Digno Palomino y Aldair Montealegre, máximos líderes de la organización criminal Los Pepes mediante una carta, manifestaron su voluntad de someterse a la justicia, respondiendo así al ultimátum lanzado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien asumirá funciones el 7 de agosto de 2026.
La decisión de sometimiento fue revelada por el mismo presidente electo en una intervención realizada el domingo 5 de julio. El mandatario informó que impartirá instrucciones a su futuro ministro de Defensa para coordinar el procedimiento judicial y formalizar la captura de los líderes de Los Pepes.
El sometimiento a la justicia de ambos cabecillas responde al ultimátum presidencial. De La Espriella advirtió que otros criminales tienen menos de un mes para tomar la misma decisión. “De lo contrario, lo van a lamentar”, sentenció el presidente electo, reforzando su compromiso de terminar con la impunidad en la región.
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Quiénes son Digno Palomino y Aldair Montealegre
Digno José Palomino es considerado el máximo jefe y fundador de Los Pepes, organización que surgió como una escisión de otras bandas criminales de la costa Caribe. Nacido y criado en el barrio Barlovento de Barranquilla, Palomino inició su carrera delictiva con hurtos y venta de estupefacientes. Su liderazgo se consolidó tras una violenta disputa territorial contra Los Costeños, banda rival dirigida por Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor.
El nombre de Palomino ha estado vinculado a delitos como homicidio, extorsión, narcotráfico y la ejecución de crímenes selectivos para asegurar el control de actividades ilícitas en Barranquilla, Soledad y Malambo. Según informes judiciales, habría ordenado 17 homicidios en 11 eventos entre julio de 2022 y julio de 2023. La Fiscalía General lo investiga por concierto para delinquir y otros delitos agravados.
Actualmente, Palomino permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de Picaleña, en Ibagué, tras ser trasladado desde La Dorada. El cambio de centro penitenciario respondió a una riña interna y al riesgo que su presencia implicaba para la convivencia carcelaria, dadas sus conexiones y capacidad de mando incluso tras las rejas.
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Por su parte, Aldair Montealegre ocupa el segundo lugar en la estructura de mando de Los Pepes, fungiendo como brazo operativo de Palomino. Su rol ha sido clave en la ejecución de homicidios selectivos, extorsiones a comerciantes y manejo de rutas de microtráfico en Barranquilla y municipios aledaños del Atlántico. Montealegre también enfrenta investigaciones judiciales por su participación en la estructura criminal y la coordinación de delitos de alto impacto.
Actividades criminales y contexto judicial
Los Pepes, bajo el mando de Palomino y Montealegre, se consolidaron como una de las estructuras criminales más influyentes de la región Caribe, dedicadas principalmente al microtráfico, extorsión y asesinatos por encargo. La organización se benefició del vacío de poder dejado por la fragmentación de otras bandas, expandiendo su dominio en el Atlántico mediante la violencia y la intimidación.
En diciembre de 2019, Palomino fue capturado en Venezuela gracias a una operación conjunta de Interpol y la policía científica local. Al momento de su detención, intentó evadir a las autoridades con documentación falsa, lo que evidenció su interés en mantenerse fuera del radar judicial. En ese entonces, Colombia ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que facilitara su captura.
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La Fiscalía General ha documentado que Palomino utilizaba eventos y negocios locales, como bailes de picó y una gallera en Barlovento, para el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas. El sitio fue intervenido por las autoridades en julio pasado, en el marco de las investigaciones contra la estructura criminal.
Reacciones e implicaciones para la seguridad
La decisión de Palomino y Montealegre de someterse a la ley abre una ventana para la pacificación de Barranquilla y el Atlántico tras años de violencia. El presidente electo consideró que la salida de estos delincuentes de las calles permitirá que las comunidades recuperen la tranquilidad y la confianza en las instituciones.
Sin embargo, el camino judicial apenas comienza. El proceso será acompañado por un equipo fiscal y policial especializado para asegurar el cumplimiento de los procedimientos y evitar irregularidades.
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