El choque entre dos embarcaciones en San Andrés dejó como saldo dos personas fallecidas y dos heridas, según confirmó la Dirección General Marítima (Dimar).
La tragedia se registró en el canal navegable de la isla, cerca del manglar y la estación de Guardacostas, cuando una lancha identificada como Mi Bonita 2 impactó contra el pontón turístico (embarcación de plataforma plana y espaciosa) Gold Fish, que realizaba un recorrido con catorce pasajeros a bordo, según medios como The Archipiélago Press y Noticiero Popular de las Islas.
La Autoridad Marítima Colombiana señaló que, tras la colisión, dos mujeres de nacionalidad extranjera sufrieron lesiones de gravedad. Fueron trasladadas de urgencia al Hospital Departamental, pero los esfuerzos médicos no lograron restablecer sus signos vitales. Los dos sobrevivientes heridos recibieron atención especializada en un centro asistencial local.
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El incidente ocurrió en horas de la tarde del miércoles 10 de junio de 2026. Apenas se recibió el reporte de emergencia a través del canal 16 de VHF marino, la Dimar y la Armada Nacional, por medio de la Estación de Guardacostas, pusieron en marcha los protocolos de respuesta. Se desplegaron unidades de reacción rápida y personal capacitado para evacuar a los afectados y asegurar la zona.
La Dimar lamentó la pérdida de vidas y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, manifestando además su solidaridad con las personas que resultaron afectadas. La entidad reiteró su compromiso con la seguridad marítima y la protección de la vida humana en el mar.
En respuesta a la emergencia, las autoridades acordonaron el área para dar inicio a una investigación exhaustiva con el fin de esclarecer las circunstancias exactas del siniestro, determinar si existieron fallas técnicas o imprudencia náutica, y adoptar las medidas que correspondan según la normativa vigente.
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Por otra parte, las operaciones de lanchas y pontones en San Andrés están sujetas a una estricta regulación impuesta por la Dirección General Marítima (Dimar), con el objetivo de proteger tanto a los pasajeros como al entorno marino. La normativa, respaldada por el Decreto 295 de 2013, establece lineamientos claros para la navegación y el transporte turístico en la isla.
Uno de los puntos centrales es el uso obligatorio de chalecos salvavidas, exigido a todos los ocupantes de las embarcaciones, con especial énfasis en los menores de edad.
Las inspecciones rutinarias en los muelles buscan asegurar que ninguna lancha exceda la capacidad permitida, reforzando así las medidas de seguridad antes de zarpar. Además, el consumo de bebidas alcohólicas está prohibido tanto para los pasajeros como para quienes operan las embarcaciones.
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En cuanto a la operación de los servicios turísticos, existe una regulación sobre los lugares de embarque y desembarque. El acceso directo a la arena, conocido como “emplayamiento”, está prohibido en cayos como Johnny Cay y Rose Cay; los pasajeros deben desembarcar únicamente en muelles habilitados. Esta exigencia pretende minimizar el impacto ambiental y evitar accidentes en zonas protegidas.
Las velocidades máximas también están estipuladas para proteger a los bañistas: el límite general en la bahía de San Andrés es de 10 nudos, mientras que en áreas críticas como White Watta y Spratt Bight se reduce a 5 nudos. Solo se permite la navegación de embarcaciones fuera de los canales reservados para deportes náuticos, siempre respetando los turnos y cupos autorizados.
En redes sociales, la comunidad local ha expresado inquietud por el incumplimiento de estas reglas. Algunos usuarios han cuestionado la responsabilidad de los operadores: “Estos dueños de esas embarcaciones, tiene es a muchos pelaos imprudentes trabajando. Que paguen, es un delito.
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Y demandan mayor control y profesionalización del servicio turístico: “Y entonces cuando se habla, de controles, de medidas de prevención, de profesionalizar el servicio turístico que se presta en la isla, muchos salen a rechazar las medidas”. Los comentarios apuntan a la frecuencia de incidentes y al exceso de velocidad, señalando la necesidad de sanciones más severas para quienes infringen la normativa.