La investigación que se estaba adelantando en la Fiscalía General Penal Militar y Policial en contra del subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, jefe del esquema de protección del senador Miguel Uribe Turbay, precluyó luego de determinar que el atentado contra el entonces senador y precandidato presidencial fue resultado de una planeación “criminal y estructurada” que no estaba asociada con el equipo de seguridad.
A través de un comunicado oficial, la Fiscalía Penal Militar informó que la actuación del subcomisario Gómez durante el atentado ocurrido el sábado 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito del barrio Modelia, “se ajustó a los protocolos de protección y respuesta inmediata”.
De acuerdo con la Fiscalía, el subcomisario Gómez fue informado del evento político en ese punto pocas horas antes de su realización. Ante la notificación extemporánea, el oficial activó coordinaciones operativas con personal policial de la jurisdicción y articuló acciones con otros esquemas de seguridad presentes en el lugar.
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El material probatorio para sustentar las acciones que adelantó Gómez Velasco el día del atentado fueron sometidas a una verificación por parte del ente investigador que permitió concluir que el ataque contra el senador se programó con meses de anticipación, ejecutado por “una red delictiva con responsabilidades específicas, logística previa y determinadores concretos”.
En ese sentido, el hecho de que Uribe Turbay fuera atacado con arma de fuego —pese a toda la reacción operativa por parte del esquema de seguridad— obedeció a una operación de alta complejidad y “no a una conducta omisiva deliberada atribuible al jefe del esquema de seguridad”.
“La fuerza criminal de quienes venían planeando este magnicidio superó el esfuerzo del hombre de protección subcomisario Gómez Velasco”, dijo, citado por El Tiempo, el juez que lideró la audiencia de preclusión.
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Agregó que “el elemento subjetivo del delito de prevaricato por omisión no puede ser inferido a partir de apreciaciones subjetivas ni de la mera ocurrencia de un resultado lesivo, sino que exige prueba concreta que permita establecer la existencia de una voluntad consciente y deliberada de omitir el cumplimiento de ese deber”.
Al contrario, se estableció que el subcomisario Gómez “aplicó los protocolos de protección al cubrir con su cuerpo al senador y facilitar su evacuación, mientras otros integrantes del dispositivo de seguridad repelieron la agresión, neutralizaron al atacante y apoyaron el traslado urgente de la víctima a un centro asistencial”, se leyó en la comunicación oficial.
En contraposición a hipótesis y denuncias en contra del sistema de protección del senador Uribe Turbay, ante una presunta abstención o inoperancia de sus responsabilidades, las autoridades vieron que “las actuaciones desplegadas evidenciaron una reacción inmediata orientada a la protección de la vida e integridad del protegido”.
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La conversación y las risas entre dos implicados por magnicidio de Miguel Uribe en audiencia: “¿Cómo se siente?"
Durante una audiencia judicial relacionada con el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, dos de los implicados, Elder José Arteaga, alias El Costeño, y “El Hermano”, protagonizaron un episodio que generó indignación al intercambiar saludos y risas mientras sus micrófonos y cámaras permanecían abiertos.
El incidente ocurrió durante un receso de la diligencia, cuando ambos, señalados por la Fiscalía como coordinadores del ataque, conversaron de manera distendida pese a la gravedad del caso y la presencia virtual de las demás partes.
En medio del diálogo, alias El Costeño preguntó a su compañero por su estado, a lo que este respondió: “Encanado”. El intercambio incluyó referencias a las condiciones de reclusión, bromas sobre “buscar el sueño americano” y comentarios sobre la precariedad del sitio de detención.
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La intervención de uno de los abogados presentes solicitó prudencia ante la actitud de los capturados, recordando que la audiencia era pública y que familiares de la víctima se encontraban conectados.
El episodio tuvo lugar en la audiencia donde se evaluaba un preacuerdo entre la Fiscalía y Elder José Arteaga, que establece una condena de 26 años de prisión. La familia del senador solicitó al juez rechazar el preacuerdo, argumentando que la pena resulta insuficiente frente a la gravedad del asesinato del precandidato presidencial.