Las posibilidades de reelección en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) podrían quedar limitadas por una propuesta de reforma constitucional impulsada en la Asamblea Legislativa. El proyecto, presentado por el diputado independiente Gilbert Jiménez y respaldado por legisladores del Partido Liberal Progresista (PLP), propone modificar el artículo 101 de la Constitución Política para fijar en doce años el tiempo máximo que un magistrado puede ejercer de manera continua en este órgano.
El planteamiento busca, según su proponente, reforzar la alternancia democrática y la confianza ciudadana en la autoridad electoral, restringiendo las permanencias prolongadas y la exposición a la concentración de poder.
La propuesta establece que las magistraturas electorales tendrán una duración de seis años, con posibilidad de una única reelección por el mismo periodo. Actualmente, la legislación no define un tope explícito a la reelección consecutiva, lo que permite que algunos miembros permanezcan largos lapsos en el cargo y ha originado debates sobre la independencia y el equilibrio interno del TSE.
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Para garantizar una mayor rendición de cuentas y transparencia, el proyecto contempla que, para aspirar a la reelección, los magistrados deban presentar un informe de gestión ante la Corte Suprema de Justicia. Esta evaluación previa no impactaría, según el texto, la autonomía funcional del Tribunal.
En este contexto, resulta relevante observar que a seis de los nueve magistrados del TSE, entre propietarios y suplentes, se les vencen sus actuales nombramientos entre 2026 y 2031. Destacan, entre otros, los vencimientos de la presidenta Eugenia María Zamora Chavarría (7 de mayo de 2029), de magistrado Max Alberto Esquivel Faerron (6 de mayo de 2027) y de Zetty María Bou Valverde (7 de mayo de 2031). Esta situación podría incidir directamente en la aplicación de una eventual reforma y en la composición futura del Tribunal.
El diputado Jiménez explicó a los medios de comunicación que su iniciativa pretende evitar diferencias de trato entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los del TSE. Aseguró: “Lo razonable es que también en los señores magistrados del Supremo de Elecciones, siendo justos y también siendo equitativos, y también no creando desigualdades, para ellos necesitamos también una única reelección. Y que esa única reelección, en este caso, la hacen los señores de la Corte, de los magistrados de la Corte Suprema, los veintidós, ¿verdad? Sea también por dos terceras partes”, en alusión al mecanismo de votación requerido para tal efecto.
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Otra de las novedades que introduce el proyecto es la eliminación de la reelección automática actualmente vigente. En el sistema actual, los magistrados del TSE son elegidos por la Corte Suprema de Justicia para periodos de seis años y se consideran reelectos en ausencia de una decisión contraria.
La reforma planteada impide esta continuidad y exige el referido informe de gestión. Jiménez precisó: “Y también sujeto a que, los señores magistrados del Supremo de Elecciones presenten un informe previo de su gestión y un resultado hacia los avances y hacia las mejoras que van a tener, para que con eso los señores magistrados puedan elegir y quedar reelectos, pero las dos terceras partes de los señores magistrados. Y además de eso, solamente por un único periodo de seis años adicionales, completando un total de doce años”.
El texto mantiene la figura de renovación parcial de magistrados, con sustitución periódica de propietarios y suplentes, así como las prerrogativas e inmunidades equiparadas a las de los integrantes de los Supremos Poderes. Asimismo, integra una disposición transitoria: quienes hayan ejercido al menos dos periodos consecutivos al entrar la reforma en vigencia podrán completar su mandato vigente, pero no podrán renovar nuevamente de manera consecutiva.
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El proyecto de reforma constitucional deberá superar dos debates y alcanzar una votación calificada en la Asamblea Legislativa para avanzar en su trámite, según consta en la iniciativa presentada. Por otra parte, Gilbert Jiménez propone también limitar la reelección de los magistrados de justicia.