La comercialización ilegal de combustibles es una problemática creciente en Colombia, en especial, en tres departamentos donde presiona la infraestructura energética y afecta las finanzas territoriales. El fenómeno reduce los recursos que reciben departamentos y municipios por la sobretasa a la gasolina y al Acpm, alimenta redes criminales, afecta el mercado formal y expone a los consumidores a riesgos de seguridad, daños mecánicos y combustibles sin controles de calidad.
En 2025 además, se registraron más de 490 válvulas ilícitas conectadas a poliductos y una caída de 4,8 millones de galones en las ventas oficiales de la cadena de distribución.
Solo en enero de 2026, el Ejército Nacional ubicó 11 válvulas ilícitas para el hurto de hidrocarburos en el sur del Cesar. El hecho confirmó la continuidad de estas prácticas y la presión que ejercen sobre la infraestructura energética del país, además del impacto de los hurtos a los carrotanques.
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Tamaño del mercado ilegal de combustibles
Durante 2025 se comercializaron de manera ilegal más de 27,5 millones de galones de combustible. El volumen equivale cerca al necesario para abastecer durante un año a cerca de 55.000 vehículos particulares. La cifra no corresponde a la caída registrada en las ventas oficiales de la cadena de distribución. Con base en la proyección de los volúmenes de venta y en las cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del Sistema de Administración de la Sobretasa al Acpm y a la Gasolina (Asga), en 2025 se registraron 4,8 millones de galones menos en ventas oficiales.
La diferencia entre ambos indicadores muestra dos dimensiones del problema: una mide el volumen comercializado ilegalmente y la otra refleja el efecto de ese fenómeno sobre la cadena formal.
Pérdida de ingresos para departamentos y municipios
La sobretasa a la gasolina y al Acpm es una de las principales fuentes de financiación de los departamentos y municipios en Colombia. En 2025, ese tributo recaudó $4,03 billones para las entidades territoriales.
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De acuerdo con el valor de la sobretasa vigente y con la caída en las ventas por hurto en Norte de Santander, Cesar y Arauca, los recursos recibidos cada año por ese concepto registraron una disminución estimada en $2.600 millones. Dicha reducción se desprende de las cifras del Asga.
Cada galón que se vende de manera ilegal deja de pagar sobretasa e IVA. Eso significa menos recursos para infraestructura vial, transporte y movilidad, mantenimiento urbano y servicios públicos locales.
Advertencia de la ACP sobre el impacto regional
El presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, afirmó que “el combustible ilegal no solo evade impuestos: le está quitando recursos a las regiones y fortaleciendo redes criminales. Cada galón que se vende por fuera de la legalidad es menos inversión en vías, servicios públicos y desarrollo para los colombianos”.
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Además del impacto fiscal, la comercialización ilícita afecta el mercado formal, pone en riesgo la sostenibilidad de estaciones de servicio legalmente constituidas e impacta el empleo formal en las regiones.
La actividad también genera presiones y amenazas sobre los distribuidores que operan dentro de la legalidad. El efecto va más allá del recaudo y altera el funcionamiento de la cadena autorizada.
Riesgos para la seguridad, el ambiente y los consumidores
La comercialización ilícita de combustibles está vinculada a otras actividades ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal. Para la ACP, esa relación fortalece redes criminales y agrava las afectaciones sociales, económicas y ambientales. La perforación ilegal de poliductos y la manipulación inadecuada del combustible pueden causar derrames, contaminación de suelos y fuentes hídricas, así como incendios o explosiones. Esos hechos también afectan a ecosistemas y comunidades cercanas.
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El combustible comercializado de manera ilegal carece de controles de calidad y de mezcla con biocombustibles. Esa condición puede aumentar la contaminación ambiental y causar daños en los vehículos.
Pearl advirtió sobre la exposición del consumidor a estos circuitos: “Es fundamental proteger al consumidor, que también es expuesto a riesgos de seguridad y a ambientes de criminalidad”. Además, apuntó que está expuesto a “accidentes y daños en los vehículos si no se abastece de combustible en estaciones de servicio autorizadas que cumplen con los estándares de calidad, seguridad y tributación establecidas por la ley”.
El balance también reconoce las acciones de control de las autoridades nacionales, regionales y la Fuerza Pública. Esas medidas permitieron mejorar los resultados operacionales y avanzar en una mayor articulación interinstitucional.
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