El Ministerio de Trabajo, en cabeza de Natalia López, recordó a los colombianos afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 que pueden retirar de manera parcial sus cesantías para reparar su vivienda o comprar una nueva, una medida que busca dar liquidez inmediata a los hogares golpeados por la emergencia sin modificar las causales previstas en la ley.
La circular enviada a las empresas del país también fijó un límite relevante para el sector privado: el sismo, por sí solo, no autoriza terminar contratos de trabajo. Para que una desvinculación tenga sustento, debe existir una valoración concreta del caso de cada empresa y demostrarse una imposibilidad material de seguir operando.
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Según la directriz oficial, la opción de usar cesantías para mejoras de vivienda se contempla en la normativa vigente. La circular, por eso, no crea un nuevo motivo de retiro, sino que aclara su aplicación para quienes sufrieron daños por el movimiento telúrico.
La cartera indicó que las compañías siguen obligadas a verificar, mediante soportes, que esos recursos se usaron para el fin con el que fueron retirados. Ese control aplica tanto si el dinero se destina a reparaciones como si se emplea en la compra de una nueva casa.
El Gobierno pidió flexibilidad laboral para los trabajadores afectados
El Gobierno nacional recomendó a los empleadores adoptar criterios más flexibles durante estos días con sus trabajadores afectados por la emergencia. La instrucción incluye no ser tan estrictos en sancionar retardos y ausencias.
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También sugirió evaluar esquemas de organización laboral como el teletrabajo, el horario flexible y el otorgamiento de licencias no remuneradas cuando termine la licencia obligatoria por calamidad doméstica. La orientación busca ajustar la relación laboral a las dificultades de movilidad, vivienda y cuidado derivadas del terremoto.
Entre las alternativas que las empresas pueden considerar, aunque sin carácter obligatorio, figura la negociación con sus equipos para adelantar vacaciones y la prima de Navidad. La circular además invita a entregar auxilios extraordinarios en áreas como alimentación, alojamiento, reparación de vivienda y préstamos blandos.
La administración precisó que esos apoyos extralegales no deben incorporarse de manera obligatoria dentro de las prestaciones salariales a las que tienen derecho los trabajadores. La aclaración apunta a facilitar ayudas empresariales sin alterar su naturaleza jurídica.
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El sismo no basta para despedir ni para suspender contratos
El documento fija límites a las decisiones empresariales frente a la emergencia. En el apartado sobre fuerza mayor, suspensión del contrato, cierre y terminación, el Ministerio de Trabajo indicó que la sola ocurrencia del sismo o la declaratoria de desastre no produce automáticamente esos efectos.
Para suspender un contrato por fuerza mayor o caso fortuito debe existir una imposibilidad real, temporal y vinculada causalmente con el terremoto. La circular agrega una segunda precisión: el desastre natural tampoco constituye, por sí mismo, una justa causa autónoma de terminación del contrato.
Las empresas que tengan capacidad financiera podrán otorgar auxilios extraordinarios y activar mecanismos voluntarios de solidaridad empresarial. El texto menciona ayudas económicas o en especie, alimentación, transporte, alojamiento temporal, apoyo para reparación de vivienda, fondos internos de solidaridad y préstamos en condiciones favorables.
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La participación de trabajadores en centros de acopio, logística, distribución de ayudas o actividades de recuperación también quedó contemplada. Si esas labores se realizan por instrucción o autorización del empleador, deberán estar cubiertas por las medidas de seguridad y salud en el trabajo, y no podrán asignarse tareas especializadas de búsqueda, rescate, intervención estructural o manejo de redes a personas sin la formación y habilitación necesarias.
Las empresas fueron llamadas a no exponer a sus empleados a riesgos
La cartera laboral invitó a las compañías a integrarse a las redes de solidaridad y voluntariado creadas en todo el país para asistir a las víctimas del terremoto. La recomendación amplía el papel empresarial más allá del vínculo con sus propios empleados.
En efecto, insistió en que las empresas deben acatar las indicaciones de las autoridades y evitar que los trabajadores ingresen a instalaciones que no sean seguras. Esa advertencia se suma al recordatorio de que cualquier decisión sobre continuidad operativa debe basarse en una evaluación material del caso y no en la sola ocurrencia del sismo.
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