La admisión del general en retiro sobre falsos positivos marcó un giro en audiencias recientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Carlos Olivio Saavedra Sáenz, excomandante de la Séptima Brigada del Ejército en el Meta, reconoció ante la JEP su participación y omisiones en un sistema que permitió presentar civiles como “bajas en combate”.
El oficial expresó arrepentimiento y vergüenza. Saavedra Sáenz aceptó ante la JEP que autorizó incentivos y felicitaciones oficiales a miembros del Ejército que reportaban la muerte de personas durante operativos en el Meta entre 2001 y 2003.
“El mismo sistema funcional de la institucionalidad, a través de documentos, de programas radiales, de reuniones del alto mando militar, se hacían este tipo de comentarios, felicitando y estimulando de una u otra forma los resultados operacionales a todas las unidades. Se nombraba quiénes iban de primero, de segundo, de tercer lugar, y se nos motivaba para seguir en esa campaña”, explicó Saavedra.
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Detalló que muchas de esas “bajas” correspondían a civiles y asumió responsabilidad personal por no haber verificado con rigor los informes oficiales.
Su testimonio, dado en su audiencia ante la JEP revela el impacto de un sistema de incentivos que terminó costando vidas de personas ajenas al conflicto armado.
La audiencia de reconocimiento en la JEP
La audiencia de reconocimiento ante la JEP en el Meta Las sesiones en Bogotá y Villavicencio se realizaron como parte del Subcaso Meta del Caso 3, donde se investigan asesinatos y desapariciones forzadas presentadas por integrantes de la fuerza pública como bajas en combate.
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En estas audiencias participaron generales como Saavedra Sáenz y Mario Montoya Uribe, quienes respondieron ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.
El cubrimiento de Semana evidenció una estructura institucional que permitió ocultar los crímenes y que incentivó informes falsos para elevar las cifras oficiales. Los testimonios expuestos ante la JEP son centrales en el proceso de justicia transicional para esclarecer las dimensiones de estos hechos en Colombia.
Cómo operó el sistema de incentivos
Reconocimiento del sistema de incentivos y omisiones. Saavedra Sáenz explicó que, bajo su mando, se otorgaron premios como permisos y ascensos para quienes reportaban mayor número de bajas en combate.
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Relató que él mismo emitió comunicados para celebrar las 100 bajas en combate que se informaron en 2003.
“Durante mi comandancia se otorgaron felicitaciones, permisos y beneficios a quienes participaban en operaciones donde se reportaban muertes. Incluso, emití comunicados felicitando públicamente por alcanzar 100 bajas en combate durante el año 2003. Hoy me avergüenzo, reconocer que muchas de esas supuestas bajas correspondían realmente a civiles asesinados, la muerte terminó por convertirse en una forma de demostrar eficiencia militar”, afirmó Saavedra.
El general admitió que cometió omisiones al no revisar debidamente los informes oficiales, permitiendo la circulación de documentos alterados y falsos.
Reconoció que, al someterse a las exigencias del sistema, se utilizó “la muerte como parámetro de eficiencia militar”, según declaraciones.
Saavedra Sáenz compareció ante más de 100 víctimas reconocidas por la JEP en el Meta. Resaltó que la falta de controles y la presión institucional condujeron a la comisión de estos crímenes, generando distorsiones profundas dentro de las fuerzas militares.
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La presión de mando en el Ejército
Dinámicas de presión y mando en el Ejército Las audiencias incluyeron el testimonio del general (r) Montoya, excomandante del Ejército Nacional. Montoya respondió a señalamientos que lo asocian con presiones para presentar civiles como enemigos abatidos.
Explicó ante la JEP que la cultura institucional promovía la competencia entre brigadas mediante documentos, programas radiales y reuniones del alto mando donde se felicitaba a quienes lograban mejores cifras operacionales.
Montoya relató que existían rankings entre unidades con el fin de estimular la obtención de resultados operativos, lo que aceleró las operaciones y redujo la atención a las consecuencias negativas para la tropa.
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Ambos generales enfatizaron la ausencia de un seguimiento por parte del mando superior sobre la gestión táctica y operacional, circunstancia que, según las versiones recogidas por Semana, permitió que omisiones y alteraciones de la verdad derivaran en crímenes contra civiles.