Aunque el presidente Abelardo de la Espriella lanzó con bombos y platillos la que sería su nueva sede presidencial, ubicada en el Batallón Paraíso de la ciudad de Barranquilla, 23 días después de su posesión siguen existiendo dudas sobre cuánto costó, quién la pagó y bajo qué figura jurídica ingresaron las donaciones privadas para las millonarias remodelaciones de la nueva casa del poder Ejecutivo.
Hasta ahora, no hay una versión oficial cerrada sobre el costo total de la adecuación ni sobre la identidad completa de los aportantes. La Gobernación negó en su momento recursos departamentales para las obras actuales, la Segunda Brigada remitió las preguntas al Ministerio de Defensa y esa cartera dijo que aún consolida datos sobre financiación, finalidad y valor de la intervención.
La sede alterna funciona dentro del batallón ubicado en Riomar, en Barranquilla, sobre un predio militar de unas 51 hectáreas. El edificio, de 1938 y estilo neoclásico republicano, fue acondicionado con oficinas, salas de reunión, obras de arte y un búnker con sala de crisis.
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También se instalaron letreros con las leyendas “Presidencia de la República” y “Libertad y orden”. La decoración interior quedó a cargo de Patricia Mejía, diseñadora de interiores y amiga de Abelardo de la Espriella, según un reciente artículo publicado por la revista Cambio.
El origen de la controversia está en las declaraciones que dio el gobernador Eduardo Verano a medios nacionales como Blu Radio y La FM, que dijo que la administración departamental había dispuesto algunos recursos, aunque la mayor parte provenía de donaciones. En esas intervenciones también mencionó a los hermanos Daes como aportantes de ventanería, puertas y vidrio de seguridad.
A partir de esas declaraciones comenzó a circular la cifra de 2.000 millones para las adecuaciones del Batallón Paraíso. Según una recopilación adelantada por la revista Cambio, el 22 de julio el senador Ariel Ávila pidió a la Gobernación los documentos sobre recursos públicos, rubros, contratos y cronograma de la obra.
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Seis días después, la Secretaría del Interior del departamento respondió que no halló “registro, contrato, convenio, compromiso presupuestal, acto administrativo o documento alguno” sobre el proyecto. La Gobernación sostuvo que esos recursos no provenían del presupuesto departamental y afirmó que no destinó, comprometió ni ejecutó partidas para adecuar la sede alterna.
En una segunda respuesta, fechada el 10 de agosto, la administración departamental insistió en que no hubo recursos del Atlántico para las obras actuales. También señaló que esos 2.000 millones correspondían a inversiones hechas entre 2008 y 2010, y no a la remodelación reciente.
La misma Gobernación añadió que no tenía la relación detallada de empresas aportantes, razones sociales, NIT, montos individuales ni mecanismos jurídicos usados. Esa posición chocó con las declaraciones públicas de Verano, que sí había identificado a algunos supuestos donantes y lo que habrían entregado.
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La ruta de las respuestas terminó en Defensa
La Gobernación sostuvo que actuó como “canal institucional” de particulares interesados en donar directamente a la Segunda Brigada del Ejército. Con esa fórmula, trasladó la trazabilidad de los aportes a la unidad militar.
El representante Daniel Monroy del Pacto Histórico siguió esa ruta en otro derecho de petición presentado el 31 de julio. Preguntó por recursos públicos, fuentes de financiación, actos administrativos y por las empresas privadas que hubieran contribuido a la adecuación.
Tras recibir una respuesta similar a la de Ávila, Monroy acudió el 11 de agosto a la Segunda Brigada del Ejército. Solicitó datos sobre el origen exacto de los recursos, responsables de ejecutar y supervisar las obras, identidad de donantes y documentos como actas de recibo, contratos de donación y comprobantes contables.
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La Brigada contestó que no estaba facultada para emitir una respuesta integral y remitió el asunto al Ministerio de Defensa. Monroy presentó entonces una acción de tutela por considerar que las entidades evadieron las preguntas de fondo, y el recurso fue aceptado y está en estudio.
La respuesta del Ministerio de Defensa a Ávila, con fecha del 19 de agosto, agregó otra pieza al expediente. La cartera informó sobre contratos de mantenimiento y adecuación de infraestructura militar en Barranquilla, entre ellos uno de $730 millones en 2026 para mantenimiento correctivo, preventivo y adecuación de bienes inmuebles administrados por Cenac Barranquilla.
Defensa aclaró que esos contratos corresponden a mantenimiento, conservación, reparación y adecuación de infraestructura militar existente. Precisó además que ninguno tiene como objeto específico la adecuación de una sede presidencial.
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Cuando el senador preguntó por las obras del Batallón Paraíso para uso de la Presidencia, el ministerio indicó que Cenac Barranquilla no encontró procesos contractuales con ese objeto. La cartera agregó que seguía recopilando y consolidando información para entregar una respuesta “de fondo, completa y precisa” sobre las obras actuales, su costo, su financiación y su finalidad.
El tramo más opaco sigue siendo el de los donantes privados. La Gobernación asegura que hubo aportes directos a la Segunda Brigada, pero dice no tener listado de aportantes, valores ni soporte jurídico de esas entregas.
Ese vacío convive con menciones públicas concretas. Verano nombró a los hermanos Daes, y Abelardo de la Espriella afirmó haber donado muebles valorados en $700 millones y anunció que publicaría las facturas, algo que hasta ahora no ha ocurrido.
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A la fecha, la sede alterna ya está terminada y en funcionamiento, pero la ruta del dinero sigue sin reconstruirse con respaldo documental.
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