A poco más de un mes del cambio de gobierno, este jueves 2 de julio de 2026 inició oficialmente el proceso de empalme entre la administración del presidente Gustavo Petro y el equipo del mandatario electo Abelardo de la Espriella, una transición que estará marcada por un ambiente de desconfianza, solicitudes de mayor transparencia y una amplia revisión del estado de las entidades públicas.
La primera reunión inició a las 10:00 a. m. en la Casa de Nariño y es el punto de partida de un proceso que, por ley, permitirá al gobierno entrante conocer la situación administrativa, financiera y contractual del Estado antes de asumir el poder el próximo 7 de agosto.
Ninguno de los dos mandatarios participará en este primer encuentro. Petro permanece en Roma cumpliendo una agenda internacional y, en su ausencia, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, fue designado como coordinador del empalme y presidente encargado.
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Del lado del gobierno electo estará el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien asumirá la coordinación de las mesas técnicas, ya que De la Espriella reiteró que no ingresará a la Casa de Nariño antes de su posesión.
La administración entrante llega a esta etapa con un equipo de cerca de 1.300 personas, distribuidas en 22 mesas técnicas encargadas de revisar los 19 ministerios, además del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Función Pública y Prosperidad Social.
Según información divulgada por El Colombiano, el grupo asegura haber avanzado cerca del 75% del diagnóstico mediante el análisis de información pública y la respuesta a múltiples derechos de petición.
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Aunque el proceso apenas inicia formalmente, el tono ya quedó marcado por las condiciones planteadas por el equipo de De la Espriella.
Entre las principales solicitudes está que todas las reuniones sean grabadas y públicas, que exista un canal permanente de comunicación entre los coordinadores del empalme y que cada entidad designe funcionarios responsables de suministrar la información requerida.
También pidieron que los documentos sean entregados bajo formatos estandarizados, con un cronograma previamente definido y protocolos especiales para el manejo de información reservada o estratégica.
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Además, anunciaron que invitaron a la Procuraduría General y a la Contraloría para que acompañen todo el proceso como garantes de la transparencia.
Desde el Gobierno nacional, Ávila respondió que el empalme se desarrollará estrictamente dentro de los parámetros establecidos por la ley y descartó cualquier escenario de cogobierno durante las semanas previas al cambio de administración.
Al llegar a la Casa de Nariño, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo envió un mensaje al gobierno del presidente Gustavo Petro, al insistir en que el proceso de empalme debe estar marcado por la transparencia y la entrega completa de la información.
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“Requerimos absoluta transparencia, compromiso y entrega de información de parte del Gobierno actual”, afirmó. Además, reiteró que espera que todas las reuniones sean “públicas, transparentes y grabadas para toda la sociedad”, al considerar que los colombianos deben conocer cómo recibe el nuevo gobierno el Estado antes de la posesión del próximo 7 de agosto.
Al término de la primera reunión de empalme, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo reiteró que el proceso no será un trámite protocolario, sino un ejercicio de verificación sobre la situación real del Estado. “Gobernar hasta el último día no significa comprometer el Estado”, afirmó, al señalar que el equipo entrante mantendrá especial atención sobre contratos de largo plazo, contrataciones aceleradas, cambios en las plantas de personal y nombramientos de última hora.
También confirmó que todas las reuniones de las mesas técnicas serán grabadas, se levantarán actas y la información será publicada a través del Departamento Nacional de Planeación, con excepción de los asuntos que tengan restricciones por razones de seguridad nacional.
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Además, explicó que el empalme se desarrollará en dos etapas: una primera de entrega de información por parte del Gobierno saliente y una segunda para formular solicitudes adicionales y aclarar los datos recibidos. “La construcción de la patria milagro siempre ha significado y significará verdad y transparencia en la información”, concluyó.
Los principales focos de revisión
El gobierno electo ha anunciado en el pasado que concentrará buena parte de su trabajo en la ejecución presupuestal, la situación de las finanzas públicas, la contratación estatal y los nombramientos realizados en las últimas semanas por la administración Petro.
Según Restrepo, las 22 mesas técnicas contarán con herramientas de inteligencia artificial para organizar y analizar la información suministrada por las entidades.
Uno de los aspectos que refleja el ambiente de desconfianza es la estrategia paralela que adoptó el equipo entrante para recopilar información. El senador electo Enrique Gómez, cercano a De la Espriella, explicó que fueron radicados 167 derechos de petición ante entidades del nivel central con el propósito de contrastar los datos que entregue el Gobierno.
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“Desde Salvación Nacional hemos presentado 167 derechos de petición a todas las entidades del nivel central porque no vamos a permitir que se oculte el cáncer de la corrupción”, afirmó.
Entre los sectores que recibirán especial atención figura el Ministerio de Defensa, debido a decisiones recientes relacionadas con la compra de equipamiento militar que, según Restrepo, representarían inversiones de entre 8 y 13 billones de pesos.
El vicepresidente electo también manifestó inquietud por varios nombramientos provisionales realizados en la Cancillería, al considerar que podrían buscar mantener funcionarios cercanos al actual gobierno en cargos estratégicos antes del cambio de administración.
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La transición entre gobiernos está regulada por la Ley 951 de 2005, que obliga a los altos funcionarios del Estado a entregar informes completos sobre la situación financiera, administrativa, jurídica, contractual y operativa de las entidades bajo su responsabilidad.
Con esa documentación, el gobierno entrante tendrá 30 días hábiles para revisar la información, verificar su correspondencia con la realidad institucional y formular las observaciones que considere pertinentes.