Las interceptaciones sobre las elecciones en 2026 quedaron en el centro del caso contra Luis Evelio Navarro, alias el Tío, cuya captura fue legalizada la noche del jueves 18 de junio tras un operativo en Coyaima, Tolima.
Los audios de este presunto operador político y líder de la Segunda Marquetalia lo muestran hablando de orientar políticamente a comunidades, organizar reuniones electorales y habilitar un equipo político en Ataco, según conoció El Tiempo.
Las interceptaciones atribuidas a alias el Tío revelan, según el medio mencionado, conversaciones sobre reuniones políticas en el sur del Tolima, contactos con militantes locales del Pacto Histórico y apoyos logísticos para la votación.
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El material también incluye referencias a convocar población, evaluar si “la gente colabora” y dar orientación electoral, mientras las autoridades verifican esos audios para establecer su alcance.
Identificó al capturado como Luis Evelio Navarro, señalado como operador político y criminal de la Segunda Marquetalia, y precisó que fue judicializado junto con Yuritza Cabezas, alias Yuritza, y Nohora González, alias Gobernadora.
El expediente reúne decenas de interceptaciones y, de acuerdo con el diario, apunta a amenazas a votantes de cara a la primera y la segunda vuelta presidencial.
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El caso ubica esa presunta presión en municipios como Coyaima, Natagaima y Ataco, en el sur del Tolima. La fuente también menciona homicidios, masacres y extorsiones a empresarios, aunque las conversaciones sobre elecciones concentran la atención del proceso.
¿Qué dicen las interceptaciones sobre reuniones políticas en Tolima?
En uno de los audios fechados el 26 de enero de 2026, la voz atribuida a Navarro habla de un equipo político en la zona. La grabación, recogida por el medio citado, lo muestra diciendo: “Miremos si hacemos una reunión un poco amplia, con los muchachos de Santa Rita, invitar a Jorge Ortiz; una reunión política ya de elecciones ... Porque ya tenemos un reunión cuadrada en Ataco, con ‘Victorino’, directamente del Pacto Histórico (...) cuadramos una junta municipal del Pacto Histórico”.
Esa referencia a una reunión con militantes locales del Pacto Histórico, según el periódico, está en verificación. El material también sitúa a alias el Tío como interlocutor entre comunidades e integrantes de esa estructura armada para “orientarlos políticamente”.
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La presunta citación de población y la logística para la votación
En ese audio, la voz atribuida al señalado cabecilla afirma: “César es el que llama a toda la gente, a trabajadores, consigue los carros, coordina la comida para la votación el domingo”.
Las grabaciones también recogen alusiones a reuniones en veredas y a la respuesta de la población.
En una frase de construcción defectuosa, la voz atribuida al interlocutor dice: “Se la pasan hablando es del uribismo hasta la familia de él; esos de la familia son los primeros que por Abelardo y por Paloma. He estado haciendo reuniones en algunas veredas mirando a ver si la gente colabora o no colabora; que nada se pierde”, se escucha.
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En otra conversación, el mismo interlocutor habla de orientar a la gente y de ordenar nuevos encuentros. “Hay gente que toca orientar para esa situación, pero como yo no he tenido quien oriente así nada, porque la gente si me ha preguntado. Yo le hago una llamadita el domingo por la noche para ver si organizamos algo para el sábado o el otro domingo”.
Verificaciones y reacciones por la presunta injerencia electoral
La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, ya había denunciado la carnetización de campesinos por parte de disidencias de las Farc.
Esta sería la primera evidencia contra esa estructura armada por hechos ligados a amenazas a votantes de cara a las dos vueltas presidenciales. El senador Iván Cepeda, candidato de ese partido, rechazó cualquier constreñimiento electoral ejercido por grupos armados a favor de su campaña.
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Aseguró que ya denunció ante la Fiscalía 2 casos que han llegado a su campaña. El expediente también atribuye a Navarro la elaboración de panfletos amenazantes distribuidos en comunidades para generar zozobra, facilitar extorsiones y ejercer constreñimiento político.
Tras la legalización de las capturas, las autoridades verificarán el contenido de los audios para decidir si abren un expediente paralelo por constreñimiento y amenazas al elector.