La Fiscalía General de la Nación sostuvo el 16 de julio de 2026 que en el caso Lili Pink habría operado desde 2013 una organización transnacional que usó sociedades en Colombia y Panamá para importar y comercializar mercancías de manera presuntamente ilegal, una hipótesis que seguirá desarrollando en los próximos días durante la audiencia de imputación de cargos contra los implicados.
La exposición del ente acusador ubicó el origen de la investigación en una denuncia presentada por la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, en medio de sus labores de apoyo contra el delito aduanero y fiscal. A partir de esa información, la fiscal del caso afirmó que se pusieron en conocimiento posibles actos con relevancia penal atribuidos a la sociedad FAST MODA y a empresas ya disueltas y liquidadas como Innova Quality S.A.S. y Bing Light S.A.S.
La Fiscalía determinó que esas compañías habrían comercializado durante varios años las marcas Lili Pink y Yoi en establecimientos ubicados en distintas regiones del país. Con los elementos materiales probatorios recaudados en la indagación, el ente acusador aseguró que logró establecer la existencia de una estructura de alcance transnacional dedicada a operaciones de comercio exterior a las que, según su teoría del caso, se les daba apariencia de legalidad.
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La hipótesis de la Fiscalía describe una red con sociedades en Colombia y Panamá
Durante la diligencia judicial, la fiscal explicó que la mercancía que ingresaba al país incluía principalmente prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, entre otros bienes. La acusación sostiene que esa operación se articuló mediante empresas constituidas tanto en Colombia como en Panamá.
La funcionaria describió así el esquema atribuido a los investigados: “Se pudo establecer entonces cómo se conformó una organización delictiva de carácter transnacional que, desde el año 2013 a la fecha, se ha dedicado a la realización de operaciones de comercio exterior, dándole apariencia de legalidad con el fin de lograr el ingreso de mercancías a territorio aduanero nacional”.
La Fiscalía añadió que esas sociedades habrían sido creadas para controlar toda la operación comercial, desde el ingreso de los productos al territorio aduanero nacional, a través de importadoras de papel, hasta su comercialización ilegal mediante contrabando. Bajo esa hipótesis, los recursos obtenidos por la venta de la mercancía eran enviados después a empresas panameñas que, presuntamente, estaban bajo el control de la misma organización.
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La acusación incluye empresas liquidadas y representantes formales sin control real
Uno de los mecanismos expuestos por el ente acusador durante la imputación fue la creación y liquidación recurrente de sociedades para dificultar el rastreo de responsabilidades. La fiscal dijo que se identificó cómo esas empresas eran creadas y luego liquidadas por los mismos miembros de la organización para aparentar roles distintos dentro de las operaciones de comercio exterior y nacional.
En esa línea, la funcionaria afirmó que esa estrategia buscaba “desdibujar la responsabilidad de quienes tienen el control financiero de la empresa criminal”. La teoría de la acusación agrega que quienes aparecían formalmente como constituyentes o representantes legales no serían las personas que dirigían en realidad la estructura.
Sobre ese punto, la fiscal señaló: “Quienes registran constituyendo las sociedades y fungiendo como representantes legales son, en realidad, personas con cargos operativos como conductores, operarios, tesoreros y abogados al interior de la empresa”. Con esa exposición, la Fiscalía General de la Nación avanzó en la presentación de los presuntos integrantes de la organización y de los elementos de prueba con los que respalda la imputación.
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La audiencia continuará en los próximos días. En esa etapa, la Fiscalía seguirá explicando cómo, según su investigación, operó el presunto entramado empresarial y presentará más pruebas contra los implicados.