La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, generó un revuelo político, el 10 de junio, al emitir un auto que ordenó la suspensión de Gustavo Petro como presidente de Colombia. El procedimiento ordena la separación provisional del mandatario de sus funciones hasta el 21 de junio a las 4:00 p. m..
El documento se expidió bajo el argumento de una supuesta participación en política del mandatario ante la segunda vuelta de elecciones presidenciales, que tiene en contienda a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. La medida obliga al jefe de Estado a apartarse de sus funciones hasta el 21 de junio, amparada en la Ley 1952 de 2019, que regula las medidas cautelares en procesos disciplinarios.
No obstante, la decisión no fue debatida ni votada por la totalidad de la Comisión ni tramitada ante la plenaria de la Cámara de Representantes o el Senado, lo que generó dudas sobre la validez constitucional de la suspensión y su alcance real.
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Por supuesto, el mandatario, así como el ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionaron a la decisión. Petro la rechazó y aseguró que “es por tener un pensamiento diferente que intentan suspender, porque no he hecho intervención en política y lo he aclarado”. Y Benedetti señaló que el Senado de la República es el único órgano que puede suspender al jefe de Estado y afirmó que “en derecho” no existe la posibilidad de que la Comisión de Acusaciones suspenda al mandatario.
Asimismo, los representantes de los sectores productivos dieron su opinión de la situación. La presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, y el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, expresaron públicamente sus reservas respecto a la decisión de suspender de manera cautelar al presidente por la presunta participación en política. Ambos pidieron cautela y advirtieron sobre el riesgo de sobredimensionar el impacto jurídico y el trasfondo político de la medida, resaltando la importancia de ceñirse al proceso institucional colombiano.
Alerta sobre el impacto de amplificar la decisión
María Claudia Lacouture advirtió del peligro de sobredimensionar la medida. “Hay un riesgo evidente que no podemos ignorar: caer en la trampa. Sobredimensionar un acto sin efectos puede terminar dándole oxígeno al relato de persecución y victimización”, sostuvo.
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De igual manera, enfatizó en que el debate debe centrarse en el respeto a los mecanismos institucionales. “Que se investigue, que responda si violó la ley, pero no caigamos en la trampa, no mordamos la carnada”, expresó. Remarcó que una narrativa, aunque carezca de base jurídica, puede afectar a la sociedad si se reproduce constantemente.
“Una narrativa no necesita ser válida para hacer daño, le basta con que todos la repitamos”, puntualizó.
También reiteró la importancia de seguir los conductos regulares del proceso. “Hay elementos suficientes para exigir una investigación seria sobre la eventual participación del presidente en política. Eso se debe hacer con rigor y no con atajos”, explicó, al remarcar que, mientras no se agoten los procedimientos constitucionales, “no hay suspensión efectiva. Hay ruido con apariencia de decisión”.
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Inquietudes sobre la legalidad y motivación política
Por su parte, Bruce Mac Master, manifestó sus dudas sobre la legalidad y los motivos que rodean la suspensión. “Hay muchas voces que creen, me incluyo dentro de ellas, que el presidente de la República ha participado activamente en política y que no está facultado para hacerlo. Está por lo tanto teniendo incidencia en las elecciones”, señaló.
Planteó interrogantes acerca de la capacidad de la presidenta de la Comisión para ordenar la suspensión por sí sola. Expresó cuestionamientos sobre si existe facultad para decidir sin una acusación formal y consideró posible la existencia de motivaciones electorales tras la medida.
“Por decir lo menos, resulta muy sospechoso que una representante del pacto histórico haya decidido suspender al presidente de la República, o al menos haya decidido intentarlo”, adujo. Y planteó las siguientes preguntas:
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- ¿Se trata de una jugada política?
- ¿Es una cortina de humo?
- ¿Es un mecanismo de victimización auto inducida?
- ¿O se trata de que ella realmente está convencida que el Presidente le está haciendo daño al proceso electoral?
Advirtió el dirigente sobre la posibilidad de manipulación institucional en el contexto electoral. “Los ciudadanos estamos siendo sujetos de intenciones de manipulación del más alto nivel”, afirmó.
Consecuencias para el proceso democrático
Lacouture y Mac Master insistieron en que cualquier investigación sobre el presidente debe seguir el trámite constitucional integral. Lacouture subrayó que “ese camino no lo define una firma, un titular ni una tendencia. Lo fija la Constitución, la Comisión, la Cámara de Acusación y el Senado”.
La falta de procedimientos completos hasta el momento impide que la suspensión surta efectos jurídicos. Los hechos han incrementado la incertidumbre sobre el desarrollo del proceso electoral y el funcionamiento democrático en Colombia.
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Ambos líderes empresariales llamaron a evitar la proliferación de relatos políticos polarizantes y a actuar con responsabilidad institucional para garantizar el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad en Colombia.