El Departamento Nacional de Planeación (DNP) respondió a las denuncias de presuntos sobrecostos y bloqueos en el sistema de aprobación de proyectos financiados con recursos del OCAD Paz, tras la presentación de cuatro denuncias accionadas por veedurías ciudadanas del sistema de regalías.
De acuerdo con un comunicado oficial, desde el DNP aseguraron que no existen irregularidades y que el proceso “cumplió con los estándares de transparencia y planeación técnica”.
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En la entidad destacaron que los supuestos bloqueos en sus plataformas se debieron a una migración técnica previamente planificada y no a restricciones deliberadas.
“La migración hacia la Plataforma Integrada de Inversión Pública (Piip) fue un proceso planificado, reglado y anunciado con anticipación mediante la Circular 0013-4 del 25 de mayo de 2026, y aplicó a la totalidad de las fuentes del SGR, no exclusivamente al Ocad Paz”, indicó el DNP en su comunicado oficial.
De acuerdo con el pronunciamiento, la transición tecnológica se realizó entre las 6:01 p. m. del 26 de junio y las 07:59 a. m. del 1 de julio de 2026, periodo durante el cual el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (Suifp-SGR) “se mantuvo en funcionamiento y su disponibilidad fue garantizada”.
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El comunicado del DNP detalló que la migración se ejecutó por franjas horarias, con el fin de permitir a las entidades territoriales y del Gobierno nacional completar todas las gestiones de sus proyectos dentro de los plazos establecidos para la convocatoria.
En cuanto a las alertas de veedurías ciudadanas sobre presuntos sobrecostos de más del 200% y presiones a alcaldes para aprobar obras, los voceros del DNP reiteraron que la plataforma funcionó con normalidad y que la entidad ha actuado como denunciante activa ante los órganos de control.
“El DNP ha reportado 4.129 casos ante los órganos de control y la Fiscalía General de la Nación, asociados a 3.305 proyectos por 24 billones de pesos: la entidad actúa como denunciante activa en la protección de los recursos del Sistema”, señaló el comunicado.
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También se precisó que “no existe evidencia de afectación deliberada o predeterminada del servicio”, con la reiteración de que, según la versión de la entidad, se actuó con la transparencia y la protección de los recursos públicos, y que se continuarán vigilando los procesos y colaborando con las autoridades para garantizar la legalidad en la ejecución de los proyectos del Ocad Paz.
Las denuncias
Las cuatro acciones alegaron, de manera unánime, presuntas irregularidades en la gestión de proyectos financiados con recursos del Ocad Paz, que es el órgano encargado de aprobar iniciativas para la inversión de regalías en municipios afectados por el conflicto armado.
Las denuncias, conocidas por Infobae Colombia, y radicadas ante organismos de control, plantean que diversas propuestas habrían sido objeto de devoluciones reiteradas, fallas tecnológicas y obstáculos administrativos, lo que habría generado presión sobre alcaldes, gobernadores y equipos técnicos responsables de presentar proyectos.
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Según los documentos aportados, algunos funcionarios habrían insinuado la existencia de “otros métodos” para agilizar los trámites, abriendo la puerta a eventuales solicitudes de pagos o beneficios económicos indebidos.
La veeduría Protectores de la Paz cuestionó el proyecto de rehabilitación y pavimentación de vías en Ricaurte (Nariño), por ejemplo, con un presupuesto cercano a 5.100 millones de pesos, y señalaron que fichas técnicas del DNP detectaron sobrecostos de hasta 248% en materiales, aunque estos reportes habrían desaparecido al cambiar los revisores. También se señalaron inconsistencias en un proyecto de vivienda para comunidades étnicas en Orito (Putumayo) y desfinanciación del 52% en un plan de sistemas productivos en el mismo departamento.
Además de Protectores de la Paz, otras veedurías como la Red Ciudadana de Control a las Regalías, Guardianes de las Regalías y la Veeduría por la Transparencia de las Regalías radicaron quejas disciplinarias ante la Procuraduría, en las que reportaron bloqueos mediante fallas de plataforma y devoluciones, para luego sugerir soluciones informales a cambio de dinero.
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Las denuncias adviertieron la existencia de un “mercado clandestino de viabilidades”, donde las decisiones técnicas dependerían de pagos privados y no de la legalidad de los proyectos.
En medio del creciente escrutinio, la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia también denunció irregularidades en un millonario proyecto para cadenas de cacao y coco en el Pacífico. Las acusaciones apuntan a la posible comisión de delitos como concusión y tráfico de influencias en el manejo de recursos públicos destinados a la paz.
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