Fiscalía rechazó recusación de Daniel Briceño contra la fiscal Luz Adriana Camargo por presunto ocultamiento de pruebas en caso de corrupción en la Ungrd

La fiscal general Luz Adriana Camargo no aceptó la recusación presentada por el representante Daniel Felipe Briceño Montes para apartarla de las investigaciones por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.

La actuación pasará ahora a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la decisión definitiva sobre un pedido basado en chats que involucrarían al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández.

En la respuesta que fue emitida el 8 de octubre de 2026 y revelada por Cambio, la fiscal general que Briceño no demostró ser parte ni interviniente especial en los procesos, que ella no dirige las investigaciones concretas y que no hay elementos que acrediten una intervención personal capaz de comprometer su imparcialidad.

La recusación también fue promovida por el representante David Cote tras la publicación, el 13 de septiembre, de conversaciones extraídas del teléfono de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD. Los congresistas solicitaron establecer qué hizo la Fiscalía General de la Nación con esa información y si Camargo conoció los mensajes o impartió órdenes para profundizar en ellos.

Los chats reconstruyen lo ocurrido el 9 de enero de 2024. Ese día, Pinilla le escribió a su pareja que debía “ir a entregar $”, mientras que Fernández, entonces secretario jurídico de la Presidencia, envió a Olmedo López la dirección del apartamento de Irma Solangel Torres, una abogada amiga suya.

López reenvió la ubicación a Pinilla minutos antes de que este llegara al lugar. Las conversaciones no permiten determinar si hubo una entrega de dinero ni cuál habría sido su propósito.

Los chats y las dudas sobre su tratamiento judicial

La información llegó a la Fiscalía en 2024, pero no derivó en una compulsa de copias, según la investigación de Cambio. Tras esa publicación, Camargo calificó la revelación como “descontextualizada” y afirmó que no veía motivos suficientes para adoptar esa medida.

El episodio ocurrió mientras la Corte Suprema de Justicia se preparaba para elegir fiscal general. Fernández había participado en la conformación de la terna para el cargo y, según la publicación, tuvo un papel determinante en la elección de Camargo.

Briceño invocó dos causales previstas en el artículo 56 de la Ley 906 de 2004: una posible existencia de interés en la actuación procesal y una eventual opinión previa sobre el asunto investigado. Además, pidió recaudar informes de extracción forense, matrices investigativas, registros de acceso, actas, comunicaciones internas y testimonios para establecer si la fiscal general intervino en el manejo de los chats.

Camargo rechazó que el trámite de recusación pueda utilizarse para recaudar pruebas destinadas a averiguar si existieron hechos que eventualmente podrían justificar su separación. La funcionaria sostuvo que ese mecanismo debe resolverse de plano y no sustituye las actuaciones que podrían examinar presuntas irregularidades dentro de una investigación penal.

La fiscal general afirmó que la solicitud está fundada en interrogantes y no en hechos acreditados. “La existencia de la intervención que permitiría eventualmente superar la regla general no está acreditada y parte del supuesto no demostrado de la recusación”, señaló en la decisión.

La autonomía de los fiscales a cargo del caso Ungrd

La Fiscalía recordó que las pesquisas por la compra de carrotanques de la Ungrd comenzaron el 20 de febrero de 2024, luego de que se difundiera información sobre posibles irregularidades. La actuación fue asignada inicialmente a la Dirección Especializada contra la Corrupción.

El 6 de mayo de ese año, la investigación fue trasladada de forma especial a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por la complejidad y la dimensión nacional del caso. Más adelante, la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema asumió, junto con la Fiscalía 9, 16 actuaciones vinculadas a los hechos de corrupción.

La entidad creó el Grupo de Tareas Especiales el 29 de mayo de 2025 para investigar y judicializar el caso y sus derivaciones. En agosto de 2026, ese grupo tenía bajo su responsabilidad tres actuaciones contra personas aforadas y 24 actuaciones relacionadas con personas no aforadas.

La reorganización más reciente dejó los procesos contra aforados a cargo de la Fiscalía 9 Delegada ante la Corte Suprema, que conserva la coordinación del grupo. Las investigaciones contra no aforados fueron asignadas a las Fiscalías 48, 51 y 56 Seccionales y a la Fiscalía 85 Delegada ante el Tribunal, todas vinculadas a la Dirección Especializada contra la Corrupción.

Camargo argumentó que la distribución de expedientes busca reforzar la capacidad investigativa, repartir la carga de trabajo y preservar la independencia de los fiscales. Según su posición, las tareas de dirección institucional no equivalen a conducir personalmente una investigación, valorar las pruebas, definir líneas de indagación, formular imputaciones o decidir compulsas de copias.

La Corte Suprema de Justicia ya había declarado improcedentes dos recusaciones anteriores relacionadas con el caso de la UNGRD. Una había sido presentada por Pablo Bustos Sánchez y otra por Sandra Liliana Ortiz Nova; ambas fueron resueltas por la Sala Plena el 17 de julio de 2025.

La decisión que deberá tomar la Sala Plena

La fiscal general señaló que Briceño no acreditó tener calidad de parte dentro de las investigaciones de la Ungrd. De acuerdo con su decisión, la recusación solo puede ser planteada por quienes intervienen formalmente en el proceso, entre ellos la Fiscalía, la defensa, el imputado, las víctimas y el Ministerio Público.

También sostuvo que no puede ser recusada respecto de actuaciones que no están directamente bajo su conocimiento. La funcionaria citó decisiones previas de la Corte Suprema que establecieron que apartar a un funcionario de un caso que no dirige carece de efecto útil.

La resolución reconoce que, de manera excepcional, podría analizarse una recusación contra la fiscal general cuando existan circunstancias objetivas que demuestren una conducta directamente relacionada con una investigación. Sin embargo, concluyó que en esta oportunidad no se probó una intervención concreta de Camargo en el tratamiento de los mensajes extraídos del teléfono de Pinilla.

La decisión remite el expediente identificado con el radicado 110010230000202601525-00 a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. La determinación de Camargo no admite recursos.