El terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 sigue dejando nuevos reportes sobre las pérdidas económicas. Las aseguradoras recibieron 36.415 reclamaciones relacionadas con el sismo, una cifra que continúa creciendo mientras se revisan los daños en las zonas afectadas.
De acuerdo con el balance más reciente de Fasecolda, con corte al 21 de agosto, el valor estimado para atender los siniestros ronda los $1,2 billones. Hasta la fecha, el desastre deja 331 personas sin vida y 4.439 heridas.
El volumen de solicitudes refleja la rapidez con la que se ha ampliado la dimensión asegurada de la emergencia. El 14 de agosto, en el primer reporte, se contabilizaban 10.465 reclamaciones. Una semana después, las compañías habían recibido 25.950 reportes adicionales, lo que representa un aumento de 248%.
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Aunque los casos todavía están en proceso de evaluación, las aseguradoras ya han realizado pagos por $11.104 millones para atender a personas afectadas por el movimiento telúrico. El monto de las reclamaciones, sin embargo, puede seguir modificándose a medida que aparezcan nuevos reportes y se determine el alcance de cada daño. La magnitud de las pérdidas también llevó a Fitch Ratings a revisar las posibles consecuencias para las compañías aseguradoras que califica en Colombia. La calificadora considera que el impacto patrimonial será limitado, pese al tamaño del terremoto y a las estimaciones iniciales sobre los daños económicos.
Uno de los factores que explica esa previsión es la baja penetración de los seguros en el país. Esto significa que una parte considerable de las pérdidas provocadas por el sismo no estaría cubierta por pólizas y, por tanto, quedaría fuera de las obligaciones directas de las aseguradoras.
Fitch citó como referencia la estimación inicial del Gobierno Nacional, que calculó en $30 billones los daños físicos directos a partir de información recopilada en cinco departamentos afectados. La agencia espera que este valor aumente cuando las autoridades terminen de consolidar los reportes de las zonas golpeadas.
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Aun con ese escenario, Fitch sostiene que las pérdidas netas retenidas por las aseguradoras serían acotadas. La razón está relacionada con la forma en que se distribuyen los riesgos dentro del mercado y con la participación de las reaseguradoras en las coberturas más expuestas. Las cifras de penetración muestran el tamaño de esa brecha. A diciembre de 2025, los seguros de propiedad representaban 0,21% del PIB colombiano. En vehículos, la proporción era de 0,36%, mientras que en las líneas de ingeniería e infraestructura llegaba a 0,09%, según los datos citados por Fitch.
En las pólizas de propiedad están incluidas coberturas como incendio y terremoto. En este segmento, las compañías colombianas cedieron 66,9% de los riesgos a reaseguradoras a mayo de 2026. Esa distribución permite que una parte de las pérdidas aseguradas sea asumida fuera del balance de las entidades locales.
Otro respaldo para el sector está en las reservas destinadas a eventos catastróficos. La regulación colombiana exige mantener estos recursos para responder ante situaciones de gran magnitud. Al cierre de 2025, las reservas catastróficas equivalían a 18,8% del patrimonio contable del sector, de acuerdo con Fitch.
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El crecimiento de las reclamaciones muestra que la evaluación de los daños todavía está lejos de concluir. Cada nuevo reporte puede modificar el costo previsto por las compañías, mientras los afectados esperan la revisión de sus casos y los pagos correspondientes para recuperar parte de las pérdidas ocasionadas por el terremoto en zonas más afectadas del país.
Para la calificadora, la emergencia vuelve a poner sobre la mesa una discusión que trasciende el impacto inmediato del terremoto: la limitada cobertura de seguros en Colombia. Aunque las reclamaciones crecen y las compañías avanzan en la atención de los afectados, una parte importante de las pérdidas económicas tendrá que ser asumida por quienes no tenían una póliza que protegiera sus bienes o actividades
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