El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dejó abierta la posibilidad del posible traslado de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, exgobernador de La Guajira, después de una inspección en su celda en la que, según dijo, las autoridades encontraron un teléfono celular, elemento prohibido en el establecimiento. Todo esto, en medio de la alerta por amenazas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y funcionarios de la Procuraduría General de la Nación;
La decisión llegó tras una revisión hecha por el personal del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (Inpec) a su celda, en La Dorada (Caldas), en un caso que ya había activado medidas de protección institucional.
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“Incluso frente a la persona señalada como autor de las amenazas, a primera hora de la mañana entramos con el Ipec a su celda, revisamos sus pertenencias, encontramos un celular y vamos a hacer la investigación a la que haya lugar; y he ordenado que se traslade de ser necesario. Aquí nadie va a amenazar a la Corte. Cualquiera que se levante contra la Corte, se levanta contra el Gobierno y ha de caer sobre él o ellos todo el peso de la ley”, afirmó De la Espriella.
Este suceso se suma al hallazgo el martes 1 de septiembre de un proyectil dentro del despacho del procurador primero delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, en el piso 26 de la sede de la Procuraduría en Bogotá. Tras este hecho, el funcionario reportó la ruptura de dos ventanales en su oficina con perforaciones atribuidas a disparos de fusil; denuncia que se relacionó con Gómez Cerchar por su participación en el fallo del tribunal en su contra.
Al respecto, personal de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación asumieron las pericias balísticas y de trayectoria para establecer el origen y el calibre de la munición. Ese frente investigativo avanzó en paralelo con las advertencias de la Corte sobre riesgos para magistrados y sus familias, que temen por su seguridad tras lo sucedido con el delegado del Ministerio Público en su despacho.
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Alertas encendidas tras revelaciones de magistrado de la Corte Suprema
El caso de Gómez Cerchar derivó en una alerta de seguridad institucional, después de conocerse la condena de 31 años en su contra proferida por la Corte Suprema, que revocó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. A través de su Sala de Casación Penal, el alto tribunal dejó sin efecto la absolución que se le había otorgado al exgobernador de La Guajira, por lo que tuvo que responder por el homicidio agravado del concejal de Barrancas, Luis Gregorio López Peralta.q
“Quiero decirles que desde ayer he dado instrucciones a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía para que se fortalezcan cuanto antes las medidas de seguridad de ustedes, señores magistrados. Personalmente, estaré haciéndole seguimiento a este asunto que merece la mayor atención posible. Ustedes pueden contar con que este Gobierno no va a ahorrar esfuerzos cuando de proteger la vida de ustedes y de sus familias se trate”, dijo De la Espriella.
Y agregó que, en democracia, los jueces tienen un poder de decidir en libertad, sin miedo a las consecuencias personales de una providencia. “La seguridad de quienes administran justicia y la protección de su independencia no son mera vanidad, sino un asunto de Estado”, precisó el jefe de Estado, que envió con ello un mensaje de tranquilidad sobre la situación expuesta por los organismos judiciales y, del mismo modo, por los entes de control en este mediático caso.
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Es válido destacar que el magistrado ponente de la sentencia contra Gómez, José Joaquín Urbano, remitió el oficio al presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, Carlos Roberto Solórzano, para alertar sobre los riesgos que enfrentaban los togados y sus familias. Así también dejó constancia de un episodio previo, cuando la procuradora Gloria Guzmán Duque acudió a su despacho por temor frente a la seguridad de los que intervinieron en la misma.
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