Luego de que se conociera que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta con más de 10 millones de votos, revelara su propuesta de que el dólar estadounidense sea la moneda oficial de Colombia, las opiniones sobre la misma ha generado bastantes diferencias.
Por un lado, el aspirante presidencial, en diálogo con el pastor Miguel Arrázola, manifestó que, aunque reconoce las dificultades que tendría dicha modificación, también destacó que la inclusión de la moneda extranjera facilitaría para que los colombianos posean cuentas bancarias con esta divisa, con el propósito de que puedan, en su visión, adquirir los bienes y servicios con mayor comodidad.
“Lo ideal para la economía colombiana es dolarizarla, pero eso es muy complejo. Una de las propuestas es que los colombianos puedan tener cuentas en dólares en Colombia para protegerse de la inflación”, declaró el candidato al líder religioso.
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No obstante, hay otros sectores que han cuestionado la iniciativa, como fue el caso del presidente Gustavo Petro que lo calificó como una “soberana estupidez”, y recordando que el peso colombiano se ha revaluado frente a la divisa norteamericana.
Pese a ello, ha surgido varias inquietudes sobre cómo sería el trámite legal para que Colombia ejerza el cambio de su moneda oficial.
Reforma Constitucional
Uno de los primeros pasos para que se formalice el traspaso del peso colombiano al dólar es su trámite correspondiente en el Congreso de la República.
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En caso de que el líder del movimiento Defensores de la Patria concrete su llegada a la Casa de Nariño el 7 de agosto, tendría que presentar un proyecto de Acto Legislativo con la que pueda derogar tres artículos de la Constitución Política de Colombia que actualmente blinda la soberanía monetaria.
Los artículos en cuestión que deberán ser modificados son el artículo 371 que define al Banco de la República como banca central y le entrega de forma exclusiva la emisión de la moneda legal; el 372 que establece que su junta directiva es la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia; y el 373 que obliga al Estado, por medio del banco central, a preservar el poder adquisitivo de la moneda.
El proyecto deberá pasar por ocho debates en el legislativo (cuatro en Senado y Cuatro en Cámara de Representantes), según la ley 5 de 1992 (Ley del Congreso).
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El siguiente paso sería modificar la Ley 31 de 1992, la ley orgánica del Banco de la República. Dicha reforma tendría que quitarle la autonomía en el manejo de las tasas de interés y de la emisión de moneda, y trasladar el control de la oferta monetaria a la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Uno de los pasos centrales sería fijar por ley una tasa oficial de conversión para pasar a dólares todos los activos y pasivos denominados en pesos. Esa conversión abarcaría depósitos bancarios, créditos, hipotecas, salarios y deudas públicas y privadas.
La dolarización también obligaría al Ministerio de Hacienda y a la Dian a reescribir el Estatuto Tributario y el Presupuesto General de la Nación. El recaudo de impuestos y la ejecución del gasto público pasarían a calcularse exclusivamente en dólares.
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La Superintendencia Financiera de Colombia también tendría que ajustar su regulación para exigir que los bancos comerciales mantengan encajes bancarios y reservas de liquidez únicamente en dólares. El cambio no sería solo nominal: alcanzaría la estructura de respaldo y funcionamiento de toda la banca.
De llegar a prosperar esa iniciativa, Colombia se convertiría en la cuarta nación de Latinoamérica en adaptar la moneda extranjera como oficial, después de Panamá, Ecuador y El Salvador.
Posición del Banco de la República
El debate sobre dolarizar la economía colombiana ya había sido examinado por el Banco de la República. En un documento de la sección Borradores de Economía de la Subgerencia de Estudios Económicos (2008), citado por el medio Vanguardia, concluyó que los costos de una dolarización financiera serían altos.
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“... Los costos de la dolarización financiera, entre los cuales se cuentan una mayor vulnerabilidad de la economía y los efectos en la credibilidad y autonomía de la autoridad monetaria, serían cuantiosos”, señala el estudio.
Se menciona un impacto negativo sobre la función de prestamista de última instancia, la supervisión del sector financiero, la política cambiaria y monetaria, así como sobre la reputación y la credibilidad del banco central.
El mismo documento sostuvo que esa decisión no se ajustaba a la estructura de la economía colombiana. “(...) basado en la revisión de la literatura y experiencia internacional sobre los determinantes y consecuencias de la dolarización financiera, este documento encuentra que una decisión en tal sentido no responde a las características y necesidades de la economía colombiana”, advirtió el Banco de la República en el oficio.
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Por el momento, la propuesta está en veremos, ya que todo dependerá del resultado electoral del domingo 21 de junio de 2026.