El partido Comunes, surgido tras el Acuerdo de Paz con las extintas Farc, reconoció la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia y fijó una línea política que combina respeto por el mandato ciudadano con una advertencia de fondo: la implementación de lo pactado en 2016 no depende del nuevo gobierno, sino de una obligación del Estado.
En su declaración política, la colectividad sostuvo que los resultados de las presidenciales “abren un nuevo momento político para el país” y afirmó que mantendrá su actuación “desde la autonomía política” y con el compromiso de seguir en la construcción de una Colombia “más justa, democrática y en paz”.
El partido introdujo, además, un dato concreto para medir el costo del proceso de reincorporación: dijo que los firmantes del acuerdo han cumplido con dejar las armas, volver a la vida institucional y participar en democracia “muy a pesar de más de 480 asesinados”.
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Comunes señaló que el Gobierno del presidente electo expresa “una visión política diferente” a la suya, aunque dijo respetarla como parte de sus convicciones de paz. A partir de esa diferencia, ubicó el diálogo, la defensa de la institucionalidad y la ejecución del acuerdo como los ejes de su posición frente al nuevo ciclo político.
Comunes reconoció el triunfo, pero reclamó que se cumpla el Acuerdo de Paz
La declaración combina reconocimiento electoral y exigencia institucional. “Como Partido Político Comunes reconocemos ese mandato ciudadano”, afirmó la organización, antes de reiterar su disposición a contribuir en la vida pública desde su propia autonomía.
La fuerza política planteó que el punto central no es la afinidad con el nuevo mandatario, sino el alcance jurídico y político del pacto firmado en el Teatro Colón. “Contribuir a la materialización del Acuerdo Final de Paz” sigue siendo su horizonte, indicó, porque ese compromiso “es del Estado colombiano y no de un gobierno en particular”.
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Comunes agregó que la implementación integral del pacto hace parte de la hoja de ruta para consolidar la reconciliación nacional, ampliar la democracia, garantizar derechos y cerrar los ciclos de violencia. En esa misma línea, sostuvo que el acuerdo integra el marco constitucional que orienta la actuación estatal y que cumplir la Constitución implica también cumplir de manera integral lo pactado.
En el tramo más duro del pronunciamiento, la colectividad defendió la conducta de los firmantes del acuerdo y rechazó que se los asocie con actores que hoy siguen ejerciendo violencia. Según expresó, quienes suscribieron el pacto han honrado la palabra empeñada al desarmarse, reincorporarse a la institucionalidad y actuar dentro de la normatividad vigente.
El partido cuestionó de manera directa “los intentos de equiparar a quienes han honrado el Acuerdo con quienes ejercen la violencia utilizando el nombre y símbolos de las extintas Farc -EP”. A su juicio, ese tipo de mensajes tergiversa la verdad, deslegitima el proceso de reincorporación y promueve agresiones contra los excombatientes.
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Comunes recordó que las Farc-EP “se desarmó y desmontó en 2016”, y usó ese dato para trazar una frontera política y jurídica entre la antigua guerrilla que firmó la paz y cualquier estructura que invoque hoy su nombre o sus emblemas.
La declaración también definió el campo de acción que la organización dice sostener en esta nueva etapa. Su iniciativa política, indicó, seguirá enfocada en el acompañamiento a la implementación del acuerdo, las garantías para los firmantes, la protección de liderazgos sociales, los derechos de las víctimas y el ejercicio de la justicia para la paz, la reparación y la no repetición.
En ese marco, la colectividad afirmó que estará en el ejercicio de la política “al lado del movimiento social”, además de acompañar a las comunidades en sus luchas democráticas y reivindicativas. El documento añade que su compromiso seguirá expresándose en el fortalecimiento de la organización colectiva, la conciencia ciudadana y la movilización democrática y pacífica.
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