La Fiscalía General de la Nación ejecutó allanamientos en once centros estéticos de Bogotá tras identificar una serie de presuntas irregularidades sanitarias en procedimientos invasivos.
Los operativos, realizados en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Superintendencia Nacional de Salud, permitieron descubrir medicamentos vencidos, dispositivos médicos sin registro sanitario y posibles alteraciones en historias clínicas.
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Estas acciones buscan establecer las responsabilidades legales de los establecimientos intervenidos y garantizar la seguridad de los usuarios de servicios estéticos en la capital colombiana.
Hallazgos en los procedimientos de inspección
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, las diligencias de registro y allanamiento se concentraron en establecimientos que, presuntamente, venían ofreciendo y practicando procedimientos estéticos invasivos sin cumplir la normatividad sanitaria vigente. Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) revisaron minuciosamente los equipos médicos, la documentación de operación y las instalaciones.
Durante estas inspecciones, las autoridades identificaron medicamentos vencidos, dispositivos médicos que no contaban con registro sanitario del Invima ni con la documentación que acreditara su importación legal, así como posibles alteraciones en la información de las historias clínicas de los pacientes. Además, se investiga el hallazgo de equipos cuya procedencia y certificación están en duda.
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Según la Fiscalía, “los operativos buscan verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas para la realización de este tipo de procedimientos y establecer posibles responsabilidades frente a las irregularidades detectadas”.
Apoyo institucional y verificación de normas
Los operativos contaron con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Salud, el Invima y la Superintendencia Nacional de Salud, entidades responsables de la vigilancia y control sobre la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de la regulación vigente en procedimientos estéticos.
Estas instituciones participan activamente en la revisión de las condiciones sanitarias, así como en la verificación de la documentación y la legalidad de los insumos utilizados.
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Las inspecciones se fortalecieron luego de que se detectaran inconsistencias en diversos establecimientos y de la reciente conmoción nacional por el fallecimiento de Yulixa Toloza tras un procedimiento invasivo.
En registros audiovisuales se observa a los agentes del CTI revisando minuciosamente áreas de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos. Estos controles se mantendrán de manera permanente, según anunciaron las autoridades, para prevenir nuevos incidentes y garantizar la protección de los pacientes.
Responsabilidades y próximos pasos
Las autoridades confirmaron que los elementos incautados y los hallazgos preliminares serán analizados para determinar si existieron violaciones a la normativa sanitaria vigente. De acuerdo con la Fiscalía, “estas acciones buscan establecer las responsabilidades legales de los propietarios y operadores de los centros intervenidos”.
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Mientras tanto, las entidades de control mantienen la vigilancia sobre el sector y continúan investigando otras posibles irregularidades en clínicas y centros estéticos de Bogotá.
El caso de Yulixa Toloza y su impacto
La ofensiva institucional contra las irregularidades en centros de estética se intensificó tras el caso de Yulixa Toloza, una mujer que murió luego de someterse a un procedimiento de lipólisis láser en el sur de Bogotá.
Su cuerpo fue hallado posteriormente en el municipio de Apulo, Cundinamarca. El episodio generó indignación por las circunstancias en que fue extraída del establecimiento y la posterior manipulación del cuerpo.
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Por estos hechos, permanecen vinculados al proceso penal en Venezuela la propietaria del centro estético, María Fernanda Delgado; su pareja, Edison Torres; y el cirujano Eduardo David Ramos. Las autoridades colombianas adelantan gestiones para lograr su imputación virtual o extradición, aunque aún no reciben respuesta formal de las autoridades venezolanas.
En Colombia, Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera son investigados por su presunta participación en la alteración de pruebas relacionadas con el vehículo utilizado durante los hechos.
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