La Asociación Colombiana de Empresas de Tecnología e Innovación Financiera (Colombia Fintech), que agrupa a más de 365 empresas del ecosistema fintech colombiano, expresó su preocupación ante el proyecto de decreto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) que permitiría a los operadores postales captar y custodiar dinero del público por medio de cuentas postales.
La organización advirtió que la iniciativa podría habilitar actividades financieras sin los estándares regulatorios exigidos al sector bancario, a las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos (Sedpe) y a las fintech, lo que podría poner en riesgo la protección al usuario y la estabilidad del sistema.
El proyecto de MinTIC busca autorizar a los operadores postales para administrar fondos públicos por medio de cuentas postales, figura que, según el gremio, representa un cambio fundamental en la naturaleza del servicio postal. Este denunció que habilitar la modalidad bajo regulaciones menos estrictas generaría asimetrías en la competencia, dejaría expuestos a los usuarios y rompería el equilibrio del sistema de pagos. Señaló que la propuesta, denominada “Giros Postales 2.0”, permitiría a los operadores postales ofrecer servicios de depósito, giros y transferencias similares a los de entidades financieras, pero sin asumir los mismos requisitos de licenciamiento, solvencia y supervisión.
PUBLICIDAD
“Un operador postal no es una entidad financiera y no debe administrar recursos del público bajo estándares inferiores a los que hoy cumplen bancos, Sedpes y fintechs”, afirmó el presidente ejecutivo de la asociación, Gabriel Santos. “La iniciativa introduce riesgos regulatorios, técnicos y operativos que no han sido suficientemente considerados”, añadió el gremio al pronunciarse sobre el alcance del decreto.
Las principales preocupaciones de Colombia Fintech frente a la propuesta del MinTIC se centran en cuatro riesgos críticos:
- Vulnerabilidad del usuario por ausencia de seguro de depósitos:
Los operadores postales no estarían obligados a respaldar los recursos del público mediante el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín). La ausencia de cobertura, habitual en bancos y Sedpes, dejaría a los usuarios desprotegidos ante escenarios de insolvencia o fraude.
PUBLICIDAD
“Los usuarios quedarían vulnerables ante eventuales problemas sin contar con la garantía institucional que requiere el sistema financiero”, indicó la asociación.
- Controles débiles contra el lavado de activos:
Según Colombia Fintech, “los mecanismos contemplados para los operadores postales serían más limitados que los estándares Sarlaft que actualmente cumplen las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera”, lo que abre brechas para operaciones ilícitas y reduce la seguridad del sistema de pagos.
- Falta de experiencia en supervisión especializada:
El proyecto establece que el control de las cuentas postales recaería sobre el MinTIC, y no sobre la Superintendencia Financiera, entidad que actualmente ostenta la experiencia técnica para vigilar el ahorro y los recursos del público. Para Santos, “además, el supervisor sería MinTIC y no la Superintendencia Financiera, la cual tiene la experiencia exclusiva para vigilar el ahorro del público”.
PUBLICIDAD
- Posible fragmentación del sistema de pagos:
Colombia Fintech alerta que administrar recursos fuera del sistema financiero formal puede “quedar por fuera de los avances en interoperabilidad de pagos y desarrollos como Bre-B”, lo que dificultaría las transferencias inmediatas y la conectividad entre bancos y plataformas. El gremio recalca que su sector agrupa más de 365 empresas que han invertido en capital, solvencia y cumplimiento normativo.
Para Gabriel Santos, “este decreto crea un riesgo sistémico y una asimetría normativa preocupante”, ya que una competencia desigual puede minar la confianza de usuarios y debilitar la equidad regulatoria.
Inclusión financiera, alternativas existentes y cierre gremial
Colombia Fintech destaca que el país ya cuenta con alternativas seguras para ampliar el acceso a servicios financieros en regiones apartadas. Las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos (Sedpe), las redes de corresponsalía y las billeteras digitales operan bajo estrictos marcos de supervisión y regulación.
PUBLICIDAD
La asociación considera que “en Colombia ya existen mecanismos para promover la inclusión financiera en zonas rurales”, sin sacrificar la protección del usuario ni los estándares regulatorios. Desde la perspectiva del gremio, permitir que los operadores postales administren recursos del público sin acatar las mismas normas que bancos y Sedpes resultaría innecesario desde un punto de vista técnico y riesgoso para los consumidores.
Santos y la organización sostienen que no existe justificación para debilitar los filtros regulatorios bajo la premisa de aumentar la cobertura, y que la infraestructura existente demostró eficacia incluso en zonas de difícil acceso.