El representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui hizo público el miércoles 1 de julio un certificado del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) que autoriza vigencias futuras excepcionales por cerca de $13 billones para 19 proyectos del sector defensa entre 2027 y 2034. Por ello, pidió que el Gobierno entrante revise su sustento técnico antes de iniciar contrataciones que dejarían comprometido gasto público hasta la siguiente década.
Según el análisis divulgado por el congresista, la distribución temporal de esos recursos podría dejar comprometidas de manera lesiva las finanzas de la nación, pues cerca de $6,2 billones tendrían que ejecutarse durante el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella entre 2027 y 2030, mientras otros $6,8 billones quedarían programados para la administración siguiente, entre 2031 y 2034; lo que dejaría amarrados importantes recursos del Estado.
En el documento enviado a Infobae Colombia se puede precisar que la concentración de recursos destinados a la cartera es en la vigencia del 2031, año en el que la inversión anual supera los $3 billones. Para Uscátegui, ese volumen muestra que la decisión fiscal excede el próximo cuatrienio y condiciona la planeación financiera del sector defensa durante ocho vigencias consecutivas, por lo que encendió las alertas frente a lo que será el plan trazado por el presidente Gustavo Petro.
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El certificado compartido por el congresista de la oposición fue expedido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal y en el mismo se deja constancia de que el organismo autorizó el 2 de junio de 2026 el cupo para que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional adelanten distintos procesos de contratación de proyectos que fueron declarados de importancia estratégica, a través del documento Conpes 4187 de 2026.
Gobierno Petro dejará contratos de proyectos que se pagarán hasta 2034
En su pronunciamiento, el representante por Bogotá sostuvo que la discusión no pasa por frenar el fortalecimiento de la fuerza pública, sino por revisar si las prioridades definidas meses atrás siguen ajustadas al escenario de seguridad actual. “Nadie discute que Colombia necesita unas Fuerzas Militares y una Policía más fuertes, modernas y mejor equipadas. Ese no es el debate”, remarcó de entrada el congresista, hijo del general (r) Jaime Humberto Uscátegui.
A su juicio, lo que corresponde ahora es verificar que las prioridades definidas siguen respondiendo a las amenazas que enfrenta hoy el país. “Si el Gobierno saliente está convencido de que estos son los proyectos que Colombia necesita, no tiene por qué apresurar procesos contractuales en las últimas semanas de su mandato. Lo transparente es permitir que el Gobierno entrante revise primero su sustento técnico, operativo, estratégico y presupuestal”, afirmó el político.
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En ese orden de ideas, Uscátegui habló de la necesidad de una revisión profunda durante el proceso de empalme, que arrancará de manera formal el jueves 2 de julio, y pidió al equipo del presidente electo requerir de manera formal al Gobierno nacional los estudios de necesidad, las evaluaciones operacionales, los análisis de costo-beneficio, la metodología de priorización y, en consecuencia, los conceptos técnicos que respaldaron la autorización de los mismos.
Así pues, reveló que el certificado del Confis autoriza el cupo presupuestal, pero advirtió que el documento no incorpora los estudios técnicos, operacionales y financieros que expliquen por qué se escogieron esas capacidades y no otras. Con ello, las consecuencias que plantea son de orden político y fiscal, pues el Gobierno entrante recibirá una programación ya aprobada para proyectos de defensa que se extenderán hasta 2034, y en los cuales no tuvo decisión.
El congresista agregó en su exposición que la revisión es necesaria antes de cualquier contrato porque, a su juicio, el contexto de seguridad cambia con rapidez. “Las amenazas evolucionan mucho más rápido que los planes de inversión. Precisamente por eso, antes de contratar, el Gobierno entrante debe verificar que las capacidades priorizadas hace varios meses siguen siendo las que realmente necesita hoy nuestra fuerza pública”, comentó Uscátegui frente al particular.
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Los 19 proyectos entre Armada, Ejército, Policía y Fuerza Aeroespacial que dejaría atados el Gobierno Petro
El documento, al que tuvo acceso esta redacción, se detalla que los 19 proyectos se reparten entre ocho iniciativas de la Armada Nacional, seis del Ejército Nacional, cuatro de la Policía Nacional y una de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Las líneas de inversión abarcan inteligencia y contrainteligencia, mando y control, comunicaciones, infraestructura, movilidad estratégica, capacidades navales, renovación aeronáutica y desarrollo tecnológico.
Entre los proyectos que están relacionados en el certificado se precisan el fortalecimiento de la capacidad de despliegue aéreo del Ejército Nacional, con asignaciones anuales desde 2027 hasta 2034. En esa programación, la vigencia del 2031 concentra una partida de $858.050.922.260, por encima de cualquier otro año del mismo proyecto; lo que causó especial cuidado en el congresista, que espera revisar en detalle estos números con el Gobierno entrante.
En otro de los rubros también figura el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, cuya curva de gasto sube en el año 2031 a $55.704.720.340, antes de descender en los años posteriores. A esa lista se suman la dotación de armamento y equipo especial para el soldado, la capacidad para el despliegue terrestre y la modernización del ecosistema de mando y control, en inversiones que dejarían comprometidos importantes recursos.
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En la Armada, por ejemplo, el proyecto de fortalecimiento de los medios navales para la protección de la soberanía nacional extiende recursos hasta 2034 y muestra un aumento marcado desde 2031, cuando recibe $239.736.345.389. Otro de los conceptos incluidos es la actualización de capacidades ofensivas, de vigilancia y sistemas electrónicos para las unidades navales, de acuerdo con lo expuesto por Uscátegui, que reiteró la necesidad de analizar cada ítem.
La Policía también tiene proyectos con ejecución prevista hasta 2034
En la programación reflejada en el certificado del Consejo Superior de Política Fiscal también se incluyeron iniciativas de la Policía Nacional. Una de ellas es el fortalecimiento de las misiones aéreas policiales en el territorio nacional, con apropiaciones desde 2027 hasta 2034 y una asignación de $288.227.300.000 en 2031. Además, el certificado incorpora el mejoramiento de la movilidad estratégica orientada al servicio de policía en el territorio nacional.
Todo esto, con recursos entre 2027 y 2031, y un proyecto de desarrollo tecnológico de la institución con partidas previstas entre 2027 y 2030. Frente a esto, el representante advirtió que el certificado autoriza el cupo de vigencias futuras, pero no permite establecer “cuáles amenazas específicas busca atender cada proyecto, qué metodología se utilizó para definir el orden de prioridades o qué alternativas fueron evaluadas antes de comprometer recursos públicos”.
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