El asesinato de Cristian Herrera, periodista y funcionario en la Secretaría de Seguridad de Cúcuta, ha reavivado las alarmas sobre los vínculos entre narcotráfico y poder político en Norte de Santander.
Herrera fue atacado a tiros por un sicario que lo esperaba afuera de la vivienda de un familiar. Además, 15 minutos antes, estaba realizando publicaciones en su cuenta oficial de X sobre procesos de extinción de dominio relacionados con un congresista electo y el narcotraficante conocido como “El Faraón”, según la recopilación de su investigación por medios como El Tiempo y El Colombiano.
La muerte de Herrera está ligada directamente a sus investigaciones sobre la relación entre el crimen organizado y congresistas en la región. El periodista divulgó información acerca de posibles medidas judiciales contra bienes de figuras políticas y criminales, situación que incrementó el peligro en torno a su labor y fue señalada como posible motivo del crimen.
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Investigaciones de Cristian Herrera sobre narcotráfico y política
Herrera investigaba bienes ilícitos y el flujo de millones de pesos vinculados a estructuras criminales en la frontera colombo-venezolana.
En la víspera del asesinato, publicó en su cuenta en X que un senador electo de Norte de Santander habría tenido problemas de visado por una condena, y que la Fiscalía, según él, habría iniciado un proceso de extinción de dominio sobre sus bienes, informó El Tiempo.
El trabajo de Herrera abarcaba investigaciones sobre bandas como Los AK-47 y Los Shottas, además de la intersección entre redes ilegales y campañas políticas locales.
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Tal como recogió El Colombiano, su cobertura documentaba casos en los que el crimen organizado se inmiscuía en la política regional.
La periodista Karina Yudex, colaboradora cercana, subrayó a El Colombiano la rigurosidad de Herrera en la reportería de El Catatumbo, donde “cruzaba bases de datos y testimonios de campo sobre el actuar de bandas y narcos”.
Las amenazas y las presiones aumentaron a medida que sus investigaciones alcanzaban a nuevos congresistas y figuras políticas de Norte de Santander.
El Faraón y los nexos políticos en Norte de Santander
Fuentes consultadas por El Colombiano, sigueindo la investigación de Herrera, describen a alias El Faraón como un “narco fantasma” vinculado con al menos 4 homicidios en la ciudad.
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Este individuo está acusado de encabezar operaciones de narcotráfico hacia Venezuela, empleando cédulas colombianas consideradas “sin requerimientos legales”.
La disputa por el control de Cúcuta involucra a 27 bandas criminales, de las cuales cuatro tienen presencia transnacional, de acuerdo con datos de la plataforma periodística Connectas.
En los meses previos, la labor investigativa de Herrera se centró en desentrañar la presunta alianza entre “El Faraón” y al menos un congresista, vínculo que, según fuentes recogidas por El Colombiano, generó alertas y tensiones internas en el partido involucrado.
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Luego de que Herrera aludiera a un congresista de la región en su mensaje en X, en el gremio periodístico local, explicó el periodista Gabriel Angarita, se interpretaba que sus referencias apuntaban de forma reiterada al senador electo Wilmer Carrillo, a quien describieron como uno de los políticos más cuestionados de la zona.
Angarita, en diálogo con El Tiempo, sostuvo que Carrillo tenía una condena en la Corte Suprema y tres investigaciones abiertas, y mencionó un presunto incidente en un aeropuerto por antecedentes judiciales; también afirmó que Herrera no le había comentado amenazas directas de ese congresista.
“(Carrillo) es el congresista más investigado de la historia de Colombia, pues tiene ya una condena en la Corte Suprema y tres investigaciones abiertas”, afirmó.
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Angarita también vinculó las publicaciones de Herrera con el representante electo Ariel Rodríguez, a quien calificó como “el más peligroso” y sobre el que señaló cuestionamientos graves.
Indicó que esas afirmaciones incluían menciones a un supuesto nexo con alias “Faraón”, pero aclaró que las autoridades no habían confirmado esos presuntos vínculos. Sí consignó que Rodríguez era investigado por hurto de mayor cuantía y por dos homicidios ocurridos en Cúcuta.
El medio agregó que Herrera repetía en sus trinos la frase “suenan las sirenas”, una alusión que, según sus fuentes, se conectaba con el apodo “sirenito” atribuido al representante.
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También reportó un trasfondo de disputa política: la esposa de Herrera trabajaba con el senador saliente Alejandro Carlos Chacón, señalado como rival de Rodríguez, y esa confrontación habría derivado en presiones laborales contra el periodista, quien se desempeñaba como asesor de la Secretaría de Seguridad de Cúcuta.
Angarita afirmó que en Cúcuta las intimidaciones alcanzaban a un promedio de 10 periodistas.
La periodista Ana María Saavedra señaló que Herrera había difundido denuncias como la de la viuda de un minero asesinado, quien mencionó a un político en el contexto del crimen.
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Estas publicaciones provocaron malestar en el ámbito político, mientras persistían versiones sobre la posible inhabilidad del congresista, según voces del periodismo local.
Repercusiones y denuncias tras el asesinato de un periodista en Cúcuta
Tras el crimen, la Alcaldía, la Gobernación y la Policía de la ciudad condenaron el hecho y ofrecieron una recompensa de hasta $100 millones a quien aporte información para capturar a los responsables.
Las autoridades y varias organizaciones expresaron su rechazo a la violencia contra la prensa y la necesidad de esclarecer el caso. Desde 2018, Cristian Herrera integraba la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), donde daba cuenta de los riesgos y solicitaba protección frente al aumento de amenazas a reporteros en Cúcuta.
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Su trabajo, el de Herrera, en investigación le significó desplazamientos constantes, un atentado previo y el exilio temporal en Chile por falta de garantías de seguridad.
El periodista y amigo personal Andrés González resaltó que Herrera era un profesional de “muchos datos y mucha información”, basando su metodología en fuentes directas y verificación en terreno, lo que le permitió realizar investigaciones pese a los riesgos y dificultades.
Las investigaciones siguen abiertas, mientras la comunidad periodística y defensores de derechos humanos insisten en la importancia de proteger a quienes revelan la conexión entre narcotráfico y estructuras políticas. Esta amenaza sigue latente en Norte de Santander y la frontera con Venezuela.