Gustavo Petro salió en defensa de la JEP tras las declaraciones del ministro de Justicia de Abelardo de la Espriella: “Debe ser fortalecida”

El ministro de Justicia designado Iván Cancino descartó que el gobierno de Abelardo de la Espriella tenga planes de eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque dejó en claro que tanto él como el presidente electo han mantenido una postura crítica frente a ese tribunal desde hace años.

“El presidente de la República y yo, no de ahora sino desde hace mucho tiempo, hemos sido muy críticos. Pero ahora desde el Gobierno no es que nosotros queramos acabar la JEP”, declaró Cancino en una entrevista con Caracol Radio.

Lo que sí anticipó el futuro jefe de la cartera de Justicia es una vigilancia estricta sobre los resultados del tribunal y sobre su gestión presupuestaria, en línea con la política criminal que De la Espriella trazó durante la campaña.

Las declaraciones del penalista —quien tiene más de dos décadas de trayectoria en litigio y fue una de las voces más visibles de respaldo a De la Espriella durante la campaña— generaron una reacción del presidente saliente Gustavo Petro, que publicó en su cuenta de X un mensaje con un aparente tono de acuerdo con ese planteamiento.

“La JEP debe ser fortalecida desde el presupuesto de la nación que se traspasa a Justicia. Acabar la JEP quitándole financiación no es correcto, porque la JEP hace parte del acuerdo de paz que es declaración unilateral de Estado”, escribió Petro.

El mandatario saliente agregó que no se debe “acabar la posibilidad de la verdad judicial en el conflicto porque es fundamental para la reconciliación nacional”, y cerró con una frase que condensa su posición: “Si queremos paz, debe haber verdad, mucha verdad; y no miedo, amenaza y mucha mentira”.

Qué más dijo Cancino sobre la JEP

El ministro designado precisó que la JEP debe cumplir con los plazos establecidos en la Constitución y el Acuerdo de Paz, y rendir cuentas al finalizar la etapa de investigación. “Las facultades de investigación acaban más o menos pronto y han tenido el tiempo suficiente para haber dado los resultados. Ellos los presentarán y, obviamente, tendrán que responderle al país”, sostuvo durante la entrevista.

Cancino advirtió que la justicia transicional también está bajo la lupa de la Corte Penal Internacional. Al concluir la fase de investigación, la JEP tendrá cinco años adicionales para el juzgamiento, período en el cual igualmente deberá demostrar avances.

Respecto a la administración de recursos de la paz, Cancino anunció que revisarán “temas del gasto”, en particular aquellos que no estén respaldados por el Acuerdo de Paz ni por soporte constitucional. “Hay que revisar unos temas del gasto, aquellos que no estén, obviamente, dentro del Acuerdo de Paz y que no tengan un soporte constitucional y convencional”, explicó.

En cuanto a la labor investigativa, expresó dudas sobre el tratamiento equitativo entre exguerrilleros y militares. Según Cancino, “los máximos responsables son alrededor de sesenta y tres personas; más del 80 % son militares y menos del 20 % son excombatientes de las FARC”.

Por ello, enfatizó que el Gobierno exigirá un criterio igualitario para todos los actores del conflicto: “Nosotros pedimos que a quienes delinquieron en las Fuerzas Militares se les aplique toda la justicia transicional y restaurativa, pero que exista una aplicación igual para los combatientes que pertenecieron a las FARC”.

El ministro designado concluyó que, aunque habrá diálogo y planteamiento de dudas a la JEP, no se afectará su independencia institucional, reforzando la idea de control y transparencia en la gestión de la justicia transicional bajo el nuevo Gobierno.

El nombramiento de Cancino fue anunciado oficialmente el 7 de julio por De la Espriella en sus redes sociales, junto al de otros cinco integrantes del gabinete. El penalista ya venía liderando la mesa técnica de Justicia en el proceso de empalme entre el Gobierno de Petro y la administración entrante.