La exsenadora María Fernanda Cabal expuso críticas sobre algunos observadores electorales internacionales que acompañarán los comicios del 21 de junio en Colombia (segunda vuelta presidencial). De acuerdo con la congresista de la derecha, su presencia en las mesas de votación significaría un “peligro para la democracia”.
“Nuestra democracia colombiana está en peligro. Por eso quiero presentar ante el CNE (Consejo Nacional Electoral) esta información sobre observadores electorales que parecen, más bien, por sus antecedentes y su pasado, agitadores. Nosotros enfrentamos hoy amenazas de violencia poselectoral”, dijo.
En el listado que publicó en su cuenta de X, mencionó a más de 20 personas que, a su juicio, deberían ser investigadas y hasta expulsadas. Afirmó, incluso, que algunas de ellas hacen parte del frente Francisco de Miranda.
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Entre los ciudadanos que enlistó están Victoria Donda, Gabriel Fuks, Lizbeth Guerrero, Elsy Damaris Hoyos Olivan, Yosef El Bakali Mateos, Erika del Valle Farías Peña, Ana Maldonado, Marifred Susana Rodríguez Mendoza, Ysis Elianny Cordero Jiménez, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Luiza Calvette, Verónica García y José Darío Mendoza González.
En consecuencia, Christian Rodríguez, jefe de Misión del Observatorio Electoral de Cohesia (Francia), y Filip Ristic, integrante de la Misión de Observación Electoral de Cohesia, emitieron un comunicado dirigido a la opinión pública, a los organismos de derechos humanos, al CNE, y a la Misión de Observación Electoral (MOE). En el documento, revelado por el periodista Gonzalo Guillén, rechazaron las declaraciones de María Fernanda Cabal.
Aseguraron que estaría impulsando una campaña de desprestigio en contra de los observadores electorales y de poner en riesgo su integridad. De igual manera, afirmaron que pretendería afectar una tarea que, desde su perspectiva, forma parte de las garantías de transparencia de las elecciones presidenciales.
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“Señala y estigmatiza a un grupo de observadores electorales internacionales debidamente acreditados ante el CNE, calificándolos como “observadores chavistas” y “agitadores” posiblemente ligados a “violencia postelectoral””, precisaron.
Denuncia de intento de expulsión sin pruebas contra observadores acreditados
De acuerdo con el pronunciamiento oficial, la solicitud que hizo Cabal de investigar y expulsar a los observadores internacionales desconoce el debido proceso y los procedimientos definidos por el CNE para su respectiva acreditación. Aseguraron que se trata de un acto de persecución política y de señalamiento público.
El texto agrega que las declaraciones se producen en un momento de alta tensión política previo a los comicios presidenciales. Según los observadores, ese contexto agrava el efecto de las acusaciones porque puede desacreditar una labor que la denuncia describe como legítima, imparcial y protegida por las normas colombianas y el derecho internacional.
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“Atenta contra la honra, el buen nombre, la seguridad y la labor imparcial de los observadores internacionales“, indicaron.
Además, recordaron que los señalamientos de Cabal surgieron en medio de un ambiente de alta tensión política previa a las elecciones presidenciales, los cuales tendrían como objetivo descalificar la labor que llevan a cabo los observadores en los comicios.
Así las cosas, expusieron un listado de peticiones, entre las cuales está que María Fernanda Cabal retire de inmediato las publicaciones cuestionadas y presente excusas públicas por sus aseveraciones. Esto, al considerar que sus afirmaciones amenazan la integridad física y moral de las personas a las que mencionó en sus redes.
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También pidieron al CNE y a las autoridades competentes que se pronuncien sobre la validez de la acreditación de los observadores señalados y que garanticen el ejercicio pleno de la observación electoral internacional.
De igual manera, solicitaron a organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional que hagan seguimiento al caso para proteger la integridad y el buen nombre de los observadores mencionados.
“Que se rechace cualquier forma de persecución, estigmatización o señalamiento infundado contra quienes cumplen una labor democrática y transparente, proporcionando debidos esquemas de seguridad para dichas misiones de observación”, añadieron.
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