El ministro de Ambiente designado presentó un derecho de petición para saber en qué estado recibirá el sector tras finalizar el Gobierno Petro

Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente designado por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó un derecho de petición ante el Ministerio de Ambiente para conocer en qué estado recibirá la nueva administración a esa cartera y al Sistema Nacional Ambiental (Sina).

La solicitud, radicada el martes 8 de julio de 2026 en Bogotá y fue instruida por el presidente electo y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, busca información sobre la gestión administrativa, financiera, jurídica y misional del Ministerio y del Sina.

El objetivo, según Arjona, es contar con datos precisos sobre programas, recursos, proyectos, compromisos y riesgos que deberá asumir el gobierno entrante. El trámite responde a la Constitución, la Ley 951 de 2005 y directrices de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para asegurar una transición clara y ordenada.

Arjona afirmó que la revisión permitirá establecer el punto de partida del sector ambiental y corroborar si la gestión del llamado “gobierno ambientalista” produjo resultados concretos para la conservación y protección del medio ambiente.

“Durante cuatro años se ha hablado de liderazgo climático mientras Colombia ha seguido perdiendo bosques, la minería ilegal expandiéndose, el páramo de Santurbán sin delimitación definitiva y la institucionalidad ambiental con retrasos, cuestionamientos y derrochando dinero en contratistas, eventos y acciones sin logros o evidencias. Los colombianos tienen derecho a saber qué ocurrió con los recursos y cuáles fueron los verdaderos resultados”, señaló.

El derecho de petición requiere información sobre el estado de ejecución de las principales políticas ambientales, el cumplimiento de compromisos climáticos internacionales y la ejecución presupuestal y contractual del Ministerio de Ambiente. También solicita datos sobre la asignación de regalías, el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, programas para contener la deforestación y procesos de delimitación de páramos.

La gestión de áreas protegidas, los mercados de carbono, la cooperación internacional y el estado de los proyectos estratégicos del sector también forman parte de los temas requeridos. Además, el documento pide detalles sobre procesos judiciales, disciplinarios y fiscales en curso, así como sobre la ejecución de recursos públicos y riesgos institucionales para la nueva administración.

Arjona sostuvo que persisten “amplias dudas y alertas” sobre estos asuntos, muchas de ellas señaladas por los órganos de control. Por eso, insistió en la importancia de contar con información completa y verificable para que la nueva administración pueda desarrollar su labor de manera efectiva.

El ministro designado identificó como prioridades los compromisos nacionales e internacionales relacionados con la agenda climática, la biodiversidad y la implementación del Acuerdo de Escazú. También mencionó la preparación para la Presidencia de la COP16, la contención de la deforestación y la minería ilegal, así como la continuidad de los programas ambientales en curso.

En el comunicado, Arjona criticó la gestión del gobierno saliente. “El llamado ‘gobierno ambientalista’ no dejó resultados reales que beneficien la conservación y protección del medio ambiente, solo una narrativa política plagada de dogmas y poca ciencia”, expresó.

Añadió que la administración entrante se propone recuperar la institucionalidad ambiental con acciones orientadas a la protección del agua, la biodiversidad, los bosques y los actores del territorio.

Hizo un llamado a todas las dependencias del Ministerio y a las entidades del Sina para facilitar el proceso de entrega de información y reiteró el compromiso del nuevo gobierno con la transparencia y la protección del patrimonio ambiental del país.

El trámite del derecho de petición se da luego de que Abelardo de la Espriella tomara la decisión de suspender el proceso de empalme, opción que también tomó el Gobierno nacional.

“Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”, sostuvo.