El endeudamiento de la Nación sigue siendo un tema de discusión en la antesala de la transición del poder hacia el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, debido a un nuevo pronunciamiento del presidente Gustavo Petro y una alerta de la Contraloría General de la República sobre el desfinanciamiento del Presupuesto General de la Nación y la aceleración de nueva deuda.
Lo que está en discusión es si la deuda pública que deja el actual gobierno aumentó menos que en administraciones anteriores, como sostiene o si su trayectoria y composición elevan los riesgos fiscales. Petro volvió a defender que los niveles actuales de endeudamiento no responden a una estrategia de su gobierno, sino a factores como la tasa de interés del Banco de la República, que es el porcentaje base que esta entidad cobra a los bancos comerciales por prestarles dinero. Precisó que entre enero y junio esta “se contrajo en 275 puntos básicos, de 9,25% a 12%”.
Al respecto, el mandatario propuso bajar en tres puntos porcentuales (pp) el tipo de intervención, con lo que quedaría en 9%. Por medio de su cuenta de X, afirmó que “en países con déficit primario la deuda se vuelve insostenible si la tasa de interés real de la economía supera su tasa de crecimiento económico real (...) El Banco de la República rápidamente debe bajar tres puntos la tasa de interés”.
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También escribió, al responder al investigador de la Universidad Eafit Diego Montañez-Herrera, que “por fin entró en sensatez Montañez, luego que ya sabe que mi gobierno es el que menos ha endeudado a Colombia y el crecimiento de la deuda es bajo y solo se debe a la tasa de interés del Banco de la República”.
Agregó que “la baja de 3 puntos de la tasa de interés del Banco de la República llevaría el crecimiento económico colombiano a más del 4% anual casi sin igual en el mundo de hoy”. Además, vinculó la discusión con el déficit primario, que a su juicio crece desde 2015, cuando “se acabó desde ese año el modelo petrolero y carbonero”.
El presidente también defendió ajustes de ingreso y gasto para aliviar la presión fiscal. “Si la Corte Constitucional no tumba la no deducibilidad de regalías en la declaración de renta de petroleras y carboneras en cuatro años se hubiera incrementado a los ingresos corrientes $28 billones y si a Restrepo (José Manuel) no se le ocurre la estupidez, seguida por Ocampo (José Antonio), de pagar la deuda por subsidio a la gasolina del presupuesto nacional, el presupuesto habría ahorrado $70 billones en gastos”, escribió.
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Disputa por cómo medir el aumento de la deuda
Dentro de la discusión, Luis Carlos Reyes aseguró que la deuda dejada por Petro es menor que la de sus antecesores. Planteó la comparación tanto en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) como en pesos reales de 2024.
Con exactitud, en X cuestionó: “¿Qué tan cierto es que el Gobierno de Gustavo Petro endeudó a Colombia como ningún otro? Esta es la deuda del gobierno nacional central como porcentaje del PIB y en pesos reales de 2024″. Enumeró que:
- Juan Manuel Santos (segundo periodo): la deuda aumentó alrededor de 10 puntos porcentuales (pp) del PIB.
- Iván Duque: 11,3 pp del PIB.
- Gustavo Petro: 1,3 pp del PIB.
En pesos reales de 2024:
- Juan Manuel Santos: (segundo periodo): aumentó de $178 billones.
- Iván Duque: $317 billones.
- Gustavo Petro: $63 billones.
Con esto, Reyes reorientó el debate hacia la forma de medir el endeudamiento. La discusión pasó a incluir el nivel de deuda, su variación sobre el PIB y el efecto de comparar cifras en pesos reales de 2024.
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Alertas sobre sostenibilidad y perfil de la deuda
Montañez Herrera cambió el foco hacia la sostenibilidad fiscal. “Colombia pasó de un balance primario de -2,4% a -3,6% del PIB en un año, fuerte deterioro. Si antes de pagar intereses ya hay un déficit de esa magnitud, la deuda seguirá creciendo”, anotó.
Por su parte, el economista Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia en Alianza Valores y Fiduciaria, cuestionó lo dicho por Petro y Reyes y sostuvo que parte del análisis excluye operaciones que sí implican más deuda. “Todos estos análisis esconden dos jugadas. La primera es la obvia e irrefutable: hicieron canjes masivos ($36 billones redujo la deuda nominal) y explotaron la deuda de corto plazo (mínimo otros $36 billones para el próximo año), algo que ningún gobierno se atrevió a hacer a esa escala. Con eso, la deuda de Petro no queda en 59%-61%, sino cerca de 62%-64,6% del PIB”.
Aclaró que ese pasivo debe contarse aunque aparezca de otra forma en los indicadores. “Déjenme repetirlo, esto es deuda tomada, no importa si en el indicador se registra diferente”, agregó.
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Su segunda objeción apuntó al punto de comparación con el gobierno anterior. “La segunda: le cobran a Duque entregar la deuda en 58% del PIB, pero ese dato estaba inflado por el salto del dólar electoral de $3.700 a $4.900, que luego se devolvió. O sea, dicen que Petro recibe la deuda al 58%, pero ya en 2023 estaba al 52%-54% del PIB; ese fue el nivel real de comparación del gobierno”.
Campos concluyó que, con ese ajuste, la trayectoria luce distinta. “La realidad cambia: Petro recibe deuda ajustada de 52%-54% y la deja entre 62%-64,6%. Sube 9-11 puntos del PIB y le gana al que le pongan”, apuntó. También habló del costo de financiarse. “¿Entienden por qué los mercados no “compraron” la idea de “deuda estable” y las tasas llegaron al 15%?”.
Advertencia de la Contraloría sobre caja y presupuesto
Con anterioridad, la Contraloría General de la República alertó sobre la situación de caja y el financiamiento del presupuesto. Durante los primeros seis meses de 2026, el Estado ya comprometió el 76% de su margen legal para adquirir pasivos, equivalente a $64 billones, frente a $47 billones en el mismo periodo de 2025. La entidad también advirtió un desajuste entre el recaudo esperado y las necesidades de gasto. La meta de impuestos se redujo de $321 billones a $294 billones de pesos, pero el recaudo efectivo siguió por debajo de esa previsión.
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Frente a esto, la contralora delegada para la Economía y las Finanzas del Estado, Jenny Lindo, explicó que el presupuesto de la vigencia se fijó en $555 billones y que la Tesorería solo había recaudado $252 billones. “Es decir, tenemos un pendiente del 54,5% para garantizar el presupuesto de este año”, agregó. Y es que el cierre de mayo mostró además una caja limitada. El Estado contaba con $16 billones líquidos, pese a que la operación ordinaria de las instituciones públicas demanda entre $25 billones y $30 billones al mes.
Lindo describió ese faltante en términos operativos. “Estamos trayendo un déficit de todo el año y rápidamente hay que tomar una serie de decisiones de parte del Ejecutivo para ajustar y garantizar el financiamiento de este presupuesto”, anotó.
La Contraloría trasladó expedientes a la Procuraduría para que investigue al director de Crédito Público, Javier Cuéllar, y al ministro de Hacienda, Germán Ávila. El punto bajo examen es la sustitución anticipada de deudas antiguas con tasas bajas por nuevos títulos y créditos con intereses de 13%, 14% y hasta 15%.
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