas cautelares a finales de la semana pasada, suspendiendo cualquier tala hasta tanto no se resuelva la acción de inconstitucionalidad presentada. Las partes involucradas deberán responder ante las autoridades judiciales y cumplir con la orden de moratoria para evitar “posibles daños graves e irreparables al ambiente”.
El reto de conciliar crecimiento y conservación
El turismo representa una fuente relevante de ingresos, con una llegada anual próxima a los tres millones de visitantes. Este dato coloca en el centro del debate la obligación de conciliar la actividad económica con la protección de las áreas naturales, en un escenario donde el desarrollo no puede mantenerse desligado de consideraciones ecológicas.
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En palabras del activista Josué Bonilla: “Costa Rica es un país muy rico en recursos naturales y nuestro deber es seguir protegiéndolos. Existen en la actualidad muchos problemas y amenazas relacionados a intereses económicos que no podemos pasar por alto”, declaró a EFE.
Con una superficie de 51,100 kilómetros cuadrados, Costa Rica trabaja para sostener su reputación internacional como referente en políticas ambientales, pero enfrenta tensiones crecientes en los debates políticos y sociales sobre el uso de su territorio.
El presidente Chaves, cuyo mandato culmina el próximo 8 de mayo, reiteró la importancia de buscar un equilibrio entre economía y sostenibilidad, aunque su intento reciente de abrir una discusión nacional sobre la exploración petrolera y gasífera no prosperó.
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La conmemoración del Día de la Tierra expone los desafíos actuales del país: defender su capital natural frente a la presión de intereses económicos y garantizar que las decisiones presentes aseguren la integridad ambiental para las próximas generaciones.
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