El fuego que avanza por la Serranía del Perijá mantiene en alerta a las comunidades rurales del sur del departamento del Cesar, que aseguran no tener las herramientas necesarias para contenerlo. La emergencia lleva más de una semana y ya compromete miles de hectáreas, cultivos, viviendas y ecosistemas.
Ante la magnitud de la situación, habitantes y organizaciones ambientales solicitaron al Gobierno nacional declarar una emergencia ambiental, social y económica. La petición incluye apoyo aéreo para enfrentar las llamas y ayudas humanitarias para las familias que permanecen en las zonas afectadas. El llamado parte de un reporte del Foro Ambiental del Cesar, elaborado por Wilson Pérez Ascanio, Carolina Vargas Nieto y Fabián Cardona Gaitán. El documento fue dirigido a Corpocesar, la Gobernación del Cesar, medios de comunicación y las comunidades afectadas.
Según el informe, alrededor de 8.000 hectáreas de la Serranía del Perijá están siendo consumidas por el incendio. Las veredas ubicadas en la parte baja son las más afectadas y sus habitantes intentan controlar el fuego por cuenta propia. El problema es que las condiciones del terreno dificultan las labores. Wilson Pérez Ascanio, coordinador del Foro Ambiental del Cesar, señaló a Caracol Radio que el acceso por tierra resulta casi imposible debido a la falta de vías y a problemas de orden público. Por eso considera urgente una intervención desde el aire.
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Los habitantes también enfrentan limitaciones para conseguir agua suficiente. Hasta ahora son ellos quienes tratan de proteger sus predios y contener las llamas, pero la extensión del incendio supera sus capacidades. La situación incluso pone en riesgo su integridad: uno de los habitantes resultó herido mientras intentaba combatir el fuego.
La Gobernación del Cesar confirmó que hay varios incendios forestales activos en Chiriguaná, Curumaní, La Jagua de Ibirico y San Diego. Frente a la emergencia, activó el Pelotón de Atención de Desastres para apoyar las labores desde Chiriguaná, hasta donde se trasladó, por instrucción de la gobernadora Elvia Milena Sanjuan, la jefa de la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental, Petra Romero.
El departamento informó que está solicitando a la Sala de Crisis Nacional apoyo tanto aéreo como de recurso humano, especialmente bomberos y brigadas forestales. El objetivo es fortalecer la atención en los demás municipios y evitar que los incendios continúen avanzando. El Foro Ambiental del Cesar pidió a la Gobernación y a Corpocesar revisar y validar la información del reporte y determinar si es necesario declarar la emergencia ambiental y social. De acuerdo con la organización, esa medida permitiría adoptar acciones de control, restauración y compensación frente a los daños.
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Entre las propuestas aparece la instalación de un centro de operaciones en Santa Isabel. Desde ese punto sería posible ingresar por carretera hacia cinco frentes identificados, mediante recorridos de hasta 20 kilómetros por vías terciarias y caminos utilizados habitualmente por las comunidades. El documento considera además prioritario disponer de apoyo aéreo con aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana equipadas para combatir incendios forestales. También plantea reforzar la respuesta terrestre con los cuerpos de bomberos de El Paso, Curumaní, Chiriguaná y La Jagua de Ibirico.
La preocupación alcanza de manera especial a la biodiversidad de la Serranía del Perijá. El reporte advierte sobre posibles afectaciones a especies como el paujil de pico azul, la guacamaya verde, tucanes, monos, perezosos, tigrillos, pumas y jaguares. A ellos se suman reptiles, anfibios y pequeños mamíferos que habitan en el área.
La pérdida de cobertura vegetal podría generar consecuencias adicionales. Según el documento, algunas especies podrían desplazarse hacia zonas pobladas en busca de refugio, aumentando el riesgo de conflictos entre la fauna silvestre y las comunidades.
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Mientras las llamas continúan avanzando, la comunidad insiste en que sus esfuerzos ya no son suficientes. La petición busca que las autoridades departamentales y nacionales dispongan de recursos y personal para enfrentar una emergencia que, además de afectar viviendas y cultivos, amenaza uno de los ecosistemas de la región.