La periodista Diana Carolina Alfonso, periodista del diario Red y del canal Red, denunció haber sido víctima de una agresión física mientras realizaba una nota sobre el terremoto ocurrido en Colombia el pasado lunes 10 de agosto.
En un video difundido en redes, Diana Carolina Alfonso relató: “El día de ayer fui atacada con gas lacrimógeno mientras ejercía mi labor periodística por una mujer que empezó a atentar contra mi labor”.
Según la periodista, la agresora la acosó e intentó impedir su trabajo, ya que afirmó estar haciendo una nota sobre las presuntas mafias que llegan a los países tras tragedias naturales: “Tengo una persona que me está agrediendo físicamente. Es esta mujer que me está poniendo un gas en la cara, me está poniendo un gas lacrimógeno en la cara”.
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La agresora fue identificada como Kimberly Dayana Acosta Serrano. De acuerdo con Alfonso, la policía intervino en el lugar y procedió a detener a Acosta Serrano. “La mujer, identificada como Kimberly Dayana Acosta Serrano, fue detenida por la policía y en este momento el trámite legal ya se encuentra en curso. La policía está en este momento con esta mujer”, indicó.
El incidente se agravó cuando, después de gritar consignas, la agresora lanzó el gas directamente al rostro de la reportera. “Me gaseó la cara, tiró el gas”, aseguró Alfonso en la grabación, señalando que pudo evitar consecuencias mayores esquivando el gas.
La periodista responsabilizó al presidente Abelardo de la Espriella del clima hostil que enfrenta el gremio: “Lo hago responsable de mi vida, de mis allegados y sobre todo de la vida de mi gremio”. El colectivo periodístico ha exigido respeto a su labor y ha denunciado el acoso sistemático contra quienes cubren el desastre.
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Las agresiones contra periodistas en Colombia han experimentado un aumento reciente, especialmente durante los procesos electorales. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) reportó 2.003 incidentes en los que resultaron afectados 870 periodistas entre agosto de 2022 y julio de 2026. El primer semestre de 2026 fue especialmente crítico, con 79 ataques relacionados con las elecciones, cifra que superó notablemente los 46 casos de ese mismo periodo en 2022.
En este contexto, la conversación sobre la violencia y la justicia se traslada también a las redes sociales, donde la reacción ciudadana es contundente. Entre los comentarios más destacados se leen frases como: “Estas personas lo único que conocen es la violencia y el odio” o cuestionamientos directos sobre el actuar de las autoridades: “Y la policía por qué la dejó ir, mal procedimiento”.
El informe de la Flip identificó que la mayoría de los ataques contra la prensa incluyen amenazas, campañas de estigmatización digital, obstrucciones institucionales y episodios de acoso judicial. Las ciudades de Cúcuta, Bogotá, Antioquia y Arauca presentaron los niveles más altos de riesgo para quienes ejercen el periodismo. Además, cerca del 36% de los responsables señalados son actores institucionales o figuras públicas, mientras que un 19% corresponde a grupos armados ilegales.
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En plataformas digitales, las demandas de sanción y justicia contra la agresora de Alfonso no se hicieron esperar. Comentarios como “Esperemos que haya justicia, aunque como es abelardista harán lo posible para que no pague!” y “No le quites la demanda, no concilies. Que reciba lo que merece desde la justicia”. Otros usuarios expresaron preocupación por el estado de quienes protagonizan incidentes violentos: “La mujer está ebria o drogada, pero normal no lo es. Triste la justicia que no hace nada”.
El uso de gas pimienta está regulado en Colombia y solo se considera permitido en casos de legítima defensa. La normativa exige que exista un peligro real e inminente y que la respuesta sea proporcional a la amenaza. Utilizarlo de manera injustificada puede ser tipificado como delito, especialmente si se emplea durante una riña o sin una causa legítima.
El artículo 27 de la Ley 1801 de 2016 establece que portar o accionar gas pimienta está prohibido en eventos masivos, establecimientos con venta de alcohol y grandes aglomeraciones. El incumplimiento implica una multa cercana a los $234.000, la destrucción del envase y la prohibición de ingresar a eventos públicos. En zonas solitarias o poco transitadas, la Corte Constitucional avala su porte como medida de protección personal.
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