Los 25 migrantes deportados desde Estados Unidos hacia Costa Rica permanecen en buen estado de salud y bajo atención de la agencia de la ONU Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un hotel del país. Este primer grupo forma parte de un acuerdo bilateral entre ambos gobiernos para el traslado semanal de personas extranjeras, con la finalidad de garantizar atención médica, protección de derechos y opción de retorno seguro, según informó este martes la Defensoría de los Habitantes a la agencia de noticias española EFE.
Entre las personas trasladadas —la mayoría hombres y ocho mujeres— figuran ciudadanos de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos. Según la Defensoría de los Habitantes a EFE, “se realizó un chequeo general de todas las personas, identificándose algunas situaciones leves desde el punto de vista médico y, tres casos que requirieron de un abordaje mayor, mas no complejo, en un centro hospitalario”. La Defensoría había exigido información precisa sobre la ubicación de los migrantes y no recibió respuesta oficial hasta el martes, lo que derivó en la posterior visita de verificación.
La inspección sanitaria evidenció que “no se identificaron personas adultas mayores, con discapacidad, menores de edad ni mujeres embarazadas”, confirmó la Defensoría de los Habitantes. Este protocolo responde al acuerdo suscrito el 23 de marzo por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien estableció con Estados Unidos el envío sistemático de hasta 25 personas por semana que no ostentan ciudadanía estadounidense, según documentó la agencia EFE.
La intervención de la agencia de la ONU Organización Internacional para las Migraciones cubre asistencia básica, traductores, apoyo psicosocial, alimentación, hospedaje y la facilitación de comunicaciones familiares. Los migrantes reciben información sobre la posibilidad de acogerse al programa oficial “Retorno Voluntario Asistido”, previsto para quienes decidan regresar a sus países de origen en condiciones supervisadas.
Costa Rica implementó acuerdos similares en 2025
El antecedente más cercano de este mecanismo bilateral involucra dos vuelos recibidos en 2025 por Costa Rica, con un total de 200 personas deportadas desde Estados Unidos, entre ellas 16 menores de edad, de acuerdo con datos recabados por la agencia EFE. En esa ocasión, la composición nacional de los retornados incluyó personas procedentes de Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, China, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Rusia, Turquía, Uzbekistán, Vietnam, Nepal, Congo e India. Cerca de la mitad accedió al retorno voluntario, en tanto que otros solicitaron refugio, abandonaron el centro de acogida o permanecieron en él voluntariamente.
Organizaciones no gubernamentales indicaron que durante estos procesos Costa Rica “enfrentó denuncias por vulneración de derechos” de las personas migrantes. Según el Gobierno costarricense, el memorando vigente establece mecanismos para garantizar el respeto de los derechos humanos y la protección frente al retorno a países donde los individuos podrían enfrentar peligro o persecución, según detalló la agencia EFE.
Preocupación internacional por la exposición a riesgos y la falta de acceso al asilo
La organización internacional de derechos humanos Refugees International transmitió a la agencia EFE su posición sobre el acuerdo que regula la deportación y acogida en Costa Rica. Rachel Schmidtke, coordinadora de incidencia para América Latina, declaró: “Nos preocupa especialmente que estas personas puedan sufrir persecución o tortura si son devueltas a su país de origen, especialmente si se ven presionados a aceptar el llamado ‘Retorno Voluntario Asistido’ bajo coacción y sin una verdadera opción”.
El planteamiento de Refugees International subraya la situación de migrantes y solicitantes de asilo que no pudieron exponer sus causas ante las autoridades estadounidenses y que, una vez trasladados a Costa Rica, quedan en situación de posible vulnerabilidad sin acceso garantizado a protección internacional.
La Defensoría de los Habitantes continuará el monitoreo de la situación sanitaria y legal de los migrantes recién deportados, así como la vigilancia sobre la implementación del acuerdo entre ambos países.