
El Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta abrió el 9 de octubre de 2026 un incidente de desacato contra el vicecontralor General de la República, Francisco José Chaux, y otros tres funcionarios, con el propósito de determinar si incumplieron la orden judicial que exigía reactivar el Concurso Abierto de Méritos de la Contraloría General de la República (CGR) 2024-2026.
La actuación se relaciona con las demoras en la definición de las actividades pendientes y la publicación del nuevo calendario del proceso de selección.
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El concurso tiene como finalidad proveer 3.144 cargos de carrera administrativa en la entidad encargada de vigilar el manejo de los recursos públicos. La convocatoria ya había superado la etapa de pruebas escritas y se encontraba en el análisis de antecedentes, procedimiento en el que se asignan puntajes a los estudios y la experiencia de los participantes.
La decisión judicial se produjo después de que un fallo de tutela ordenara levantar la suspensión del proceso y reanudar las etapas pendientes. La orden establecía un plazo de 48 horas para reactivar el concurso y publicar un cronograma actualizado, mientras que la programación anunciada posteriormente por la Contraloría fijó para el 30 de octubre la divulgación del calendario.
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Los cuatro funcionarios vinculados al incidente deberán explicar las actuaciones realizadas para cumplir la decisión judicial y las razones por las cuales no se establecieron fechas inmediatas para resolver las reclamaciones de los aspirantes y consolidar los resultados definitivos.

Cabe recordar que a comienzos de octubre, el juez de familia del Circuito de Mocoa dejó sin efectos la suspensión del Concurso Abierto de Méritos CGR 2024-2026 y ordenó reanudarlo. La decisión respondió a una acción de tutela presentada por Andrés Alberto Rocha Guevara contra la Contraloría General de la República, el contralor General, Gregorio Eljach, y el Consejo Superior de Carrera Administrativa.
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El juez Mario Alberto Delgado concedió a la entidad un plazo de 48 horas para reactivar el proceso de selección, que permanecía detenido desde el 17 de septiembre de 2026. La interrupción había sido aprobada por el Consejo Superior de Carrera Administrativa, órgano responsable de administrar el sistema de carrera de la Contraloría y adoptar decisiones relacionadas con el desarrollo del concurso.
El 7 de octubre, ese consejo aprobó levantar el aplazamiento temporal y la suspensión; y estableció un procedimiento para identificar a los aspirantes afectados por el terremoto del 10 de agosto, con el fin de determinar quiénes podían acogerse a las medidas previstas por el Gobierno para proteger la igualdad de oportunidades.
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De acuerdo con la programación anunciada por la entidad, los participantes debían presentar entre el 8 y el 20 de octubre los certificados que acreditaran su condición de afectados, expedidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) o por la autoridad territorial correspondiente.
Posteriormente, entre el 21 y el 23 de octubre, la Dirección de Carrera Administrativa y la Universidad de Antioquia, encargada de la operación técnica y logística del concurso, debían realizar una mesa de trabajo para ajustar el calendario. Entre el 26 y el 28 de octubre estaba prevista la convocatoria de una sesión del Consejo Superior de Carrera Administrativa para aprobarlo.
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La publicación del cronograma, según la Contraloría, había quedado programada para el 30 de octubre, una vez se completaran esas actuaciones. Este calendario fue uno de los puntos examinados por el juzgado, que pidió precisar qué avances se habían registrado desde la notificación del fallo y por qué las actividades relacionadas con la caracterización de los damnificados no podían desarrollarse simultáneamente con las demás etapas pendientes.
Las reclamaciones pendientes y las listas de elegibles

El proceso permanece pendiente de resolver las reclamaciones relacionadas con los puntajes asignados a los estudios y la experiencia de los concursantes, así como de consolidar los resultados definitivos. Estas actuaciones son necesarias para elaborar las listas de elegibles, en las que se ordena a los aspirantes según sus resultados y se determina quiénes pueden ocupar las vacantes disponibles.
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Como parte de las medidas para retomar el concurso, la Contraloría también dispuso que la Universidad de Antioquia entregue el listado completo de los inscritos, con sus nombres, documentos de identificación, convocatoria, número de registro, ciudad de domicilio reportada al momento de la inscripción y correo electrónico.
La información permitirá verificar que las personas identificadas como afectadas por el terremoto estén inscritas y activas en el proceso de selección. Una vez aprobado el nuevo cronograma, la entidad deberá adelantar las actuaciones administrativas, financieras y contractuales necesarias para dar continuidad al contrato interadministrativo 815 de 2024, mediante el cual se desarrolla el concurso.
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