La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y ordenó su indagatoria por su presunta relación con las masacres de El Aro y La Granja, en un expediente que también lo vincula con concierto para delinquir agravado, homicidios en persona protegida y con haber facilitado y promovido la acción de un grupo armado ilegal que, según el proceso, habría tenido como base la hacienda Guacharacas.
Tras la decisión, Iván Cepeda, quien actúa como actor popular y apoderado dentro del caso, precisó en un comunicado que la decisión fue notificada ese mismo día dentro del trámite que adelanta la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Cepeda situó este paso en una causa iniciada por una denuncia presentada el 11 de abril de 2012 contra Álvaro y Santiago Uribe Vélez, Juan Guillermo Villegas y Santiago Gallón Henao por su presunta participación en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Según dijo, esa actuación llevó al ente investigador a reabrir la pesquisa contra el exmandatario y a reconocerlo a él como actor popular.
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El líder del Centro Democrático fue llamado a indagatoria, según informó Cepeda, por hechos que la justicia conectó con crímenes de lesa humanidad. La tensión central del caso es que la nueva decisión judicial avanza sobre la presunta relación de Uribe Vélez con estructuras paramilitares y con crímenes cuyas responsabilidades materiales e intelectuales, puntualiza el escrito, siguen en gran parte sin sanción.
La causa se conecta con crímenes declarados de lesa humanidad desde 2018
Iván Cepeda recordó que en 2014, cuando Uribe Vélez fue elegido senador de la República, la investigación pasó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El candidato por el Pacto Histórico agregó que esa corporación resolvió el 30 de mayo de 2018 declarar crímenes de lesa humanidad los delitos asociados a varias masacres y al homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
Esa decisión, conforme a lo expuesto en el comunicado, abarcó los hechos ocurridos en el municipio de San Roque, Antioquia, el 13 de julio y el 17 de septiembre de 1996; las masacres de los corregimientos de La Granja y El Aro, en Ituango, el 11 de junio de 1996 y entre el 22 y el 31 de octubre de 1997; y el asesinato de Valle Jaramillo, perpetrado el 27 de febrero de 1998 en Medellín, Antioquia.
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Dos fallos de la Corte Interamericana ubicaron la responsabilidad del Estado
Cepeda también enlazó la decisión del entr nvesrtigador con antecedentes ya establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). El político izquierdista agregó que, en la sentencia del 1 de julio de 2006 sobre el caso Masacres de Ituango vs. Colombia, el tribunal aceptó el reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano.
De acuerdo con ese fallo citado por Cepeda, el Estado violó derechos como la vida, la integridad personal y la libertad personal de víctimas ejecutadas, desaparecidas y desplazadas por paramilitares que incursionaron en esos corregimientos sin oposición de la fuerza pública. En efecto, sostuvo que la sentencia del 27 de noviembre de 2008 en el caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia declaró responsable a la Nación por la vulneración de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal del defensor asesinado.
Cepeda sostuvo que la mayoría de responsables siguen sin condena
En la parte final de su pronunciamiento, Cepeda afirmó que, hasta ahora, solo los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio han sido condenados por el asesinato de Valle Jaramillo. Sostuvo que los responsables materiales e intelectuales de esos crímenes no han sido identificados, judicializados ni condenados.
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Sobre la decisión conocida este día, dijo que “este llamado constituye un avance significativo en la lucha contra la impunidad y una esperanza para que las víctimas y la sociedad puedan obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición frente a estos graves hechos”.