La Unidad Nacional de Protección (UNP) negó de manera enfática las declaraciones de Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, quien afirmó que la entidad supuestamente manipula los esquemas de seguridad bajo criterios políticos.
A través de un comunicado, publicada en su cuenta oficial de X, la UNP calificó de infundadas esas declaraciones y defendió que sus procedimientos se rigen por normas técnicas y no por intereses partidistas.
“La UNP se permite informar que es falso que “los esquemas de seguridad son manipulados con criterio político y de retaliación por el actual director de la UNP, Augusto Rodríguez. La afirmación del Ministro delegado falta a la verdad y demuestra un aparente desconocimiento de las normas que rigen y regulan la protección de ciudadanos y colectivos en Colombia”, expresó la entidad.
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La controversia surgió tras una publicación de Lara en la red social X, donde señaló que existen presuntas maniobras de retaliación política en la administración actual del organismo.
Según lo expresado por la UNP, la asignación, modificación o finalización de las medidas de protección responde a evaluaciones técnicas realizadas por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), apoyadas en los lineamientos establecidos en el Decreto 1066 de 2015.
La entidad aseguró que “es falso que los esquemas de seguridad sean manipulados con criterio político y de retaliación por el actual director de la UNP, Augusto Rodríguez”, y sostuvo que las acusaciones del funcionario entrante “falta a la verdad y demuestran un desconocimiento de las normas que rigen y regulan la protección de ciudadanos y colectivos en Colombia”.
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La respuesta de la UNP se difundió luego de que Rodrigo Lara comunicara públicamente su preocupación por la situación de Angie Rodríguez, quien habría sido supuestamente amenazada y presionada para autorizar el traslado de recursos del Fondo de Adaptación.
Lara afirmó que, según su testimonio, se le exigió guardar silencio y que rechazó la autorización de transferir más de un billón de pesos de ese fondo. Además, hizo un llamado a los funcionarios del organismo para que no acaten “órdenes espurias” ni se presten para desviar recursos públicos, y advirtió sobre riesgos de corrupción en procesos de contratación.
En su publicación, Lara sostuvo: “Hoy los esquemas de seguridad son manipulados con criterio político y de retaliación por el actual director de la UNP, Augusto Rodríguez. Eso termina el 7 de agosto”, y exhortó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría a intervenir para detener el traslado de recursos.
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La UNP contestó a esas declaraciones al afirmar que el proceso para definir esquemas de protección no depende de instrucciones partidistas ni de la discrecionalidad de la dirección.
La entidad también citó la Constitución colombiana, que establece la obligación de garantizar protección sin discriminación por opinión política. Además, remarcó que la política del gobierno ha consistido en priorizar la protección de la vida, especialmente de sectores que ejercen oposición, y en actuar bajo el respeto por el debido proceso.
“La Constitución, además, garantiza la misma protección y trato de las autoridades sin discriminación por opinión política. La política de este Gobierno ha sido proteger la vida, en especial la de quienes ejercen oposición. La UNP actúa con rigor, apegada a las normas con respeto por el debido proceso, no como instrumento político como ocurrió en otras administraciones”, señaló la entidad.
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La UNP insistió en que su labor no se emplea como herramienta de presión política y que mantiene procedimientos basados en el rigor institucional. “La UNP actúa con rigor, apegada a las normas con respeto por el debido proceso, no como instrumento político como ocurrió en otras administraciones”, expresó la entidad en su comunicado.
La controversia permanece abierta mientras se acerca el cambio de administración y se esperan definiciones sobre la conducción futura de la Unidad Nacional de Protección.