Escándalo por presuntos acuerdos del Gobierno con el Clan del Golfo podría abrir revisiones en Estados Unidos para incluir nuevos nombres en la Lista Clinton

El reciente escándalo en Colombia por presuntos acuerdos entre funcionarios del Gobierno nacional y el Clan del Golfo, la mayor estructura criminal dedicada al narcotráfico en el país, revelado en su momento por Noticias Caracol, ha trascendido el ámbito político nacional y podría tener repercusiones legales en Estados Unidos.

Esto se debe a que este grupo criminal figura en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), también conocida como la Lista Clinton, un instrumento de sanción estadounidense que castiga a quienes facilitan actividades de narcotráfico mediante la congelación de activos y restricciones legales.

Bajo ese contexto, el escándalo por los supuestos acuerdos con el Clan del Golfo ya no se limita al plano político en Colombia y podría derivar en revisiones ante la justicia de Estados Unidos, según advirtió Andrés Jiménez, exdirector de finanzas criminales de la Fiscalía, en diálogo con Semana.

La posible consecuencia en Estados Unidos sería la apertura de averiguaciones o procesos penales si las autoridades consideran que hubo una contribución material a la expansión del narcotráfico internacional. Jiménez vinculó ese riesgo con la orden ejecutiva 14059, firmada en 2021 por el presidente Joe Biden para fortalecer sanciones contra el narcotráfico.

La advertencia recogida por el medio citado parte de que los supuestos acuerdos con integrantes de esa organización criminal podrían entenderse como un favorecimiento. Esa evaluación, según el exfuncionario, podría llevar incluso a procesos penales en ese país.

El sustento de las posibles sanciones

Para sustentar esa advertencia, el exdirector de finanzas criminales de la Fiscalía aludió a la mencionada orden ejecutiva 14059 y sostuvo: “En ese año (2021) el presidente Biden expidió una orden ejecutiva que fortalece el programa de sanciones contra el narcotráfico. Es importante porque esa orden ejecutiva sanciona a las personas que contribuyeron materialmente con sus acciones para la expansión del narcotráfico internacional o pusieran en riesgo la expansión del narcotráfico internacional”.

Además, añadió que el Clan del Golfo fue incluido en la Lista Clinton.

A partir de ese punto, cualquier actividad que favorezca a ese grupo al margen de la ley podría entenderse, según los expertos citados, como un riesgo de expansión de actividades ligadas al narcotráfico y, por tanto, como materia de investigación para Estados Unidos.

Los funcionarios mencionados y la investigación disciplinaria

El viernes 24 de octubre de 2025, el presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer, el hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la llamada Lista Clinton, bajo la orden ejecutiva 14059.

• Gustavo Petro: el gobierno de Estados Unidos señaló que, desde su llegada a la presidencia, la producción de cocaína en Colombia alcanzó niveles históricos. El Departamento del Tesoro lo acusó de permitir el fortalecimiento de los carteles de droga, de negarse a frenar sus actividades y de beneficiar a organizaciones narcoterroristas.
• Nicolás Petro Burgos: hijo del presidente, fue designado formalmente por proporcionar o intentar proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico a Gustavo Petro. En Colombia enfrenta un proceso judicial por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, bajo la sospecha de haber canalizado fondos de personas vinculadas al narcotráfico hacia la campaña presidencial de su padre.
• Verónica Alcocer: la primera dama, también fue incluida bajo la figura de haber ofrecido asistencia, bienes o servicios en respaldo a Gustavo Petro. El reporte técnico citó, además, su designación inconstitucional como embajadora en misión especial, un nombramiento posteriormente anulado por la justicia colombiana.
• Armando Benedetti: fue señalado como colaborador clave en el entramado de apoyo al mandatario. La inclusión en la lista se basó especialmente en los audios filtrados en 2023, donde Benedetti aseguraba haber gestionado $15.000 millones para la campaña electoral de Petro, en medio de supuestas irregularidades financieras.

Sobre las revelaciones del noticiero colombiano relacionado con los diálogos de paz entre el Gobierno nacional con el Clan del Golfo, el exdirector de finanzas criminales de la Fiscalía Andrés Jiménez planteó una hipótesis sobre su posible efecto ante autoridades estadounidenses.

“Esto que nos reveló Noticias Caracol era conocido por los Estados Unidos y pudo haber sido el fundamento para la inclusión del presidente, si no lo conocían, entonces puede ser tomado como fundamento para no sacarlo”. Jiménez también extendió esa advertencia a otros funcionarios mencionados en esas revelaciones.

“Aquellos funcionarios que participaron en esas negociaciones que claramente desbordan lo que podían hacer aquellas personas al amparo de operaciones de inteligencia o inclusive en el marco de una negociación sacando generales, jugando a los congelados, puede llegar a ser tomado por los Estados Unidos como esa contribución material para la expansión del narcotráfico; seguramente estarán mirando muy atenta”.

Este jueves 25 de junio, la Procuraduría informó la apertura de una investigación disciplinaria sobre quienes aparecen mencionados en este escándalo de beneficios y acuerdos con esa organización criminal.