Judicializados 7 presuntos miembros de Los Polisombras, robaron más de $1.000 millones en aceite de palma

La Fiscalía General de la Nación asestó un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas a la piratería terrestre en el nororiente del país con la judicialización de siete presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Polisombras, señalado por interceptar vehículos cisterna que transportaban aceite de palma para apropiarse ilegalmente de la mercancía y comercializarla en la región del Catatumbo.

De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, esta organización habría operado en corredores estratégicos ubicados en La Lizama (Santander), Río de Oro y San Alberto (Cesar), así como en Ocaña (Norte de Santander), afectando gravemente al sector transportador y a las empresas dedicadas a la producción y distribución de este producto.

Las autoridades lograron vincular a la estructura criminal con al menos nueve hechos delictivos ocurridos entre 2023 y 2025, en los cuales se habrían apoderado de cargamentos de aceite de palma valorados en más de 1.000 millones de pesos.

Según la Fiscalía, el modus operandi de la organización consistía en identificar previamente los vehículos que transportaban el producto y esperar su paso en puntos específicos de las vías nacionales. Una vez ubicaban a las víctimas, instalaban obstáculos con otros automotores para obligar a los conductores a detener la marcha.

Posteriormente, los transportadores eran intimidados y retenidos durante varias horas mientras los delincuentes tomaban control de los vehículos y descargaban la mercancía para posteriormente comercializarla ilegalmente.

Como resultado de las labores investigativas, se realizaron diligencias de allanamiento y registro en los municipios de San Alberto y Aguachica (en Cesar), Ocaña (Norte de Santander) y La Lizama (Santander), procedimientos que permitieron la captura de Jesion Alexander Mantilla, Miguel José León García, Johan Leonardo Ríos León, Ricardo Reyes Riaño, Carlos Martín Pinzón Ibáñez, Amyn Alberto Escobar Gutiérrez y Maikol Stiven Santiago Ríos.

Durante los operativos, las autoridades incautaron un importante material que, presuntamente, era utilizado para la ejecución de las actividades ilícitas. Entre los elementos hallados figuran 600 galones de ACPM, 19 toneladas de aceite de palma, una tonelada de aceite de palmiste, 13 motobombas, 3 plantas eléctricas, 42 recipientes destinados al almacenamiento de líquidos, múltiples mangueras, un tractocamión y un arma traumática.

Según la información entregada por la Fiscalía, uno de los episodios investigados ocurrió el 20 de septiembre de 2024, cuando un conductor que cubría una ruta nacional fue interceptado por varios hombres armados.

Durante las audiencias preliminares, el fiscal del caso explicó los detalles:

“Este hecho ocurrió el día 20 de septiembre del pasado año 2024, vía nacional, en el municipio de Riohacha, con ruta al municipio de Aguachica, jurisdicción del departamento del Cesar. Cuando el señor conducía un vehículo tipo tractocamión, fue interceptado por un grupo de personas que se movilizaban en un vehículo tipo automóvil. Lo intimidaron, al parecer con armas de fuego, se subieron al vehículo y se apoderaron de la cantidad de treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta (34.440) kilos de aceite crudo de palma por un valor de ciento ochenta millones de pesos. En este caso, el vehículo fue recuperado, al igual que la mercancía”, expuso el representante del ente investigador.

La Fiscalía indicó que las evidencias recopiladas durante la investigación permitieron establecer patrones similares en los diferentes casos atribuidos a la estructura delincuencial, lo que evidenciaría una operación organizada y con funciones específicas entre sus integrantes.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a los capturados, de acuerdo con su grado de participación individual, los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, receptación y secuestro simple. Sin embargo, ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía durante las diligencias judiciales.

Tras valorar los elementos materiales probatorios y la solicitud presentada por el ente acusador, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra seis de los procesados, mientras continúan avanzando las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en esta red dedicada a la piratería terrestre.