Un reciente y polémico caso de presunto abuso infantil ocurrido en Usaquén, en Bogotá, ha reabierto el debate sobre el funcionamiento del sistema de adopciones en Colombia y el papel que cumplen tanto el Estado como las instituciones autorizadas.
La viralización del episodio, donde vecinos denunciaron presunto abuso de un menor de 7 años en el balcón de un edificio en el norte de Bogotá, provocó una reacción inmediata de la comunidad y de las autoridades, que acudieron al lugar tras las alertas del 14 de junio.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, explicó que el informe de Medicina Legal descartó cualquier tipo de violencia sexual en el hecho que impulsó la movilización policial y la indignación vecinal.
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“No hubo violencia sexual”, respondió la funcionaria a Blu Radio. Sin embargo, el episodio marcó un quiebre en la etapa final de integración de tres hermanos con una pareja estadounidense, quienes atravesaban los últimos siete días del proceso de adopción.
La propia Cáceres relató que la hermana mayor debió traducir los insultos que la multitud dirigía a quienes los menores ya reconocían como “papás”, mientras intentaba defender la unión que habían logrado establecer. La revisión posterior incluyó exámenes médicos, verificación de derechos, informes a la Fiscalía y peritajes forenses, todo bajo la vigilancia de las autoridades competentes.
El ciudadano estadounidense, que había sido retenido, recuperó la libertad en la madrugada del 16 de junio, mientras que su esposa recibió acompañamiento de la embajada, sin que se divulgaran mayores detalles sobre su situación. El proceso de adopción, que llevaba casi tres años, quedó bajo revisión, afectando directamente el destino de los tres menores.
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El papel de las IAPAS y la supervisión estatal
Debido a esto se ha reavivado la discusión sobre el rol de las Iapas (Instituciones Autorizadas para adelantar Programas de Adopción). Según explicó Andrea León, ex subdirectora de adopciones del ICBF, en La FM, estas organizaciones son “instituciones autorizadas y supervisadas por el Icbf, y hacen parte del sistema de protección”. León insistió: “Las Iapas hacen parte del bienestar familiar, no son instituciones privadas”, y destacó que cuentan con licencia y acompañamiento estatal.
El proceso de adopción en Colombia, según detalló León, es de carácter público y está sometido a estrictos controles. “Son miles los pasos que se hacen antes de que una familia llegue al proceso de adopción”, afirmó.
La experta precisó que la revisión de las familias incluye la comprobación de antecedentes, documentación apostillada y evaluación de condiciones físicas, morales y sociales. El trámite inicia en el país de origen de la familia adoptante y continúa en Colombia con la validación del Icbf: “Es la subdirección de adopciones del Icbf quien revisa el dossier, valida toda la documentación y refrenda la idoneidad”. En los casos internacionales, la autorización incluye la intervención de entidades del país de origen, como el Departamento de Estado en Estados Unidos.
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León recalcó la importancia de no caer en falsas divisiones: “Lo primero es no seguir separando los procesos como si fueran privados o públicos. León aclaró que las Iapas cumplen “un papel complementario en un contexto donde hay alta demanda de adopciones”. Para ella, “cuando el Estado no es suficientemente capaz de atender la necesidad, las Iapas ayudan a complementar el proceso”.
Niños en espera y retos del sistema
El sistema colombiano cuenta actualmente con más de 3.000 niños, niñas y adolescentes declarados en adoptabilidad a la espera de una familia. De ese total, cerca del 67% corresponde a adolescentes entre 13 y 17 años, grupos de hermanos o menores con condiciones de salud y necesidades especiales. León subrayó: “Hay más de 3.000 niños que anhelan ser acogidos por una familia”, y de ellos, “más de 2.200 tienen más de 12 años”.
Durante 2025, se concretaron 692 adopciones, una cifra que, aunque representa historias de restitución de derechos, resulta insuficiente ante la cantidad de menores que permanecen en instituciones. Uno de los mayores retos no es solo la cantidad de familias interesadas, sino las expectativas con las que muchas de ellas llegan al proceso, como la preferencia por adoptar bebés o niños pequeños.
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La realidad es que la mayor parte de quienes esperan una oportunidad son adolescentes, grupos de hermanos o niños con características y necesidades especiales, perfiles que suelen quedar excluidos de las expectativas iniciales de muchas familias.
En Colombia, la ley permite adoptar a personas solteras, cónyuges conjuntamente, compañeros permanentes con convivencia de al menos dos años, colombianos o extranjeros y parejas homoparentales. Los trámites ante el Icbf son gratuitos, la adopción es irrevocable y el adoptado recibe los apellidos de los adoptantes, dejando de pertenecer a su familia biológica.
En cada caso, el ICBF investiga a fondo las condiciones personales y familiares para garantizar que cada niño o niña encuentre no solo un hogar, sino un entorno protector y definitivo.
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