Nueva medida del Gobierno haría que las tarifas del servicio de acueducto suban de precio: “Hoy empieza la crónica de una muerte anunciada”

Desde el 1 de julio de 2026 rige en Colombia el nuevo marco tarifario de acueducto dirigido a pequeños prestadores y gestores comunitarios de los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia fijado en la Resolución 1032 de 2026 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). La nueva normativa reconoce las particularidades sociales, económicas y territoriales de quienes operan en municipios pequeños y zonas rurales, y se suma a la Resolución 1032 de marzo de 2026, orientada a grandes prestadores.

Con estas resoluciones, la entidad culmina la actualización de la regulación tarifaria para todo el sector, cubriendo así a la totalidad de la población.

De acuerdo con la CRA, la metodología establecida en la nueva resolución aplica a prestadores con hasta 5.000 suscriptores en áreas urbanas, a todos los que operan en zonas rurales sin importar el número de usuarios y a los gestores comunitarios, sin considerar el tamaño de sus sistemas. El proceso de construcción de este marco incluyó estudios técnicos y la participación de distintas entidades estatales, así como amplios procesos de consulta ciudadana, consolidando un modelo regulatorio inclusivo y diferencial.

Dicha entidad aclaró que la regulación incorpora estándares, metas e incentivos diferenciados y flexibles para los pequeños prestadores, reconociendo las condiciones específicas de operación y facilitando su fortalecimiento técnico, organizacional y financiero. También contempla la situación de territorios vulnerables, zonas Pdet y Zomac, y promueve el reconocimiento de las comunidades como actores clave en la gestión del agua. Además, introduce herramientas para fomentar el uso eficiente del recurso, la reducción de pérdidas y la sostenibilidad ambiental.

Demanda en el Consejo de Estado

No obstante, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) acudió al Consejo de Estado para pedir que suspenda su aplicación y advirtió que las tarifas tenderán a subir, no a bajar. Sostiene que la actualización de los costos de referencia de 2014 a precios de 2024 y 2025, junto con nuevas obligaciones regulatorias, presionará al alza las tarifas. El gremio también pidió una medida cautelar urgente para frenar su entrada en vigor al alegar cambios de fondo frente al texto sometido a participación ciudadana y plazos de implementación insuficientes.

El nuevo marco para acueducto y alcantarillado entró en vigencia el 1 de julio de 2026, pese a que el Gobierno lo presentó como una herramienta para reducir tarifas. El gremio del sector dice que respalda la actualización metodológica, pero rechaza la forma en que se adoptó y ejecutó.

Al respecto, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, advirtió que “hoy empieza la crónica de una muerte anunciada. Tuvimos que demandar un marco tarifario en este país, y lo hacemos porque aquí no se trata de si Colombia necesita una reforma, sino de cómo se implementa: sin el rigor técnico, la seguridad jurídica ni el tiempo que las empresas requerían para proteger a los usuarios y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos”.

Insistió en que el país sí necesita este tipo de revisiones y recordó que esos marcos se expiden cada cinco o diez años. Aun así, afirmó que “no lo hemos discutido como se tenía que discutir” y cuestionó que “por ideología se había decidido que el marco tarifario tenía una función: bajar tarifas. Y los marcos tarifarios no están para eso”.

Por qué el gremio prevé aumentos en las tarifas

Según el análisis del gremio, las empresas ya operan con una estructura de costos de referencia de 2014. El nuevo marco obliga a recalcular esos costos con precios de 2024 y 2025, lo que implica un ajuste al alza desde la base misma de la metodología.

A ese cambio se suman nuevas exigencias obligatorias, como:

• Inversiones ambientales.
• Gestión del riesgo.
• Estándar de pérdidas de máximo cuatro metros cúbicos por suscriptor al mes.

También se incorporan, desde enero, planes de sostenibilidad, de obras e inversiones y de reducción de pérdidas de agua.

Andesco sostiene que el efecto no será uniforme porque el cálculo depende de los costos de operación de cada empresa, del número de suscriptores y de la región donde presta el servicio. Sánchez explicó que “no todos los incrementos van a ser del mismo valor, sino van a ser de manera diferente porque cada uno tiene economías de escala diferente”.

Añadió que el cargo fijo tiende a mostrar mayor estabilidad, mientras el cargo por consumo puede cambiar cada año. Ese comportamiento depende del Plan de Obras e Inversiones Regulado (Poir), de la entrada y salida de activos y del recálculo anual del componente de inversión.

Para el dirigente, el origen del problema no está en una decisión empresarial aislada. “El responsable de incremento de las tarifas no son las empresas, es el utilizar este marco tarifario tal como está escrito y que va a tener unas implicaciones negativas por no haber oído la parte técnica”, afirmó.

Impacto previsto para empresas y usuarios

Camilo Sánchez señaló que la medida alcanza a 188 prestadores. También dijo que “11 millones de personas van a estar de usuarios y 34 millones de personas van a tener esa implicación”. Advirtió que poner en riesgo la suficiencia financiera de las empresas puede afectar a mediano y largo plazo la calidad y continuidad del servicio. Ese efecto recaería sobre millones de usuarios en un marco que aplica de manera predominante a los cascos urbanos.

Aseguró que varias empresas prefieren no aplicar el tope tarifario que permite el nuevo esquema. Según su explicación, esa decisión busca proteger a los usuarios mientras todavía faltan ajustes que entrarán en vigor a principios del próximo año y en 2028.

Sánchez describió el ambiente dentro del sector en estos términos: “Todas las empresas me están llamando a mí diciéndome: ‘Estamos angustiados porque todos queremos cumplir’, pero es que los tiempos no dan para que esto se dé y, por consiguiente, las malas decisiones que se tomen en ese proceso pueden ser implicaciones para las empresas, para el funcionamiento y para los usuarios”, lamentó.

Demanda en el Consejo de Estado y críticas al trámite

La demanda presentada ante el Consejo de Estado pide una medida cautelar urgente para suspender la entrada en vigencia del nuevo marco mientras ese tribunal decide de fondo sobre la nulidad. El punto central del reclamo es que la CRA fijó un plazo que Andesco considera insuficiente para aplicar de forma adecuada la nueva metodología.

El gremio sostiene además que el texto definitivo no coincide con el proyecto sometido a consideración de prestadores, usuarios, municipios y otros interesados. Según el mismo, la resolución incorporó cambios que nunca se evaluaron ni discutieron con el sector y eso afecta la seguridad jurídica de usuarios y empresas.

Otro de los reparos apunta al tiempo de transición. Andesco señala que esta vez hubo apenas tres meses de implementación, mientras los marcos anteriores tuvieron periodos de entre nueve meses y un año.

Camilo Sánchez criticó que “siempre fueron entre nueve meses y 12 meses. Y en este caso específico quisieron hacerlo en dos a tres meses...”. Para el dirigente, los incrementos que puedan aparecer responden a la metodología definida por el regulador y no a decisiones discrecionales de las compañías.

El presidente de Andesco también cuestionó el proceso de participación ciudadana. “Ese trámite de participación ciudadana, ha dicho la Corte Constitucional, es una de las garantías más importantes que tienen tanto los usuarios como las empresas en un sector tan regulado como el de servicios públicos. Pero resulta que cuando se expide esta resolución definitiva, a finales de marzo, nos encontramos que el proyecto que fue publicado y que se expidió no coincide en temas muy de fondo, muy importantes frente al proyecto que se publicó para participación ciudadana”.