A un día de la segunda vuelta presidencial, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a hacer campaña a favor de Iván Cepeda, pese a las medidas judiciales que le prohíben participar en política . Conforme a su postura, los colombianos el 21 de junio de 2026 podrán elegir entre un proyecto político que trabaje a favor de la lucha social u otro que recree el paramilitarismo en Colombia.
“Acaba una administración pública pero el pueblo decidirá. Lo que se ha construido aquí es más justicia social y un pueblo que se atreve a hablar. Siempre Colombia puede volver a la masacre del Aro y al silencio y a la soledad. Es una escogencia”, escribió en su cuenta de X.
En su pronunciamiento, en un evento desde Cali, el mandatario se refirió al caso y le pidió al expresidente Álvaro Uribe presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep), luego de que se conociera la apertura de una investigación formal en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación.
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“Yo le digo a Uribe que sirva es sumarse a esta tarima y nos damos un abrazo y nos vamos juntos a declarar ante la JEP las verdades que el pueblo necesita saber”, expuso .
El recurso legal que limita los apoyos políticos de Petro<b> </b>
Un juzgado de Medellín admitió una tutela contra el presidente Gustavo Petro y le ordenó, como medida provisional, abstenerse de usar canales oficiales para favorecer o perjudicar candidatos presidenciales o difundir denuncias de fraude electoral sin respaldo, una decisión que llega en la recta final hacia la segunda vuelta y que, si se incumple, puede derivar en sanciones por desacato.
La orden fue emitida por el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín, que concedió dos días a la Presidencia para responder a la acción presentada por el ciudadano Juan Diego Ríos Rojas. El despacho también exigió al jefe de Estado informar bajo juramento con qué fines utiliza la cuenta de X @petrogustavo.
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La medida cautelar dispone que, mientras se resuelve de fondo la tutela, el jefe de Estado no podrá emplear recursos, bienes, canales ni escenarios ligados al ejercicio de la Presidencia para difundir propaganda electoral o mensajes dirigidos a beneficiar o perjudicar aspirantes. La restricción abarca alocuciones oficiales, correrías políticas y eventos públicos en los que participé como presidente, tanto en Colombia como en el exterior.
La decisión judicial considera la cuenta @petrogustavo como canal oficial y la incluye de manera expresa dentro de la prohibición. También extiende la restricción a alusiones formuladas mediante analogías, símbolos, dicotomías o calificaciones con contenido electoral.
El despacho añadió otra limitación: Petro no podrá difundir afirmaciones sobre un eventual fraude de cara a la segunda vuelta si no cuentan con evidencia “sólida y razonable”. La providencia advierte que el incumplimiento de esa orden activa las sanciones previstas para los desacatos de tutela.
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La jueza Anny Carolina Goenaga Peláez sustentó la medida en un antecedente reciente del Consejo de Estado. Según la decisión, ese alto tribunal ya había ordenado al presidente Petro, mediante auto del 28 de mayo de 2026, abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos y movimientos políticos.
Para adoptar la cautela, la juez también valoró que el accionante aportó publicaciones periodísticas y mensajes de la cuenta @petrogustavo que, a su juicio, mostrarían que el presidente siguió haciendo referencias a la segunda vuelta presidencial incluso después de la orden impartida por el alto tribunal.
La jueza pidió informes sobre procesos por presunta participación en política
Además de las restricciones impuestas a Gustavo Petro, el juzgado ordenó oficiar a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que remita un informe sobre el estado de los procesos abiertos contra el presidente por presunta participación indebida en política.
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La solicitud también debe incluir lo ocurrido en la sesión del pasado 10 de junio de 2026, cuando la presidenta de ese órgano, la representante Gloria Arizabaleta, profirió un auto que ordenaba suspenderlo del cargo.
La jueza sostuvo que las intervenciones del primer mandatario en escenarios nacionales e internacionales, así como sus declaraciones en medios de comunicación, podrían comprometer el derecho de libre elección de los ciudadanos. Añadió que esas manifestaciones también podrían alterar las condiciones de igualdad entre los candidatos en la fase final de la contienda presidencial.