Las armas ilegales estuvieron relacionadas con el 76% de los homicidios cometidos con armas de fuego en Colombia, así lo revelaron datos de la Policía Nacional.
La cifra coincide con el debate abierto tras la firma del Decreto 1368 de 2026 por parte del presidente Abelardo de la Espriella, y que levantó la suspensión general de los permisos de porte de armas que ya estaban vigentes.
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El reto para las autoridades no se limita a incautar revólveres, pistolas, fusiles y armas traumáticas. También deben establecer cómo esos elementos entran al país, por qué rutas circulan y en qué momento pasan de canales legales a redes clandestinas.
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) cuenta desde 2024 con el Módulo de Rastreo de Armas, Municiones y Explosivos, una herramienta que busca organizar la información sobre el armamento ilegal incautado, señaló El País América.
Antes de la creación de ese sistema, Colombia no tenía una base que permitiera establecer de forma centralizada el origen de las armas decomisadas.
En 2025, las autoridades incautaron 21.593 armas de fuego, 359 más que en 2024. Entre los elementos hallados había armas fabricadas de forma artesanal en Colombia, otras ensambladas con piezas de diferentes países y armas compradas inicialmente por vías legales fuera del país antes de ser desviadas al mercado ilegal.
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Estados Unidos aparece como el principal origen de armas industriales
De las armas incautadas, el 73% correspondía a armamento industrial, es decir, piezas fabricadas por empresas especializadas y que conservaban sus componentes originales.
El 27% restante estaba clasificado como armamento hechizo, una categoría que incluye armas construidas de forma casera o modificadas manualmente.
Estados Unidos encabezó la lista de países de fabricación del armamento industrial detectado por la Dijín. En los dos últimos años, las autoridades identificaron 4.343 armas procedentes de ese país, de las cuales 4.322 eran industriales.
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Turquía ocupó el segundo lugar, con 3.923 armas incautadas en Colombia. Sin embargo, la mayoría tenía una característica distinta: 3.688 eran armas traumáticas.
Colombia apareció en el tercer lugar de los registros. En los últimos dos años, las autoridades decomisaron 2.054 armas fabricadas legalmente en el país y utilizadas de forma ilegal. De ese total, 1.966 eran industriales y 87 hechizas.
En la lista también figuraron Italia, con 718 armas; Alemania, con 470; e Israel, con 383. Las cifras muestran que Estados Unidos, Alemania e Israel aparecen asociados principalmente con armamento industrial, mientras que Turquía concentra una alta proporción de armas traumáticas.
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Revólveres, fusiles y pistolas concentran los mayores registros
Los revólveres son el tipo de arma más incautado, con 2.114 registros, de acuerdo con los datos mencionados por el mismo portal. Les siguen los fusiles, con 483 unidades, y las pistolas, con 377.
También hay registros de escopetas, carabinas, ametralladoras y lanzagranadas. Una fuente de la Dijín explicó al medio español que las armas cortas tienen mayor demanda dentro de las redes criminales porque suelen ser utilizadas o alquiladas para cometer delitos (por ejemplo, sicariatos, como se le denominan a los asesinatos a sueldo).
La trazabilidad es uno de los principales obstáculos en las investigaciones. Las armas modificadas pueden tener componentes con distintos números de serie, lo que dificulta determinar su origen y reconstruir toda la ruta que siguieron.
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“Muchas armas son alteradas o tienen sus piezas intercambiadas, lo que hace que se pierda la trazabilidad”, señaló una fuente de la Dijín. El cañón, la corredera y el armazón pueden tener códigos distintos e, incluso, provenir de países diferentes.
Las rutas desde Ecuador, Panamá y Venezuela alimentan el mercado ilegal
Las autoridades han identificado varias rutas de ingreso de armas a Colombia. Una de ellas es el llamado tráfico hormiga desde Ecuador, donde el armamento ingresa en pequeñas cantidades por municipios fronterizos como Tumaco, Ipiales y Puerto Asís.
Desde esos puntos, las armas pueden avanzar por corredores que conectan con Mocoa, Florencia, Popayán y Cali. El traslado en cantidades reducidas dificulta que las autoridades detecten todos los movimientos.
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Otra ruta se origina en Europa y pasa por Panamá antes de llegar a Colombia. La frontera con Venezuela también es señalada como un corredor de entrada de armas cortas y largas, a través de puntos como Paraguachón, Maicao, Cúcuta, Arauca y Puerto Carreño.
Los registros de la Dijín incluyen información sobre una máquina que habría sido utilizada para ensamblar fusiles AK-47 con piezas recibidas por separado. Ese mecanismo refleja la diversificación de las formas de abastecimiento y modificación de armas en redes ilegales.
El decreto sobre porte legal de arnas abrió un nuevo debate en Colombia
A inicios de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella levantó la suspensión general que limitaba el ejercicio de los permisos de porte de armas.
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La decisión permite que quienes tengan una autorización vigente, no suspendida, vencida, cancelada o revocada puedan ejercerla sin una autorización adicional.
El mandatario sostuvo que la medida no implica un porte indiscriminado. “Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes”, afirmó al anunciar el decreto.
El experto en seguridad Andrés Villamizar consideró que el cambio no debería tener efectos directos sobre el mercado ilegal.
“Son mercados y públicos completamente distintos”, explicó el analista al medio español, e indicó que adquirir legalmente un arma implica cumplir requisitos, adelantar trámites y asumir costos altos.
Una de las armas más económicas de Indumil cuesta alrededor de $3 millones. Al sumar permisos y trámites, el valor puede acercarse a $6 millones, una barrera que limita el acceso legal para buena parte de la población.
La organización Temblores, en cambio, advirtió que una mayor disponibilidad de armas puede aumentar la letalidad de la violencia existente. Mientras tanto, la discusión se mantiene mientras las autoridades intentan rastrear un mercado ilegal con múltiples países de origen, rutas fronterizas y mecanismos de modificación que dificultan su control.
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