La denuncia pública sobre la presencia de la abogada Laura Gallego Solís, también conocida en redes sociales como “Miss Bala”, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha reavivado el debate sobre la neutralidad y la confianza en las instituciones electorales en Colombia.
La polémica surgió tras un video de la creadora de contenido María Camila Arango, quien cuestionó abiertamente la idoneidad de la ex Señorita Antioquia para ocupar un cargo en el principal órgano de control electoral.
“¿Recuerdan a Laura Gallego, la ex Señorita Antioquia que perdió su corona y se hizo viral por su discurso de odio y su lenguaje excesivamente violento en contra de algunas personas de la izquierda de Colombia? Hoy Laura trabaja nada más y nada menos que para el despacho de Álvaro Hernán Prada, el presidente del Consejo Nacional Electoral”, afirmó Arango en su video de TikTok.
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Según la denuncia, Gallego no solo ocupa un puesto en el despacho de Prada, sino que también sigue creando contenido político a favor del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
“Mientras la ex Señorita Antioquia trabaja en el despacho de Prada, sigue generando contenido electoral a favor del candidato Abelardo de la Espriella y a su vez sigue fomentando su discurso de odio clasista, racista y arribista que tanto la caracteriza en contra del Pacto Histórico”, expuso Arango.
La creadora de contenido relató que, pese a que Gallego informó en su hoja de vida haber dejado un bufete de abogados en marzo, continúa vinculada a una empresa que presuntamente asesora la campaña presidencial de De la Espriella.
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Arango explicó que recurrió a un derecho de petición para aclarar la situación contractual de Gallego, pero el CNE no respondió en el plazo previsto, obligando a la intervención de un juez mediante una acción de tutela. “Acá también queda una duda y es por qué nos exigen también a la izquierda colombiana que confiemos en las instituciones, que creamos en instituciones como el Consejo Nacional Electoral o como la Registraduría, cuando evidentemente ocurren casos como estos”, cuestionó Arango.
Otro punto de crítica fue que Gallego realizó un crucero por Europa en mayo, costeado, según la denuncia, con el salario de casi o 8.000.000 de pesos que recibe del CNE. “No entendemos por qué no se encontraba en Bogotá en el cumplimiento de sus funciones, a pesar de que en la respuesta al derecho de petición dice que no tiene ni teletrabajo ni trabajo en casa”, agregó Arango.
Reacciones en redes sociales
Tras la denuncia, las redes sociales se llenaron de mensajes de incredulidad y molestia por la situación. Varios usuarios expresaron sus dudas sobre el acceso de Gallego a un cargo público y el monto de su salario. Entre los comentarios más frecuentes se leía: “¿Cómo consiguen de fácil esos puestos? ¿Concursó o hizo la fila?”, y también: “¿Una supernumeraria con casi 8 millones de sueldo?”.
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Las inquietudes sobre la imparcialidad del CNE también fueron tema central. “¿Y así que garantías electorales tenemos?”, escribió un usuario, mientras otro agregó: “Pero según tengo entendido mientras estén en ese puesto tienen que ser neutral y no estar haciendo política a favor de algún candidato”.
El escepticismo se extendió hacia el funcionamiento de la institución electoral: “Yo no confío en ese registrador”, opinó una persona, y otra cuestionó: “Viendo la campaña de Abelardo y lo que no ha hecho el CNE, ¿podemos realmente confiar en esa institución?”.
Prohibiciones legales y consecuencias para funcionarios del CNE
La controversia cobra mayor relevancia por el marco legal que rige a los empleados del Consejo Nacional Electoral. La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 127, junto con el Código General Disciplinario y las directrices de la Procuraduría General de la Nación, prohíben de forma expresa a los funcionarios del CNE participar en actividades políticas o de campaña. Estas normas impiden asistir a reuniones de campaña, pedir votos, repartir publicidad electoral y usar redes sociales para favorecer o atacar candidatos.
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El mandato es claro: quienes trabajan en el CNE deben mantener una neutralidad absoluta y limitarse, en materia política, al derecho al voto en las urnas. Hacer campaña o participar en política estando vinculado al CNE constituye una falta gravísima que conlleva a investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría, destitución del cargo e inhabilidades para ejercer cargos públicos, además de posibles sanciones penales por indebida participación en política, señala la normativa.
Hasta el momento, Laura Gallego no ha emitido declaraciones públicas sobre las denuncias ni sobre su situación laboral.