La solicitud de apartar al vicepresidente de Ecopetrol por investigaciones de corrupción ha creado un ambiente de tensión en la principal empresa estatal de Colombia.
La Veeduría por la Verdad y la Justicia reclamó la separación preventiva y temporal de Felipe Trujillo López, vicepresidente de la compañía, tras denunciar presuntas irregularidades en contrataciones por más de USD 2.000 millones durante el periodo de la Ley de Garantías.
La petición surge porque trabajadores de Ecopetrol alertaron sobre contrataciones apresuradas para mantenimiento y abastecimiento en la Refinería de Barrancabermeja, justo antes de las elecciones presidenciales.
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La Ley de Garantías impide contratos estatales de alto valor en estos periodos para proteger la transparencia institucional y evitar actos de corrupción.
Razones detrás de la solicitud de apartar a Felipe Trujillo
Luis Miguel Marimón Reyes, presidente de la Veeduría por la Verdad y la Justicia, expresó: “No puede ser que en plena ley de garantías, a menos de dos semanas de conocer quién será nuestro próximo presidente, se insista por parte de Ecopetrol en una contratación cercana a los USD 2.000 millones”, afirmó.
El directivo también cuestionó la urgencia de estos contratos y señaló que podrían haberse postergado hasta después de las elecciones para evitar dudas sobre sus verdaderos propósitos.
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Investigaciones sobre contrataciones y posibles vínculos indebidos
Las notas internas de la empresa y las denuncias ante la Fiscalía describen autorizaciones para contratos de mantenimiento y suministro en la refinería de Barrancabermeja. Se mencionan posibles vínculos indebidos con contratistas e informes elevados a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), organismo estatal que supervisa movimientos financieros inusuales en el país.
El organismo sostiene que, hasta el momento, no existen anuncios oficiales de investigaciones formales por parte de la Fiscalía o la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), aunque ambas han recibido las alertas pertinentes sobre los procedimientos.
Transparencia y garantías para la confianza pública
La veeduría solicita una indagación por parte de los entes de control para despejar opacidad. “Pedimos a los entes de supervisión, control y vigilancia las investigaciones respectivas, que se sepa qué está pasando con la contratación y que el vicepresidente de Ecopetrol… sea apartado del cargo inmediatamente de forma preventiva”, señaló Luis Miguel Marimón Reyes.
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Separar a Felipe Trujillo de forma preventiva buscaría asegurar que las investigaciones se realicen de manera imparcial y que la ciudadanía mantenga confianza en la figura de Ecopetrol.
La USO y Ecopetrol firman un acuerdo y cierran el conflicto colectivo
La USO y Ecopetrol cerraron a las 4:50 a. m. del sábado 13 de junio el conflicto colectivo iniciado en mayo, un acuerdo que puso fin a semanas de tensión y a un paro de 24 horas, y que, según la organización sindical, asegura estabilidad laboral, ajustes salariales, nuevas garantías para contratistas y financiación de proyectos sociales en regiones petroleras.
Antes del entendimiento, Ecopetrol activó un plan de contingencia nacional para sostener la continuidad de sus operaciones y el abastecimiento de combustibles en el país, mientras mantenía abiertas las conversaciones dentro de la etapa de arreglo directo, según el texto fuente.
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El conflicto había mantenido en vilo la operación de la estatal petrolera durante varias semanas de negociación.
Según la comunicación oficial de la Unión Sindical Obrera, el punto central del acuerdo protege el empleo de los trabajadores directos de Ecopetrol que cumplan 18 años de labores en la compañía. La organización también informó que se pactaron ajustes salariales para los empleados vinculados bajo el régimen legal.
El pliego presentado por el sindicato incluía aumentos salariales, estabilidad laboral, garantías para trabajadores directos y contratistas, además de medidas relacionadas con salud y con las condiciones del sector, según la USO.
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La organización venía manifestando inconformidad por la falta de avances en las conversaciones antes de convocar el cese de actividades por 24 horas.