La Fundación Barco alertó por el aumento de los ataques con drones en Colombia durante los primeros cinco meses de 2026, una modalidad que, según la organización, está transformando los riesgos que enfrentan las comunidades en medio del conflicto armado.
Entre enero y mayo se registraron 121 ataques con drones en el país, lo que representa un incremento del 146 %. Los hechos se concentraron principalmente en Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca, departamentos donde la población civil continúa expuesta a acciones de grupos armados y al uso de artefactos explosivos.
De acuerdo con cifras del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas, UNMAS, estos ataques dejaron 145 personas heridas y 21 fallecidas. Entre las víctimas se encuentran menores de edad, lo que elevó la preocupación de la organización por el impacto humanitario de esta práctica.
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La información divulgada señala que, aunque la población civil no sería el objetivo principal de estos ataques, representa el 32 % de las personas afectadas. Para la Fundación Barco, ese dato evidencia que el uso de drones con explosivos aumenta el riesgo para comunidades que viven cerca de zonas de confrontación, corredores rurales o incluso cascos urbanos.
Drones cambian el riesgo por artefactos explosivos
La Fundación Barco advirtió que el uso de drones modifica la manera en que se presentan las amenazas asociadas a los artefactos explosivos. Hasta hace algunos años, el riesgo estaba más relacionado con minas antipersonal, municiones sin explotar u otros elementos ubicados en tierra.
Ahora, estos dispositivos también pueden ser desplegados desde el aire, lo que amplía los escenarios de peligro. Esta modalidad puede afectar viviendas, caminos, veredas, instalaciones comunitarias o zonas donde la población civil desarrolla sus actividades cotidianas.
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La organización señaló que esta transformación exige nuevas capacidades de prevención y respuesta. Las comunidades ya no solo deben recibir orientación sobre riesgos terrestres, sino también sobre señales de alerta relacionadas con drones, posibles explosivos y comportamientos seguros ante situaciones sospechosas.
Los datos de Naciones Unidas muestran que el número de personas que requieren medidas de protección frente a minas antipersonal y otros artefactos explosivos, incluidos los desplegados mediante drones, pasó de 607.910 en 2024 a 812.966 en 2026.
Ese crecimiento refleja una presión humanitaria mayor sobre los territorios afectados por el conflicto. También muestra que la respuesta institucional debe ajustarse a una amenaza que se vuelve más compleja y que puede aparecer en zonas rurales, pero también cerca de centros poblados.
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Piden fortalecer alertas y prevención
Ante el aumento de los ataques, la Fundación Barco hizo un llamado a reforzar los sistemas de alerta temprana. La organización considera necesario mejorar la capacidad de las comunidades y de las autoridades para identificar riesgos, reportar incidentes y activar medidas de protección antes de que ocurran nuevas afectaciones.
También pidió fortalecer la educación sobre el riesgo de artefactos explosivos. Esta formación permite que niños, jóvenes, líderes comunitarios y familias reconozcan señales de peligro, eviten manipular objetos sospechosos y sepan cómo actuar ante una posible amenaza.
Otro punto señalado por la organización es la coordinación entre las entidades encargadas de prevenir afectaciones y proteger a las comunidades más expuestas. La respuesta requiere trabajo conjunto entre autoridades, organismos humanitarios y actores locales que conocen las dinámicas de cada territorio.
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El incremento del 146 % en los ataques con drones muestra que esta modalidad ya no puede tratarse como un hecho aislado. Para la Fundación Barco, el país necesita adaptar sus estrategias de prevención a un escenario en el que los artefactos explosivos pueden llegar por nuevas vías y generar daños sobre poblaciones que no participan en las confrontaciones.