Las operaciones de mantenimiento y perforación en los campos petroleros clave del Meta suman más de 48 días suspendidas, situación que significa una paralización profunda en la principal región productora de petróleo en Colombia. Empresas como Braserv, Independence, Serinco y Varisur, que prestan servicios para Ecopetrol en el corredor Castilla–Guamal–Acacías, están bloqueadas tanto sus bases técnicas como administrativas.
Por supuesto, los bloqueos en el departamento ocasionaron pérdidas en la producción, afectado los ingresos fiscales y amenazando la estabilidad de miles de empleos en el sector energético. De acuerdo con la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), la prolongada suspensión repercute sobre compañías especializadas, trabajadores directos e indirectos y autoridades municipales, mientras la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) y la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) advierten impactos en la cadena productiva, las finanzas públicas y la sostenibilidad energética del país.
La detención de actividades inició en los campos Akacías, Chichimene y CPO-09. En total, 16 equipos se encuentran inactivos en el Meta y uno más en Putumayo, informó Campetrol. El conflicto se originó por una solicitud de la Unión Sindical Obrera (USO), subdirectiva Meta, relacionada con la “habitualidad dominical” y la forma de liquidar ese beneficio. El sindicato considera que se liquidó de modo incorrecto y exige su pago retroactivo, situación que generó reclamaciones dirigidas a las empresas responsables de mantenimiento y perforación.
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Los bloqueos limitaron el despacho de bienes y restringieron el movimiento de personal crítico para las operaciones regionales. La ACP señaló que la situación persiste desde el 5 de junio, con afectaciones directas en Puerto Gaitán y consecuencias para comunidades y contratistas del sector.
Efecto sobre el empleo y las empresas
El impacto laboral ha sido inmediato e importante. Según Campetrol, 7.280 empleos resultaron afectados por la suspensión en Meta, con 1.120 trabajadores directos y cerca de 6.160 empleos indirectos dependientes de servicios de transporte, alimentación, logística y actividades conexas.
Además, unas 20 empresas especializadas han visto interrumpidas sus operaciones, condicionando la prestación de servicios estratégicos a la industria.
La ACP destacó que la extensión del conflicto pone en riesgo la continuidad laboral, el ingreso de contratistas y la economía familiar de los que dependen de la actividad petrolera en la región. Las dificultades logísticas y administrativas dejaron sin soporte a la inversión habitual en los municipios impactados, modificando la dinámica sectorial y la generación de empleo local.
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Impacto en la producción y en las finanzas públicas
Campetrol estimó que, durante los bloqueos, se impidió la producción de casi un millón de barriles de crudo, una baja que repercute en la generación de regalías, impuestos y dividendos clave para regiones productoras y para la financiación nacional.
La reducción de actividad también se refleja en los equipos activos:
- En mayo de 2026, operaron 91 taladros en Colombia, 22 menos que en el mismo mes de 2025, lo que supone una caída del 19,5%.
- De estos equipos, 60 desarrollaban mantenimiento y 31, perforación.
- El Meta mantuvo la mayor concentración de actividad, con entre 13 y 14 taladros, seguido de Casanare con nueve; otros departamentos registraron cifras menores.
- Según Acipet, la producción diaria promedio en el primer cuatrimestre fue de 736.694 barriles, un descenso del 1,36% respecto a 2025 y también inferior a la proyección oficial de 757.000 barriles.
- En abril, la cifra bajó a 724.910 barriles diarios y registró una caída del 2,1% frente a marzo.
La ACP remarcó que la continuidad de la situación también compromete la sostenibilidad fiscal nacional y el flujo de recursos públicos destinados a cerrar brechas sociales en municipios y departamentos petroleros.
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Llamado a solucionar el bloqueo
El presidente ejecutivo de Campetrol, Nelson Castañeda, señaló que “el bloqueo de los 16 equipos de mantenimiento de pozos en el departamento del Meta supera los 48 días y se mantiene a la fecha, ha generado impactos sobre trabajadores, sus familias, la operadora Ecopetrol, los municipios, el departamento del Meta y las compañías de bienes y servicios propietarias y operadoras de estos equipos”.
Añadió que la crisis “compromete la producción nacional acumulando pérdidas de casi un millón de barriles de petróleo, afectando la generación de regalías, impuestos y dividendos para la Nación”.
Hizo énfasis el dirigente en que las diferencias por interpretaciones normativas “deben tramitarse mediante los mecanismos institucionales establecidos en la legislación vigente” y advirtió sobre el riesgo de recurrir a “interpretaciones normativas unilaterales, sin soporte de autoridad competente”. Exhortó a fortalecer los mecanismos de concertación para alcanzar consensos entre los actores del sector.
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La ACP instó a las partes a buscar soluciones en el marco legal para evitar daños adicionales a trabajadores, cadenas productivas y a la economía del Meta y del país. Demandó respeto a la autonomía empresarial y la libertad de contratación y operación, y pidió a las autoridades garantizar el suministro energético y la protección del empleo regional.
Acipet, por su parte, enfatizó el descenso de la producción petrolera y resaltó que las cifras acumuladas en 2026 están por debajo de las metas oficiales y registros históricos.