Mercedes García de Cadavid, una mujer de 94 años, enfrenta la posibilidad de ser desalojada de la vivienda donde ha vivido toda su vida en la vereda San Andrés, en Girardota, Antioquia. La situación se deriva de una decisión judicial relacionada con una sucesión familiar y ha generado preocupación entre sus allegados, quienes advierten sobre el impacto emocional y físico que podría sufrir la adulta mayor.
El procedimiento estaba programado para ejecutarse este martes, pero fue aplazado gracias a la intervención de la Personería de Girardota y del Consejo Comunitario. Aunque la suspensión brinda un alivio temporal a la familia, el conflicto legal continúa abierto y la amenaza de desalojo sigue vigente, según información publicada por Caracol Radio.
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Los familiares sostienen que la señora Mercedes ha permanecido durante toda su vida en ese predio y consideran que obligarla a abandonar su hogar a los 94 años podría tener consecuencias graves para su bienestar. La mujer padece enfermedades como hipertensión, diabetes y artrosis, condiciones que, según sus seres queridos, hacen más delicada cualquier alteración en su entorno cotidiano.
El caso tiene origen en una sucesión familiar sobre un terreno ubicado en la vereda San Andrés. De acuerdo con la información conocida, Mercedes García de Cadavid posee una participación del 20 % sobre la propiedad, mientras que sus nietas son titulares del 80 % restante.
La controversia se intensificó luego de que las propietarias mayoritarias impulsaran un proceso de remate del predio y solicitaran la salida de la adulta mayor. La decisión derivó en una disputa familiar que hoy mantiene en vilo a quienes acompañan a Mercedes García de Cadavid.
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El origen de la disputa familiar
El terreno fue declarado por un juzgado como un bien proindiviso. Esta figura jurídica implica que la propiedad no está dividida físicamente entre los copropietarios y que todos tienen derecho a poseer y disfrutar el inmueble completo, aunque cada uno cuente con una participación diferente dentro del total.
Según la información entregada por la familia, el proceso de remate fue promovido por las nietas de la adulta mayor. Como propietarias del porcentaje mayoritario, decidieron avanzar con el procedimiento para que la participación minoritaria fuera compensada económicamente mediante el pago correspondiente al 20 % del valor de la propiedad.
La principal preocupación de los familiares no se centra únicamente en el litigio, sino en las consecuencias que tendría un eventual traslado para una persona de avanzada edad. Consideran que abandonar la vivienda donde ha construido toda su historia de vida podría afectar significativamente su estabilidad emocional y su estado de salud.
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“Es una persona de 94 años que ha vivido toda la vida en el terruño, que trabajó arduamente para mantenernos y para mantener el pedazo de tierra que tenemos. Y es una persona que ya hoy, con la edad que tiene y todas las enfermedades que sufre (hipertensión, diabetes, artrosis), representa una falta definitiva de humanidad sacarla de aquí”, afirmó Fabio Cadavid, hijo de la adulta mayor, citado por Caracol Radio.
La familia busca evitar que el caso llegue al desalojo
Aunque el procedimiento fue suspendido temporalmente, la familia reconoce que las opciones jurídicas para impedir el desalojo son limitadas. Según explicó Fabio Cadavid, la única alternativa disponible sería acudir ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la decisión.
No obstante, asegura que esa posibilidad resulta difícil de asumir debido a los costos económicos que implica continuar una disputa judicial que lleva varios años desarrollándose. Por ello, mantienen la esperanza de encontrar una solución que permita a la adulta mayor permanecer en el lugar que considera su hogar.
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El hijo de Mercedes también cuestionó la actuación de sus sobrinas, hijas de un hermano fallecido hace trece años. “Yo veo ahí inhumanidad, una falta de solidaridad absoluta, una falta de compromiso. Nosotros creemos que se está perdiendo hoy el núcleo familiar y las bases honestas. La gente actuando por lo material antes que por lo sentimental y lo espiritual”, expresó.
Mientras el proceso continúa, la familia ha convertido el caso en un llamado más amplio para que se fortalezcan las medidas de protección a los adultos mayores. Sus allegados insisten en que situaciones como esta obligan a reflexionar sobre el papel de las familias y la responsabilidad de garantizar condiciones dignas para quienes han llegado a la última etapa de su vida.
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