Los tres menores involucrados en la denuncia viral contra un ciudadano estadounidense en el norte de Bogotá permanecen bajo protección del Estado y su proceso de adopción no está descartado, según confirmó la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, en declaraciones a El Tiempo.
El caso, ocurrido el 14 de junio, fue difundido inicialmente en redes sociales como un presunto abuso sexual. El video se viralizó rápidamente y llevó a la intervención de las autoridades, que acudieron al lugar para verificar la situación.
Cáceres aseguró que los niños, de cuatro, siete y 15 años, “están en buen estado de salud” y no presentan “indicios de maltrato ni de violencia sexual”, tras las valoraciones médicas, psicológicas y el seguimiento institucional realizado luego de su traslado al hospital Simón Bolívar y su posterior alta.
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Sobre el futuro del proceso de adopción, la funcionaria fue clara en que no se ha cerrado la posibilidad de que la familia estadounidense continúe el trámite. “La familia puede retomar el proceso si así lo desea”, afirmó Cáceres al medio citado, al explicar que la decisión dependerá también del análisis técnico de las autoridades y de la voluntad de los menores.
Actualmente, los niños permanecen en el sistema de protección del Icbf mientras equipos interdisciplinarios evalúan su situación emocional y el vínculo construido durante la etapa previa con la familia adoptante. Ese periodo es clave para definir si el proceso avanza o debe reorientarse.
Adopción estaba en fase final de integración antes de la suspensión
La adopción se encontraba en la fase de integración, una de las últimas antes de la decisión judicial definitiva. En esta etapa, los menores conviven con la familia bajo acompañamiento institucional. Según explicó la directora, “el proceso no quedó descartado tras la investigación”, lo que mantiene abierta la ruta de continuidad.
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Cáceres también subrayó que la prioridad es el bienestar de los menores por encima de cualquier trámite administrativo. En ese sentido, señaló que las decisiones se basarán en informes de defensores de familia, psicólogos y trabajadores sociales, quienes evalúan tanto la estabilidad emocional como el entorno de adaptación.
Sobre el caso en general, la funcionaria insistió en que las primeras hipótesis que circularon públicamente no corresponden con lo encontrado en las investigaciones. “Las entrevistas fueron consistentes entre sí”, indicó, al referirse a los testimonios que descartaron la existencia de violencia sexual.
Autoridades descartan abuso sexual tras valoraciones médicas y forenses
El caso tuvo un giro judicial y mediático tras la intervención de distintas autoridades, luego de la difusión de un video grabado por vecinos en el norte de la capital. En ese episodio, un ciudadano estadounidense fue inicialmente señalado por presunto abuso, lo que activó la actuación de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y el propio Icbf.
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Sin embargo, evaluaciones médicas y forenses posteriores, incluidas las del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no hallaron evidencia de violencia física ni abuso sexual en los menores.
Estos hallazgos coincidieron con los reportes iniciales de la red hospitalaria que atendió la emergencia bajo protocolo de protección infantil.
De acuerdo con la reconstrucción oficial, la situación que originó la alarma estaría relacionada con un episodio doméstico durante el almuerzo de los niños, en el que uno de ellos habría presentado una emergencia de salud.
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Las autoridades señalaron que el adulto lo habría trasladado a un espacio ventilado para ayudarlo a respirar, lo que fue interpretado erróneamente por testigos.
En ese contexto, el proceso de adopción internacional de los tres hermanos —que se encontraba en su fase final de integración con una pareja extranjera— quedó temporalmente suspendido, aunque no cancelado. La pareja, originaria de Texas, había superado evaluaciones de idoneidad y llevaba cerca de tres años en el proceso, según información entregada por el Icbf.
La directora Astrid Cáceres también advirtió en Blu Radio que el impacto del caso podría afectar la continuidad del vínculo. Incluso señaló que existe la posibilidad de que la familia “se arrepienta” o desista del proceso, aunque esto dependerá de la evolución emocional de los menores y de la evaluación institucional.
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