El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Agmeth Escaf se pronunció luego de la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspenderlo provisionalmente de su cargo hasta el 21 de junio de 2026, como parte de una investigación disciplinaria por declaraciones contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
La medida fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, luego de una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia. El caso se origina en declaraciones emitidas por Escaf en una entrevista con Blu Radio, donde indicó que De la Espriella “se está comportando como (…) como lo decimos, como la perra de los Estados Unidos, como se comporta muchísima gente frente a este tipo de situaciones (…) Aquí es muy bravito, muy gritoncito y demás, pero se tiene que arrodillar ante Estados Unidos".
En respuesta, el congresista difundió un comunicado público en el que rechaza la suspensión y advirtió sobre lo que considera un precedente preocupante en el manejo de la libertad de expresión en el país.
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En su comunicado sostuvo que “en Colombia ya no se castiga la difamación y el perfilamiento: se castiga a quien se defiende”, al referirse a la medida adoptada por el Ministerio Público; y señaló que la decisión afecta directamente su ejercicio político, afirmando que la suspensión de su curul en la Cámara de Representantes por el Atlántico constituye, a su juicio, una medida que considera desproporcionada frente a los hechos investigados.
En su defensa, Escaf explicó que las expresiones que motivaron el proceso disciplinario no surgieron de manera aislada, sino como respuesta a acusaciones previas del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Según el congresista, se trató de un escenario de confrontación pública en el que decidió responder a lo que calificó como un acto de señalamiento.
En el documento, Escaf insistió en que las declaraciones del jurista incluyeron solicitudes dirigidas a instancias internacionales. En ese contexto, afirmó que De la Espriella pidió que se le incluyera en listas restrictivas, mencionando que “solicitó públicamente que se me incluyera en una lista como persona de dudosa reputación a quien debería retirársele la visa de Estados Unidos e incluso que se me incluyera en la llamada Lista Clinton (OFAC)”.
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El representante también cuestionó el enfoque de la actuación disciplinaria, señalando que el debate se habría centrado en sus palabras y no en el origen de la controversia. En ese sentido, planteó que “la principal preocupación de la Procuraduría y de la Red de Veedurías parezca ser el tono de mi respuesta y no la gravedad de las acusaciones que la originaron”.
Asimismo, Escaf relacionó el debate con el impacto de las acusaciones públicas en la vida de los funcionarios. En su comunicado advirtió que en el país el señalamiento ha tenido consecuencias históricas, afirmando que el perfilamiento ha sido utilizado para intimidar o afectar a personas señaladas sin pruebas.
Tras los señalamientos por presunta compra de votos, el congresista defendió la legitimidad de los resultados electorales en regiones como el Caribe, al señalar que estas dinámicas responden a procesos políticos históricos. Allí sostuvo que atribuir resultados electorales a irregularidades sin evidencia afecta la confianza en el sistema democrático.
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Escaf también defendió el sentido de sus declaraciones originales, al afirmar que estas se enmarcan en una lectura política del escenario electoral. En ese punto indicó que, aunque reconoce que pudo haber utilizado mejores formas, mantiene el contenido de su postura y aseguró que “no me retracto. Tengo derecho a defender mi nombre, mi honra y mi vida, así como la de mi familia”.
Finalmente, Escaf hizo un llamado a la ciudadanía a reflexionar sobre el impacto del señalamiento en la vida política del país. En ese contexto advirtió que “hoy somos nosotros los perfilados y a quienes pretenden amordazar, mañana pueden ser ustedes”, en referencia a las consecuencias del uso de acusaciones públicas sin pruebas dentro del debate político.